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Los problemas relacionados con la vivienda afectan hoy de una forma u otra a 1 de cada 4 hogares en España.
Y más del 14 % de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza severa si descontamos de sus ingresos los gastos de vivienda.
Lo indica el IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España de la Fundación FOESSA, que pide más políticas públicas de vivienda.
Un avance de este informe se presentó este martes 3 de diciembre de 2024 en la sede de Caritas Española en Madrid.
“La dificultad de acceso a viviendas dignas a precios asequibles es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo”, declaró la secretaria general de Caritas Española, Natalia Peiró.
Vivienda pública
Precisamente el fin de semana pasado, el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez anunció la creación de “una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado”.
La vivienda pública de alquiler en España solo supone actualmente el 2,5 %, mientras que en los países de la Unión Europea alcanza la media del 8 %.
Además, “la inversión que se realiza en generar prestaciones económicas para apoyar el alquiler supone apenas el 18 % de lo invertido en la media de la Unión Europea”, destaca el avance del informe.
Por eso, Caritas considera “primordial generar un parque de vivienda público extenso”.
Exclusión
La organización católica invita también a “luchar contra las manifestaciones de exclusión residencial, tanto de vivienda inadecuada como vivienda insegura”.
Una encuesta realizada por FOESSA el pasado semestre a 12 mil 500 hogares españoles revela que “más de 4,6 millones de hogares sufren dificultades relacionadas con el acceso y el mantenimiento de la vivienda en 2024”.
“El sobreesfuerzo por los costes de la vivienda afecta ahora a 6,8 millones de personas (14,1 % de la población)”, una cifra en ascenso desde el año 2007.
Según el estudio, “el 20 % de los hogares con menor renta dedican hoy en día más del 70 % de sus ingresos al pago del alquiler de su vivienda”.
Propiedad o alquiler
Caritas expone que cuando se tiene la vivienda en propiedad (pagada o con pagos pendientes) el riesgo de exclusión cae al 8 % de la población.
En cambio, aumenta hasta el 30 % para las familias que pagan un alquiler y hasta el 59 % en el caso de los hogares con tenencia en precario (cedida, realquilada, ocupada o con aviso de desahucio).
Vivienda precaria
El informe señala que aproximadamente 3 millones de personas (6,3 %) utiliza formas precarias para tener su vivienda (facilitada gratuitamente por otras personas o instituciones, realquilada, ocupada ilegalmente o con aviso de desahucio).
Además, unos 3,4 millones de personas (7 %) sufren condiciones de hacinamiento. Estos son los hogares que se ven forzados a compartir pisos con más personas, a volver a la casa de padres o familiares y convivir con ellos, a recurrir a los llamados “nanopisos” o que no pueden buscar otra vivienda cuando aumenta la familia.
Por otra parte, 1,6 millones de personas residen en viviendas que carecen de algún equipamiento básico y 720 mil personas residen en barrios marginales con entornos degradados.
Finalmente, el informe denuncia que “algo más de 1,5 millones de personas no tienen la posibilidad de adecuar la vivienda a las necesidades de las personas con movilidad reducida, y acceden o se mantienen en viviendas con barreras arquitectónicas”.
Propuestas
Caritas y la Fundación FOESSA piden “tomar conciencia de nuestra responsabilidad, personal y comunitaria, de que las cosas solo pueden mejorar con nuestra implicación”.
“Al mismo tiempo, hemos de poner en el centro de la agenda política y social a las familias más vulnerables”, añaden.
Y concluyen invitando a una política de vivienda que la contemple como un derecho y no solo como un bien de intercambio.
