Argentina ante el desafío de garantizar “Tierra, Techo y Trabajo”
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En un día que inició con una batalla campal, fueron desalojados dos predios que habían sido usurpados y tenían en vilo a la opinión pública argentina. Por un lado, un extenso campo en Guernica, provincia de Buenos Aires, que era la más grande toma de tierras del país. Por otro, una estancia familiar en Entre Ríos, en la que parecía encarnarse más que nada una discusión ideológica sobre la propiedad privada.
Por la mañana fue desalojado el predio de Guernica, que estaba siendo precariamente habitado por más de 1000 familias. Hubo serios incidentes, con piedras volando en una dirección y balas de goma en otra.
Nada de la dantesca escena remitía a un país trabajando en común, remando en la misma barca, ante la más dura pandemia y crisis de su historia reciente. Detrás del humo de las balas, familias con niños que en algunos casos habían llegado hasta el predio guiados por grupos que, como viene siendo denunciado por todo el espectro político y la misma Iglesia, se sirven de su miseria y o los engañan o los instrumentalizan con fines políticos.
Los engaños consisten en la comercialización de espacios a bajo costos sin ningún tipo de dominio o propiedad, o la invitación de sectores militantes tradicionalmente agrupados en grupos de extrema izquierda a radicar familias en los terrenos. Con familias instaladas, es más difícil imaginar desalojos como los de ayer.
La toma de un campo de la familia Etchevere en Entre Ríos también tuvo su desenlace este jueves. A diferencia del caso de Guernica, los responsables de la toma, miembros de la red Proyecto Artigas aducían tener la autorización de una legítima propietaria de la finca, quien los autorizaba a instalar una huerta popular. Pero los hermanos y la madre, entre ellos un ex ministro del gobierno de Mauricio Macri, Luis Etchevere, argumentaron a la justicia que la que les habría abierto el paso ya no tenía derechos de propiedad. La justicia dio la razón a la familia e indicó un desalojo que se produjo sin mayores incidentes tras días de tensión en Entre Ríos, y movilizaciones de productores agropecuarios que respaldaban a los propietarios y estaban preocupados por el efecto contagio de la toma.
El derecho a la tierra, que los propios movimientos que protagonizaron la usurpación esgrimen citando al papa Francisco y su solicitud de mayor acceso a Tierra, Techo y Trabajo, no justifica una toma y el uso de la violencia para cercenar los derechos de otros. En esa línea fue muy clara la Conferencia Episcopal Argentina en un comunicado emitido por la mañana: “Nada justifica la intrusión y la violencia a costa de la vida y los derechos de los demás. La Iglesia no avala las tomas. Son ocasión de violencia y agitación social, muchas veces incentivadas”, advirtió.
Y condenó también la instrumentalización de la miseria para promover agitación: “Mucho menos aceptable es el oportunismo de quienes se aprovechan de la extrema necesidad de los más pobres para usarlos en función de sus propias ganancias y clientelismo político”. No obstante, los Obispos también expresaron su preocupación “por cualquier resolución de estos conflictos que naturalice la violencia y ponga en riesgo la vida de las personas”.
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Juan Grabois y el Papa
Uno de los protagonistas de las tomas ha sido el dirigente social Juan Grabois, quien amén de haber desempeñado un cargo de consultor en el Pontificio Consejo Justicia y Paz, hoy Servicio de Desarrollo Humano Integral, es un habitual animador de los Encuentro Mundiales de Movimientos Populares. Incluso mientras encabezaba la toma de la finca en Entre Ríos presentaba de manera Virtual una de las jornadas del encuentro que tuvo lugar el 24 de octubre.
No obstante, como quedó en evidencia en más de una ocasión estos días, el reconocimiento a su experiencia como promotor de derechos sociales en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular no supone un respaldo automático a su accionar. Como ya hemos expresado tras las manifestaciones públicas de obispos y los sacerdotes de la pastoral de las Villas el que la Iglesia desde sus pastores y sacerdotes acompañe la búsqueda de vida digna de los más vulnerables y pida soluciones definitivas al Estado, no supone organizar o avalar tomas de tierras en torno a las cuales sólo hay angustia de saber que no se tiene, dolor por saber que se pierde lo legítimamente ganado, discusiones más ideológicas o partidarias que centradas en las personas, y violencia.
Juan Grabois con micrófono en mano:
El propio Grabois atacó a sacerdotes a los que no nombró en una denuncia de suerte de conspiración contra sus intenciones, en las que involucró a políticos de todos los ámbitos. Sin embargo, en el mismo texto, pidió leer el Papa Francisco en Fratelli Tutti cuando dice que “el derecho a la propiedad privada sólo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados, y esto tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad”. La descontextualizada cita excluye la reflexión sobre la función social de la propiedad privada.
Grabois no suele hablar públicamente sobre la relación que lo ha unido o lo une al Papa Francisco. Sin embargo, cuando recientemente fue interrogado por ella por un periodista, rehusó ningún tipo de aclaración, incluso comprometiendo con su silencio al Papa quien, al igual que los obispos argentinos, en ninguna manifestación ha expresado o ha dado lugar a que se interprete un aval a tomas de tierras de estas características.
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Acceso a la vivienda y trabajo digno
Rechazar las tomas y poner el ojo sobre quienes se aprovechan de la necesidad de los pobres no supone ignorar la necesidad habitacional que durante todo su pontificado ha advertido el papa Francisco. Los obispos argentinos en la carta en la que no avalan esta metodología, piden:
“Hoy más que nunca se hace necesario un Estado presente que se haga responsable de políticas proactivas en materia de acceso a la vivienda y al trabajo digno. En estas horas dramáticas, en que los casos se replican, confiamos en que una diligente intervención de la justicia evitaría escaladas de violencia entre las partes. Con la autoridad de su mediación se facilitaría el diálogo con las autoridades proponiendo posibles alternativas para las familias pobres que verdaderamente necesiten un lugar para vivir. Nos conmueve la cantidad de niños implicados, ellos esperan una respuesta seria y rápida de nosotros los adultos”.
Después de todo, rechazar tomas no resuelve la necesidad habitacional, como sí lo hacen trabajos conjuntos de la sociedad. Iglesia, Estado, Movimientos Populares, Organizaciones del Tercer Sector, vecinos, con apoyo de organizaciones y particulares, todos trabajando en conjunto en localidades como La Matanza, Buenos Aires, entre otras, con avances acordes a la ley sobre tierras legítimamente solicitadas, han posibilitado complejos habitacionales y urbanizado espacios que se encontraban en la más absoluta de la ruinas.
Hay alternativas al desafío por garantizar “Tierra, Techo, y Trabajo”. Hay casos exitosos ya explorados. No son las tomas.
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