Para la Conferencia Episcopal Venezolana no han pasado inadvertidos los violentos hechos perpetrados recientemente por el régimen de Nicolás Maduro en contra de los derechos humanos en el país suramericano. Esta vez, levanta su voz por el capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, quien el pasado 29 de junio, falleció como consecuencia de las torturas recibidas luego de ser detenido bajo la acusación de “golpista”; también, por el joven de 16 años, Rufo Chacón Parada, quien perdió la vista de manera total, debido a los disparos de perdigones recibidos a quemarropa por funcionarios policiales el 1 de julio pasado, cuando protestaba junto a sus vecinos ante la falta de gas doméstico, en el estado Táchira.
A través de un comunicado emitido este jueves 4 de julio, titulado: “Todo el que aborrece a su hermano es un homicida”, la comisión de justicia y paz de la CEV, presidida por monseñor Roberto Lückert León, conjuntamente con su vicario, el presbítero Saúl Ron Braasch, en nombre de la Iglesia protestó en contra de estos hechos de violencia que han causado “dolor e indignación a sus familiares y al resto de la población”.
El escrito de la CEV, contentivo de cuatro puntos, denuncia que “la desaparición forzada, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, excesos policiales perpetrados con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal (…) son prácticas instaladas en los órganos militares y policiales, y están ocurriendo permanentemente, como un secreto a voces que nos clama en la conciencia”.
“La desaparición forzada, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, excesos policiales perpetrados con fines de investigación criminal como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o cualquier otro fin contra los venezolanos son prácticas instaladas en los órganos militares y policiales que ocurren permanentemente como un secreto a voces que nos claman en la conciencia”, dice la CEV.
Aseguran los obispos de Venezuela, que no consentirán la manipulación, el disimulo y la atenuación de estos graves hechos. “Es nuestro compromiso como Iglesia, que ve en el rostro sufriente de los familiares y de las víctimas el dolor de nuestro Señor Jesucristo. Estas dos víctimas hoy representan los gritos de muchos otros ciudadanos que han sido sometidos a iguales patrones y sus casos han sido invisibilizados”, afirman.
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El silencio no es una opción
Los resultados de la autopsia del capitán Arévalo fueron filtrados a los medios de comunicación detallando las causas del fallecimiento del oficial de la Armada Venezolana. “El capitán Rafael Acosta Arévalo fue brutalmente torturado hasta ocasionarle la muerte. La rabdomiólisis tiene entre sus causas el aplastamiento, la tortura, traumatismos y electroestimulación. Con este informe debe cambiar el delito imputado a presuntos autores”, publicó en Twitter Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano.
Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y trasladado a la sede de los tribunales militares el 28 de junio. Llegó en silla de ruedas, sin la movilidad de las manos y las piernas, con los ojos desorbitados, y pidiendo auxilio, según denunciaron los familiares y el abogado Alonso Medina Roa, de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Luego fue trasladado al Hospital Militar, en Fuerte Tiuna, donde murió el día siguiente.
Aunque hay dos funcionarios detenidos por este caso, la CEV considera que “las investigaciones deben regirse de acuerdo a los estándares y protocolos internacionales relacionados con los casos de tortura y no como una simple investigación penal”. Eso debe incluir “la realización de la autopsia de ley adecuada y con expertos independientes y a preservar de manera adecuada todo el acervo probatorio”. A la hora de cierre de esta nota, el cadáver no había sido entregado a sus familiares a pesar de las diligencias pertinentes.
En el caso del joven Rufo, la CEV refiere que “la desproporción en el uso de la fuerza vuelve a dejar secuelas imborrables en esta familia: un joven bachiller ahora ciego, desfigurado y sin ganas de vivir, una madre traumatizada a quien además de los derechos básicos para la vida se les niega, el de manifestar, el de quejarse, el de no estar de acuerdo con esta vida precaria a la que hemos sido sometidos por la mala gerencia pública”.
Las preguntas de la Iglesia
“Como miembros de la Iglesia observamos con dolor que quienes han perpetrado estos atroces crímenes son jóvenes de 22 y 23 años”, dice el comunicado de la comisión de justicia y paz. En consecuencia, desde la CEV se preguntan: “¿Esta es la generación de relevo de las Fuerzas Armadas? ¿Quiénes enseñaron a estos jóvenes a causar tanto daño a sus hermanos? ¿Cuáles son las responsabilidades de los superiores en la cadena de mando de esas instituciones?”. Las respuestas las da la misma de la instancia eclesial de manera tajante: “Sin duda alguna estos jóvenes perpetradores son también víctimas de un sistema que ha permitido esta degradación moral y espiritual en nuestro país”.
La denuncia de la iglesia se genera al mismo tiempo que la Alta Comisionada de la ONU Michelle Bachelet, difunde el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, desde enero de 2018 a mayo de 2019; y luego de su visita a la tierra natal de Simón Bolívar, del 19 al 21 de junio de 2019, cuando se reunió con varios sectores.
En efecto, una de las instancias con las que la ex presidenta de Chile compartió, fue la Conferencia Episcopal Venezolana, cuyos representantes le entregaron un amplio informe sobre la situación nacional. De allí que la comisión de justicia y paz, ante “los denigrantes hechos” ocurridos recientemente, nuevamente le hizo exhorta a la Alta Comisionada para que motive “al cese del patrón de las violaciones a los derechos humanos en el país”.
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