La frontera venezolana es un caos humanitario por dondequiera que se le mire. Si es del lado brasilero, la Iglesia denunciaba hace un par de días la desmedida violencia de la policía contra los migrantes venezolanos.
El obispo de Roraima, monseñor Mario Antonio da Silva, junto con la coordinadora de la Vida Religiosa en la diócesis, hermana Aurelia Prihodova, y el coordinador de las Pastorales Sociales, hermano Danilo Correia Bezerra, calificaron el acto policial como algo “violento, desproporcional y sin mandato judicial”.
En esa misma línea, y el mismo día, casi 150 instituciones sociales y eclesiales se pronunciaron ante los hechos ocurridos en Pacaraima.
Es que la noticia, la semana pasada, fue la operación de la Policía brasileña en la que se desalojó a 70 migrantes venezolanos, la gran mayoría mujeres, algunas de ellas embarazadas además de niños, de la Casa de Acogida San José, coordinada por las Hermanas de San José y la Pastoral del Migrante de la Diócesis. Y todos coinciden en una sola voz, alentada por el evangelio de Jesús, al ofrecer acogida humanitaria a los migrantes.
El agrio debate en Venezuela por las vacunas contra la Covid-19, repleto de señalamientos contra el régimen por no dejar entrar el material –tal y como vienen haciendo con la ayuda humanitaria- desviar el dinero, vacunar preferentemente a sus jerarcas y asignar prelación a vacunas no autorizadas aún por la OMS, aunado a lo lejano de la región donde se producen los hechos de violencia extrema en la frontera, contribuye a que estas tragedias no tengan primeras páginas. Pero existen, están sucediendo y son de un dramatismo apocalíptico. La Iglesia lo vive, vigila y acompaña.
Si nos trasladamos al otro extremo del país, la frontera con Colombia, a todo lo largo y ancho es un polvorín avivado por la guerrilla, el tráfico de drogas, el contrabando, la trata de personas y todo el delito imaginable. Delito que alarga sus tentáculos territorio adentro en Venezuela y que va ganando la guerra a la institucionalidad, cada vez mas debilitada y fallida.
David Smolanski, comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, colocaba hace horas en su cuenta de Twiter:
El mismo funcionario aseguraba: “ Ya han sido desplazados niños, niñas, mujeres y ancianos. Es la consecuencia de hacer del territorio venezolano un santuario para criminales. Así jamás habrá paz en Colombia”. Pero lo realmente trágico es que que pueden seguir huyendo venezolanos por la violencia entre grupos de las FARC y la FAN. Y es lo que está ocurriendo al escribir estas líneas.
El obispo del Táchira -estado vecino- y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Mario Moronta, comentó para Aleteia:
Es un panorama espeluznante. Entre los enfrentamientos armados y la violencia del hambre y la represión, los migrantes se encuentran atrapados entre los muros de esa ruda realidad.
Se proyecta que para finales del 2021 podría haber 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos, lo que convertiría esta crisis en la más grande que conozca el planeta, ante la cual lo que vive Siria palidecerá.
Y no hay que perder del radar humanitario el hecho de que quienes huyen son niños, adolescentes y madres que migran forzosamente pues han sido víctimas reales o potenciales de crímenes de lesa humanidad.
Hoy, 5.5 millones de venezolanos huyen efectivamente de esos crímenes perpetrados por la dictadura. Y en esa huida se topan con el más aterrador de los escenarios. El alivio que representó al Estatuto Temporal, como una política integradora para los venezolanos en Colombia, obviamente no ampara a los que se refugian en los caminos porque se encuentran a merced de una ola de violencia tolerada que enfrenta a las mafias guerrilleras las cuales se han adueñado de la vida y haciendas de extensiones importantes del lado venezolano.
Estados llaneros limítrofes conocen en la actualidad una sola ley, la de los irregulares que pululan a su antojo e imponen sus reglas y hasta su “justicia” a pobladores inermes.
La situación que hoy se enfrenta tiene antecedente en la historia reciente. Una ONG jesuita –Entrecultures- informaba sobre el cierre de la frontera y el estado de excepción decretado por el gobierno venezolano en cinco municipios del estado de Táchira el viernes 21 de agosto del 2015 , tras un ataque armado en que resultaron heridos tres militares y un civil venezolanos, hechos aún sin esclarecer. Eso ha ocurrido sistemáticamente a lo largo de los años.
Hoy, las consecuencias de la desidia del Estado la tolerancia y, aún, complicidad con la guerrilla y la mengua institucional, acarrean unas consecuencias previsibles más no evitadas y que han permitido hechos que en las últimas horas han sorprendido a las autoridades y espantado a la población que sólo dispone de las redes sociales y la voz de la Iglesia que denuncia, divulga condena las atrocidades y llama a la sensatez.
En plena línea de fuego se encuentran hoy las mismísimas dependencias del Estado venezolano, cuyos voceros no han tardado en condenar el ataque ocurrido la noche del martes 23 de marzo a las instalaciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), ubicada en la Victoria, estado Apure.
Señalan como responsables a “grupos armados de Colombia”, sin agregar que esos grupos son tolerados y muchas veces apoyados en nuestro territorio donde se les ha dado espacio para cometer fechorías apoyándose en ellos para mantener el control de la población así como del contrabando de todo lo que transita por las líneas fronterizas, en especial la gasolina.
Es probable, por tanto, que la reacción del ejército venezolano tenga que ver con la condición de “disidentes” de la organización guerrillera Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) protagonistas del enfrentamiento.
Y los hechos hablan: el ataque armado de las FARC-EP en La Victoria, Apure, deja destruida la infraestructura que servía de punto de control de las fuerzas armadas, lo que prueba, no sólo la vulnerabilidad de la defensa militar venezolana, sino la estrategia neutralizante de los irregulares para ganar terreno y desmantelar los controles. En pocas palabras, una guerra en toda regla, sin reglas.
La anarquía del desgobierno y el imperio de la barbarie a la que regresa el indómito llano venezolano que pintara el insigne escritor Rómulo Gallegos en su novela “Doña Bárbara”, el cual conoció la próspera civilidad durante los años de la democracia.
Es un concepto desarrollado para explicar la manera como se desarrollan los conflictos en el siglo XXI. La revolución chavista lo ha utilizado para denunciar ataques en su contra por parte de los “centros hegemónicos mundiales”.
Pero, he aquí que, en este caso del ataque en Apure, viene como anillo al dedo para acentuar el carácter de guerra entre pares. Hay veces que se extiende tanto la cuerda que revienta por lo más delgado.
Hoy lo más delgado es la fuerza armada regular, la carencia de una estructura militar sólida y profesional, aparte de la ausencia de Estado y la presencia casi exánime de una población desprovista y asustada. No es extraño, entonces, que un grupo disidente de las FARC pretenda tomar el control de esa zona fronteriza con Colombia y que ello genere un enfrentamiento con el Ejército venezolano de igual a igual.
Si los gobiernos de Colombia y Venezuela pudieran desarrollar acciones mancomunadas, las cosas serían diferentes. Pero el territorio venezolano ha sido y es aliviadero de la guerrilla, lo que no cambiará mientras soplen estos vientos, en perjuicio de ambos países.
Fuentes militares han dejado saber que habría movilización hacia el lugar de las Unidades Operativas de Tácticas Especiales del FAES (Fuerzas de Acciones Espaciales) y la PNB (Policía Nacional Bolivariana) para apoyar al personal militar en La Victoria, Edo Apure. Mientras tanto, la gente se pregunta: “¿Qué pasa dentro de la FANB no hay suficiente personal? ¿Dónde está la Armada y la Infantería?”
Lo peor de todo esto lo viven los pobladores, situación que alimenta una nueva oleada de refugiados.
Según reportes de la zona, los enfrentamientos se mantienen. La falta de información veraz hace que se hable de “presunto” ataque de disidentes de las FARC a un puesto militar de la FAN ubicado en las inmediaciones de la entrada del pueblo La Victoria, ubicado en Apure, el cual habría desatado un nuevo enfrentamiento en la frontera con Colombia.
El alerta del presidente de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, el 23 de marzo no se hizo esperar:
Y agregaba: “La Victoria-Apure quedó sin energía eléctrica producto de la situación de conflicto armado que reina en este momento, por lo tanto el acceso a información es muy limitado, no hay telefonía; desde Arauquita se registran personas pasando en canoas, huyendo de esa Guerra Híbrida”.
Resultado: las comunidades de la zona permanecen incomunicadas sin señal ni electricidad. De paso, otro “híbrido” mortal.
Informantes afirman haber recibido datos sobre las acciones. De acuerdo a ellos, el grupo de las FARC habría atacado un puesto militar cercano a la entrada de La Victoria. Como respuesta, la FAN envió aviones de combate. «En la zona no hay electricidad. Siguen los aviones sobrevolando y persisten los ataques con armas de fuego en el lugar» aseguran. Tierra de nadie en pleno llano venezolano.
Suena irónico. La población llamada La Victoria - en el municipio José Antonio Páez, en el estado Apure (fronterizo con Colombia) sucumbe sitiada por irregulares de las Farc. Se contabilizan hasta ahora cuatro ataques armados contra los cuales ni la movilización de la Fuerza Armada Venezolana habría podido sofocar.
El saldo conocido al momento es: dos militares venezolanos muertos, varios heridos y 32 capturados. El régimen de Maduro ha divulgado que, en el marco de la operación denominada “Escudo Bolivariano 2021”, fue “neutralizado” uno de los supuestos cabecillas de esos grupos. Pero no se sabe cómo se le neutralizó ni cual es el alcance de esa operación en un contexto tan confuso y violento. Igualmente aseguran que destruyeron seis campamentos y decomisaron armamento, municiones, explosivos, vehículos y droga. Igualmente, fue acribillado a tiros un vehículo de Corpoelec, la compañía estatal de electricidad. Un "sálvese quien pueda".
No hay información confiable y la zona es un desbarajuste. Se reporta huida masiva de la población hacia Colombia.
Desde el Gobierno colombiano hay reserva. La Iglesia está alerta y pendiente.
El obispo de Guasdualito, diócesis a la que pertenece el municipio epicentro del conflicto, se mostró extremadamente preocupado. Junto a todos los religiosos y comunidades comunidades cristianas de la región, sigue atentamente los acontecimientos que afectan a la parroquia eclesiástica San Francisco de Asís.
Monseñor Pablo Modesto González Pérez cuenta que sabe de esos fuertes enfrentamientos y que lo que más lo angustia es la situación de las familias en la zona, cuyas vidas están en peligro. Aseguró, no sólo sus oraciones sino también su disponibilidad de ayudar en todo aquello en lo que institucionalmente le competa y sea posible.
Invitó a “no acobardarnos sino a confiar en la misericordia de Dios” que jamás nos abandona. Y agregó: “Sé que todos los actores de esta contienda creen en Dios y acuden a su cuidado en todo momento. Acudo a su sensatez para crear caminos de solución, sin derramamiento de sangre, sobre todo en los lugareños quienes, siendo personas sencillas y de reconocido compromiso con la producción agropecuaria, muchas veces son las principales víctimas de estos eventos”.
Finalmente, apeló a la intercesión de la Virgen del Carmen, esa que nunca falla en los momentos graves.
