Efectivos policiales y militares destruyen 22 campamentos mineros ilegales en medio de un clamor de la Iglesia para que se acompañe el Acuerdo de Escazú
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Empezó a las 6 de la mañana del 8 de septiembre y todo fue muy rápido. Es que a través del operativo denominado “Plan Rayo” fue posible que tanto efectivos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional de Perú y representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental pudieran destruir 22 campamentos vinculados a la minería ilegal en la zona de Madre de Dios, región que supo recibir el abrazo del papa Francisco en su viaje de 2018.
Más específicamente, el golpe a la minería ilegal –que tantos efectos adversos tiene para la “casa común”– se dio en los sectores Vuelta Grande y Laberinto.
Entre el material logístico se encontraron: 30 motores, 26 balsas, 25 tolvas, 27 bombas de succión, 27 caballetes, 285 metros de tubos de pvc, 12 tracas, 120 metros de manguerote, 217 alfombras (paños), 3,148 galones de combustible, 300 cilindros vacíos, 27 lanzas/tubos de fierro.
También 7 embarcaciones de fibra de vidrio y madera, 2 motores fuera de borda (60 hp), 5 motores tipo peque, 10 generadores eléctricos, 1 motocarguero (tricar), 2 motosierras, 22 baterías, 4 quemadores de oro, 400 gramos de mercurio, 10 radiadores, 2 televisores y 1 escopeta.
Un comunicado del propio comando conjunto, recuerda lo siguiente: “Respetando estrictamente los protocolos establecidos, y en el marco de la ley, se procedió a la destrucción del material ilícito incautado, con un acta fiscal y en presencia de las autoridades competentes”.
A continuación algunas imágenes del operativo:
Acuerdo de Escazú
Lo sucedido en Madre de Dios, con todo lo que implica contra la minería ilegal, sucede a pocas horas de que el presidente de la Conferencia Episcopal de Perú y del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), Miguel Cabrejos Vidarte, se manifestara directamente a favor de que en Perú se ratifique el Acuerdo de Escazú (que lleva el nombre de la ciudad de Costa Rica donde se firmó).
Se trata de un tratado regional que hace énfasis en el acceso a la información ambiental, pero también de otras consideraciones como participar de las tomas de decisiones vinculadas al ambiente y hasta la promoción de la justicia ambiental.
Impulsado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal), actualmente el tratado ha sido firmado por 22 países de América Latina, pero ratificado de momento solo por 9 (Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadina y Uruguay). Para que entre en vigencia se necesita la aprobación de 11, recuerda el portal especializado en cuestiones medioambientales Mongabay.
Cabrejos también mencionó en su mensaje la muerte de tres indígenas peruanos en la zona de Loreto en medio de una protesta contra fuerzas del orden por la contaminación generada por una empresa petrolera.
“Para proteger la vida de los pueblos indígenas u originarios, hay que garantizar la plena vigencia de sus derechos, por lo que es necesario reflexionar sobre la importancia de ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe – ‘Acuerdo de Escazú’, pues los acuerdos supranacionales fortalecen la institucionalidad y el bienestar principalmente de los más vulnerables en el Perú”, señaló, reproduce el sitio web del Celam.
Una vez más la Iglesia y su aporte particular sobre cuestiones vinculadas a la “casa común”.
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