El elogio del papa Francisco al gobierno de Colombia por la decisión histórica de regularizar a los migrantes venezolanos no es en vano. Este país ha albergado al 30% de los venezolanos que han salido de su país en los últimos años por problemas sociales, económicos y políticos.
“¡Gracias a Colombia! ¡Gracias!”, dijo el Sumo Pontífice después del rezo del Ángelus, el pasado domingo, y destacó los esfuerzos del presidente Iván Duque, quien anunció medidas de protección para regularizar la situación de casi un millón de migrantes, del total de 1,8 millones de ciudadanos de Venezuela que se encuentran en el país.
El Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos –que entrará en vigencia dentro de tres meses– representa beneficios tan importantes. Por ejemplo, trabajar de manera formal, afiliarse a los sistemas de salud y de educación. Otorga un lapso de 10 años para tramitar la visa de residentes a los venezolanos que ingresaron de forma irregular antes del 31 de enero de 2021. También a quienes lo hagan regularmente en los próximos dos años y se quieran acoger a estas medidas.
La fraternidad sin fronteras
La Conferencia Episcopal –que tan pronto se conoció la noticia la calificó de “una respuesta valiosa encaminada a fomentar la acogida, protección, promoción e integración de la población migrante”– recibió el mensaje del Papa como un gesto de comunión con la iglesia colombiana.
“En particular, me uno a los obispos de Colombia al expresar reconocimiento por la decisión de las autoridades colombianas de implementar el Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos presentes en el país, favoreciendo para ellos la acogida, la protección y la integración”, dijo el sumo pontífice.
Me uno a los obispos de Colombia en el agradecimiento a las autoridades colombianas por su decisión de implementar el estatuto de protección temporal de los migrantes venezolanos presentes en el país, favoreciendo su acogida, protección e integración.
— Papa Francisco (@Pontifex_es) February 14, 2021
El arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, monseñor Luis José Rueda, dijo a Aleteiaque “es una voz de reconocimiento y de estímulo a toda Colombia, al Gobierno Nacional y a todos los ciudadanos por la acogida a los hermanos venezolanos. Además, nos compromete a vivir de manera concreta la fraternidad sin fronteras”.
Por su parte, el presidente Iván Duque agradeció a su santidad y reiteró:
“Nuestro compromiso con nuestros hermanos venezolanos es indeclinable, darles ayuda humanitaria y dignidad en esta difícil coyuntura es lo correcto”.
Valentía de mirar a los migrantes
Las palabras del papa Francisco en el sentido de que, a pesar de ser un país pobre, Colombia abre las puertas a los venezolanos, se ajustan a la realidad social del país de casi 50 millones de habitantes. Un país sudamericano afectado por el desempleo, la guerrilla, el narcotráfico, la pobreza y la violencia.
El Papa reconoció los esfuerzos que hace Colombia a pesar de los problemas que enfrenta:
“Y esto no lo hace un país riquísimo, súper desarrollado, no. Lo hace un país con tantos problemas de desarrollo, de pobreza, de paz… casi 70 años de guerrilla. Pero, con estos problemas, ha tenido la valentía de mirar a aquellos migrantes y de hacer este estatuto”.
“El mensaje del Papa es expresión de la comunión eclesial. Manifiesta la cercanía y preocupación del Papa Francisco por los migrantes, nos ha dicho que deben ser acogidos, protegidos, integrados y promovidos”, recuerda monseñor Luis José Rueda.
Según cifras de Naciones Unidas, el éxodo de venezolanos, que se acentuó en el año 2017 cuando empezaron las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, alcanza ya los cinco millones de personas. De ahí lo ejemplar de la decisión colombiana en contraste con la posición de otros países vecinos. En otros también han llegado millares de venezolanos después de caminar miles de kilómetros, huyendo de la realidad de su país. Lo hicieron esperanzados en encontrar una mejor oportunidad para sus familias. También es una clara muestra de solidaridad frente a la xenofobia. Lo mismo con nacionalismos y las constantes muestras de rechazo y exclusión que vemos en los tiempos actuales.
Una mejor atención en salud
En Colombia, la llegada masiva de familias venezolanas ha colapsado el sistema de salud en ciudades como Cúcuta, en la frontera con Venezuela. También otras como Bucaramanga, Barranquilla y Riohacha han tenido que invertir grandes presupuestos para atender a los venezolanos, especialmente mujeres embarazadas y niños.
Sobre el tema, el gerente de Frontera del gobierno colombiano, Felipe Muñoz, dijo a El Tiempo lo siguiente:
“La atención se daba casi exclusivamente vía urgencias, lo cual generaba costos muy altos. Muchos llegaban en estado avanzado de deterioro de su salud, por ejemplo, las madres gestantes llegaban directamente a dar a luz sin consultas prenatales y si el embarazo era complejo se generaban consecuencias a la hora del parto”.
Esto cambiará con el Estatuto de Protección para Migrantes, pues quienes se acojan tendrán servicios de salud oportunos. También podrán ingresar al Plan Nacional de Vacunación, dentro del cual se buscarán mecanismos para que reciban las vacunas contra el coronavirus.
El funcionario dijo que a pesar de las limitaciones, la legislación colombiana ha sido generosa. Para ello citó los más de 400 mil niños y niñas que hacen parte del sistema educativo. Ellos ahora van a poder acceder a educación técnica y educación superior. También podrán encontrar mejores oportunidades de trabajo los miles de venezolanos que tienen trabajos informales o salen a rebuscar dinero día a día en las calles.
Respuesta integral
Frente a toda esa problemática, la Iglesia colombiana, sus diócesis, congregaciones religiosas, grupos y movimientos apostólicos, con todos sus organismos pastorales, han venido aportando efectivamente para dar una respuesta integral a las necesidades de los venezolanos que buscan protección en Colombia. A este esfuerzo han contribuido significativamente las comunidades de acogida con su solidaridad y generosidad, la comunidad nacional e internacional y numerosas instituciones de cooperación.
Lo que sí no concede el estatuto es derecho al voto, tampoco da derecho a adquirir la nacionalidad colombiana para quienes se acojan o para sus hijos si nacen en territorio colombiano. Las personas que ingresen de manera irregular después de enero de 2021 seguirán siendo Personas con Necesidades de Protección Internacional (PNPI) y pueden acogerse al resto de medidas de protección vigentes en Colombia para estos casos.
Un ejemplo para el mundo
Las reacciones positivas ante la decisión del gobierno colombiano han llegado de diferentes países y organismos, como la del periódico The New York Times, que calificó de “histórica” la decisión del presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, o la Filippo Grandi, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), quien dijo que es el “gesto humanitario más importante que se haya hecho en el continente desde 1984”, en referencia al año en que se produjo la Declaración de Cartagena para la Protección de los Refugiados de América Central, México y Panamá.
Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres ratificó el compromiso de “acompañar y apoyar al Gobierno y al pueblo de Colombia en sus esfuerzos por responder a las necesidades de los colombianos y venezolanos vulnerables”. Y el embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg, dijo que “Colombia se ha convertido en un líder mundial en el tratamiento de refugiados y migrantes”.
El presidente de Colombia hizo el anuncio ante un grupo de embajadores donde estaba presente el Nuncio Apostólico del Vaticano en Colombia, monseñor Luis Mariano Montemayor, decano del Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia. Y aseguró que la crisis migratoria de Venezuela es más grave que la de Siria, considerada hasta entonces la de mayores dimensiones en el mundo.
Por su parte, la iglesia Católica en Colombia “continuará ofreciendo el acompañamiento y desplegando acciones caritativas a favor de la población migrante y refugiada, escuchando e incorporando a los más débiles en las dinámicas sociales, impulsando una política pública de migraciones con enfoque en derechos humanos, así como promoviendo soluciones duraderas y sostenibles para las personas con necesidad de protección internacional”.
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