El obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, ha levantado una enorme polémica al aceptar que había entrado en conversaciones con narcotraficantes y cabecillas de bandas de delincuentes en una de las regiones más violentas de México: la zona de la Sierra Madre Occidental que cruza el Estado de Guerrero.
La intención del obispo Rangel fue motivada por la escalada de violencia en contra de candidatos a puestos de elección popular (en las próximas elecciones del 1 de julio) por parte de los delincuentes de la zona de Chilpancingo-Chilapa. Desde septiembre el 2017, doce aspirantes a alcaldes en la región, han sido acribillados, según informaciones oficiales dadas a conocer por la prensa local.
Este macabro recuento ha hecho que no existan condiciones para la vida política en la zona puesto que en el Estado de Guerrero “no gobiernan las autoridades, sino los mafiosos, y las decisiones se toman ‘desde la montaña’, expresión que concretamente alude a los campamentos de los delincuentes en la zona serrana de la entidad.
La zona serrana de Guerrero es una de las zonas que mayormente contribuyen al tráfico de goma de opio hacia Estados Unidos. Son innumerables las familias campesinas de la región cuyo único sustento es la siembra y el cultivo de amapola. La gran mayoría de estas familias son controladas por grupos de delincuentes que se disputan el control y el tráfico de heroína y goma de opio.
El ambiente pre electoral en México, pero sobre todo en Guerrero, empujó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a lanzar una llamada de alerta en el caso México.: “Va un promedio de un asesinato de un candidato cada cuatro o cinco días, es un margen de violencia absolutamente inaceptable en un proceso electoral”, aseguró en Madrid.
El tema de Guerrero ha saltado fronteras, pero las autoridades han hecho poco por enfrentar a las bandas de narcotraficantes que asolan la zona, especialmente las que tienen su lugar de asentamiento en Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo, y en Tlacotepec, según reportes del gobierno estatal
Por esa razón, el obispo Rangel decidió entrevistarse con los líderes de la bandas. El pasado 30 de marzo subió a la Sierra para “agradecer” a uno de los cabecillas (omitió su nombre) su decisión de restablecer el servicio de agua y luz para los habitantes del poblado de Pueblo Viejo, municipio de Heliodoro Castillo, lugar donde dos bandas delincuenciales mantienen una confrontación por el control de las zonas de producción y trasiego de goma de opio.
También, dijo el prelado mexicano, se reunió con el “capo” de la Sierra de Guerrero para resolver un problema de agua potable de Pueblo Viejo, que se ubica en el municipio de Tlacotepec, pues desde hacía 45 días no cuentan con ese servicio básico por la guerra que sostienen los narcotraficantes de la región entre sí.
En declaraciones públicas, el obispo Rangel sostuvo que el narcotraficante con quien se reunió, asumió el compromiso de restablecer los servicios a Pueblo Viejo y “bajar el nivel” de violencia en la Sierra. También a no interferir en el proceso electoral, pero planteó dos condiciones: “que los candidatos no repartan dinero para comprar el voto, sino que realicen obras en la Sierra, y que cumplan sus promesas de campaña porque la gente está molesta ante la indiferencia gubernamental y política”.
Ante la repulsa gubernamental –bajo la idea de que no se negocia con los delincuentes—el obispo de Chilpancingo-Chilapa adujo que cualquier cosa que se pueda hacer por la paz es bienvenida. “Yo no tengo por qué pedirle permiso a nadie para hablar con quien yo crea que debo hacerlo, la Constitución me lo permite… no comparto la idea del gobierno de no hablar con las personas con quien estuve en los últimos días”.
El obispo Rangel subrayó a los medios de comunicación que lo que está haciendo es su trabajo pastoral. “Si logro sembrar un buen sentimiento en esas personas yo me doy por satisfecho”, y agregó que también está de acuerdo que se debe aplicar la ley, pero que el diálogo “es un instrumento valioso en todo el mundo”, y que debe utilizarse para resolver ciertos problemas.
Por su parte, integrantes del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero, pidieron a los titulares de Gobernación federal y estatal, y a la Fiscalía del Estado, inicien un procedimiento legal en contra del obispo Salvador Rangel por “hacer un pacto con miembros de la delincuencia organizada” y el secretario de Gobernación federal, Alfonso Navarrete dijo que “el gobierno no negocia la aplicación de la ley”.
Hoy celebramos a...