Unas 400 toneladas fue el hallazgo en Colombia. El decomiso total fue de 15 contenedores con 25.200 cajas. Pero no de drogas, sino de alimentos. No eran aptos para el consumo humano. Cajas destinadas a Venezuela con las migajas distribuidas por el gobierno de Nicolás Maduro que fueron retenidas en la nación cafetera porque incluían un inesperado ingrediente: “Plagas”.
Lo denunció el presidente colombiano Juan Manuel Santos tras confirmarse la grave irregularidad en el puerto de Cartagena de Indias. Y su declaración también fue inédita: el mandatario se pronunció desde la Casa de Nariño, sede de la Presidencia colombiana.
Desde esa tribuna oficial, Santos reveló que la Policía Fiscal y Aduanera, en trabajo conjunto con otros organismos de control sanitario “decomisaron en Cartagena casi 400 toneladas de alimentos no aptos para consumo que iban a ser repartidos por esos ‘comités políticos de control social’ en Venezuela”.
Implementados por el gobierno de Maduro en el año 2016, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) fueron justificados como una estrategia de la “Gran Misión de Abastecimiento Soberano” para vender bolsas de alimentos “a precios subsidiados”, con el argumento de combatir el desabastecimiento.
Sin embargo, de acuerdo con Santos, con los CLAP “inventados por el ‘régimen’ de Nicolás Maduro”, explotan “la crisis humanitaria de los venezolanos para ejercer un control político y social”; así como “con fines electorales y para reprimir a la oposición”.
Tras hacer la denuncia, le pidió a su par de Venezuela que “en nombre de la comunidad internacional y de los venezolanos que sufren cada día, permita un canal humanitario para que organizaciones legítimas y transparentes brinden ayuda a su pueblo”.
Lucro con el hambre venezolana
Dijo además que “hay evidencias de posible corrupción, lavado de activos y enriquecimiento ilícito en los decomisos efectuados”. Pero fue más allá al afirmar que se trata apenas de “la punta del iceberg de un negocio despreciable, que involucra a empresas fachada en Colombia, México y otros países”.
Un trabajo publicado por Aleteia en febrero de 2018 reportó que cuatro de los más brillantes comunicadores del país se vieron obligados a partir luego de que tribunales de Caracas admitieran “demanda por difamación” en su contra por reportajes en los cuales denunciaron hechos de corrupción durante la importación de alimentos.
La razón de aquel forzado exilio fue el haber revelado las negociaciones que involucran a Maduro, por medio de la empresa Group Gran Limitedy mostrar –sólo en ese entonces- transacciones superiores a los 120 millones de dólares tras la venta de varias toneladas de alimentos importados; al tiempo que concluyeron la existencia de vínculos con empresarios colombianos, como Alex Saab, y personajes investigados por narcotráfico.
Los reportajes probaron además la conexión de Saab con la distribución de alimentos gracias a los contratos que el grupo obtuvo con la gestión Maduro; algo que más tarde confirmaría la Fiscal General de la República destituida por el Ejecutivo venezolano, Luisa Ortega Díaz.
“Gobierno crea hábitos de mendicidad”
Pero aunque fuesen parte de un programa transparente, han recibido el rechazo incluso de muchos obispos. Uno de los más emblemáticos fue Diego Padrón, quien aún siendo presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, dijo en enero de este año: “Los Comité Locales de Abastecimiento y Producción no solucionan; crean hábitos de mendicidad. A este desastre económico se añade la corrupción”.
“El hambre de un pueblo –agregó el prelado- no se logra resolver estructuralmente con bolsas de comida”. Y recordó que en Venezuela “todos los días se violan los Derechos Humanos: la gente no tiene acceso a la comida ni a la salud, que es lo fundamental. La gente muere de hambre en las calles, ante la indiferencia del Gobierno de Maduro”.
Sobre este tema, explicó el analista político y especialista en estudios de opinión Félix Seijas que el CLAP tiene notable incidencia; y sostuvo que muchos vecinos ubicados en clases sociales bajas, “asocian la posibilidad de algún beneficio votando por quienes están más cerca del gobierno o con él”.
El uso de esas cajas de alimentos, dijo, le ha servido durante años para convertir en votos las migajas que entregan en algunos de los sectores afectados por la hiperinflación, que en el país sudamericano está acompañada de escasez y una pérdida diaria en el poder adquisitivo.
“La crisis no afecta sólo a pobres”
No en vano ha advertido repetidas veces la Iglesia a través de la Conferencia Episcopal que la hiperinflación “ha acrecentado el empobrecimiento general de la población, con la descomposición de la calidad de vida de todos”, algo que ocurre ante la “sorprendente indiferencia de los responsables gubernamentales”.
Agregan los obispos que la crisis generalizada que se vive en el país “afecta poderosamente a las personas y a las familias más vulnerables”, entre los que enumeran a pobres, campesinos, obreros, enfermos, ancianos, indígenas y niños. “Pero no sólo son estos sectores los afectados, pues también la sufren los profesionales, los estudiantes y las instituciones en general”.
Aún resuenan las palabras monseñor Padrón, ahora asesor del Episcopado, cuando señala: “Actualmente lo que más necesita el pueblo venezolano es comida, medicamentos, libertad, seguridad personal y jurídica, y paz. Todo ello se conseguiría, si el Gobierno actuara apegado a lo previsto en el texto constitucional vigente y con mayor sensibilidad ante tantas carencias”.
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Hoy celebramos a...