La minería ilegal se ha posicionado en los últimos meses como tema crucial de conversación tanto en Ecuador como Perú. Desde fuertes operativos policiales y militares en zonas ecuatorianas como Buenos Aires (Imbabura) o en Azuay, hasta la batalla con nuevos bríos en la Amazonía peruana.
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Es que los efectos son devastadores y entran tanto los medioambientales, como otros aspectos sociales vinculados a organizaciones criminales y actividades delictivas como la trata de personas, el contrabando y el narcotráfico, ente otras.
Efectivamente, detrás de esta actividad se esconde el drama y la situación particular de localidades amenazas y amedrantadas, muchas de ellas ubicadas en zonas fronterizas, lugares permeables y castigados en cuanto a la falta de iniciativas de desarrollo.
“Existe una queja de que mineros ecuatorianos pasan a explotar minas ilegalmente en Perú y traen al país… Tenemos que incrementar el control, he hablado con el Ministerio de Economía porque necesitamos dar mayores recursos a Arcom (Agencia de Regulación y Control Minero). Habrá que ver cómo destinamos más recursos a ese control”, dijo, por ejemplo, el ministro de Energía y Recursos no Renovables, Carlos Pérez, reproduce El Universo.
También aparece como ejemplo la situación de El Tambo, zona fronteriza de la Amazonía peruana, lugar donde se practica la minería ilegal y en el que hubo que crear un puesto militar cercano al asentamiento.
Crean Comisión Mixta
Ecuador y Perú, conscientes de todo esto, han decido avanzar en las acciones conjuntas contra la minería ilegal. Fue por eso que el pasado 6 de agosto, en Lima, ambos países “reafirmaron el compromiso de los dos países por luchar en contra de la minería ilegal”, tal cual señala un comunicado difundido de manera bilateral y en el que se afirma que se trata de “un grave problema que va más allá de las fronteras”.
En ese marco fue que se anunció la creación de la Comisión Mixta de Lucha contra la Minería Ilegal (instancia precedida por vicecancilleres e integrada por instituciones de ambos países.
“El objetivo será coordinar acciones que permitan fortalecer los mecanismos binacionales para enfrentar este delito”, se indica.
“El Perú y Ecuador han acordado incrementar la cooperación y asistencia técnica para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional e impulsar acciones integrales frente a este flagelo. Esta Comisión permitirá profundizar el trabajo realizado por el Grupo Ad Hoc de Lucha contra la Minería Ilegal que se creó en el año 2015”, concluye.
Así pues, la férrea lucha parece consolidarse y el compromiso ratificarse. Solo resta esperar que las acciones comiencen a ser beneficiosas en pos del bien común y de los rostros que se han transformado en víctimas de un delito cotidiano en varios lugares de América Latina.
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