No es fácil el panorama que encuentra Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su visita a Venezuela, la cual comenzó a cumplir desde este miércoles 19, hasta el viernes 21 de junio. Casi un millar de presos políticos; más de cuatro millones de personas que migraron del país; y un sistema de salud colapsado, son tal vez los aspectos más notorios.
Pero existen otros que claman ser visibilizados: los gremios denuncian que los sueldos no les alcanza a los venezolanos ni para comer y los especialistas indican que la hiperinflación seguirá sumando cifras astronómicas para hundir cada vez más a los venezolanos en la pobreza.
Nicolás Maduro se niega a reconocer esta realidad y hubo que librar una “batalla diplomática” para concretar la visita cuya agenda no satisface plenamente a todos los sectores. Algunas voces opositoras tendrán cabida aunque las mayores expectativas están centradas en los encuentros que por separado cumplirá con Maduro y Juan Guaidó.
Las organizaciones no gubernamentales también aspiran darle a conocer a Bachelet la realidad del país que los entes oficiales se negarán a presentarles, según la agenda prevista. Para ello las ONG han solicitado a los ciudadanos manifestar públicamente para que las demandas tengan mayor visibilidad durante su visita. La convocatoria principal será el viernes 21 frente a la sede del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Caracas, “para exigir el respeto de nuestros derechos”, según la invitación.
Los gremios de educación, salud, trabajadores petroleros y los pacientes crónicos, cuyas demandas han estado en el tapete informativo, también llaman a protestar durante su visita. El mismo Guaidó, convocó a una concentración para este viernes 21 contra la crisis. “Hemos tenido años denunciando la sistemática violación de los Derechos Humanos y hemos conseguido que la ONU venga a Venezuela”, dijo días antes del arribo de Bachelet.
Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por más de cincuenta países, instó públicamente a la alta comisionada a “buscar soluciones urgentes y atención directa a la emergencia humanitaria compleja”. “Tienen que ver lo que de verdad está pasando en el país. No permitir que los secuestren y los metan en unos salones, en unos hospitales parapetados”, indicaba desde el hemiciclo de la Asamblea Nacional.
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¿Qué dijo en el Informe Oral sobre Venezuela?
Aunque la oposición venezolana, ha sido cautelosa con la visita de Bachelet y en algunos momentos ha elevado las críticas hacia la alta comisionada de la ONU, no hay que olvidar las fuertes críticas lanzadas por la ex presidenta chilena en meses pasados hacia el régimen de Nicolás Maduro, lo cual le abre un punto de credibilidad ante sus detractores.
Efectivamente, Michelle Bachelet presentó el miércoles 20 de marzo, un informe oral, durante el 40 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos reiterando su preocupación “por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos”; y que considera “un inquietante factor de desestabilización regional”. Reconoció que desde el último informe, en junio de 2018, “el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente” en Venezuela.
Entre los señalamientos de la alta comisionada, dijo que la gravedad de la crisis en los alimentos, la atención médica y los servicios básicos no han sido plenamente reconocidos por Maduro, pero las medidas adoptadas han sido insuficientes. Para el momento, expresó que el “apagón eléctrico” a nivel nacional, registrado en marzo, agravó la situación, reduciendo aún más el acceso de las personas a los alimentos, agua y medicamentos, y afectando gravemente a los hospitales. “El apagón usualmente largo encarna los desafíos de la infraestructura que enfrenta Venezuela”, dice el informe de la alta comisionada.
Igualmente se refirió a la escasez de agua, de gas natural y al colapso del transporte público que sigue afectando a muchos venezolanos. El sistema de salud genera un impacto “muy significativo” en la mortalidad y morbilidad materna y en la mortalidad infantil.
En el tema educativo, indica que “más de un millón de niños han dejado de asistir a la escuela”. Precisó que “sus padres no pueden proporcionarles el desayuno, porque los programas de almuerzo escolar han colapsado, por la escasez de transporte público a precios asequibles, o por la falta de docentes y personal escolar”, entre otras razones.
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Los asesinatos extrajudiciales del FAES
El informe oral de la alta comisionada manifestó que siguen investigando las posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado e indicó que la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) asesinó, al menos, a 205 personas en 2018.
“Durante allanamientos ilegales a las casas realizados por la FAES, posteriormente informan de la muerte como resultado de un enfrentamiento armado, aunque testigos informan que las víctimas estaban desarmadas”, sostuvo Bachelet en el informe.
Sobre este aspecto, una de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, PROVEA, le recuerda que en seis años que acumula Maduro en el poder (2013-2018), “el número total de casos de violaciones a la integridad personal asciende a 32.353, 291% más violaciones que las registradas en 14 años de gestión de su antecesor en el poder”.
Luego de su visita a Venezuela, Michelle Bachelet deberá presentar los avances de este informe de manera escrita ante el Consejo de Derechos Humanos, previéndose que lo haga a mediados del mes de julio. Los venezolanos esperan su coherencia con el informe orla que las propuestas se encaminen a generar un proceso de cambios en favor de la población.
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