Futbolista, bailarín, médica, contador, abogada, bachiller… Sueños de niños y jóvenes que ya no se podrán cumplir porque murieron con ellos en la recientes masacres que han estremecido a Colombia. También han asesinado a líderes comunitarios, indígenas y defensores de derechos humanos. Las escenas de horror reveladas por testigos y sobrevivientes recuerdan las épocas más difíciles del conflicto armado.
Los padres lloran a sus hijos, las comunidades tienen miedo, en las ciudades se organizan marchas de protesta, el gobierno anuncia investigaciones y acciones de la fuerza pública y el rechazo es generalizado, pero, ¿qué está pasando en el país?
Carlos Chica –periodista con 44 años en el oficio y estudioso de temas relacionados con derechos humanos, conflicto armado, víctimas y desarrollo regional– resumió la situación para Aleteia: “Las masacres vuelven a demostrar la convicción que tenemos muchos de que el tema de la paz se confundió con el tema de conflicto armado”.
Según él, los acuerdos firmados por el gobierno y la guerrilla de las FARC en La Habana en 2016 no eran una solución mágica para alcanzar la paz, pero “fueron concebidos para generar condiciones objetivas que permitieran una transición hacia procesos de construcción de paz”.
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En su opinión, el gobierno ha desatendido los compromisos de desarrollar aspectos contemplados en esos acuerdos, entre ellos la Reforma Rural Integral, fundamental porque tiene que ver con las raíces estructurales de este conflicto.
“Es penoso que se haya tenido que negociar fuera del país, con una organización guerrillera que le ha hecho tanto daño a Colombia, cuando es algo que debieron hacer los gobiernos y los diferentes poderes del Estado en los últimos 60 o 70 años”, considera.
Un olvido histórico
Muchos analistas coinciden que en el olvido del campo y de su gente están las raíces de este conflicto que se ha recrudecido en las últimas semanas con masacres que han sido noticia y generado indignación y rechazo, extendidos a la comunidad internacional.
En ese sentido, el arzobispo de Bogotá, monseñor Luis José Rueda, hizo un llamado de reconciliación con la Colombia agraria:
“El clamor por la vida, la reconciliación y la paz, busca unir a los colombianos en torno a la vida en el campo, sólo de esta manera podremos defender la dignidad de la población rural victimizada por la arrogancia homicida del narcotráfico y el olvido generalizado”.
El prelado ve con inmensa preocupación la ruralidad en Colombia porque “no existe una economía agrícola que garantice al trabajador rural su sustento digno. Los campesinos, afrocolombianos e indígenas que habitan las zonas rurales, son grupos humanos abandonados de las políticas públicas del Estado y expuestos al accionar directo”.
Otro representante de la Iglesia católica, monseñor Víctor Manuel Ochoa, obispo de Cúcuta, zona muy afectada por la violencia, también señaló lo siguiente:
“Vivimos en Colombia problemas sociales muy complejos, fruto de nuestra historia, de la falta de educación y oportunidades, de la falta de la justicia social y que tienen gran incidencia en nuestra comunidad: violencia familiar, narcotráfico, corrupción, grupos ilegales, contrabando, explotación de las personas. A estas duras realidades –añadió– no podemos unir el desinterés por estas muertes indiscriminadas de personas, fruto de la acción de cualquiera que sea el actor violento”.
Para el profesor Chica, “esa reforma rural integral es parte de la respuesta sustantiva que se tiene que dar para desactivar los factores asociados al narcotráfico, que no brotó en Colombia por una desgracia caída del cielo”. Agrega que además de la existencia de grupos armados habíamos “encaletado” las reformas rurales que el país necesitaba, clara muestra de una sociedad que le dio la espalda al mundo rural.
Otros analistas coinciden con Chica en recalcar que el abandono del campo ha generado condiciones institucionales, sociales y económicas para que, además de sus condiciones geográficas y climáticas y estratégicas, desde Colombia se exportaran drogas ilícitas y se aprovechara una mano de obra campesina muy grande y barata, pero excluida del sistema económico y de la atención básica del Estado.
Para el periodista, el problema no termina acabando con el narcotráfico:
“No hemos podido entender que el narcotráfico no fue una causa fundacional del conflicto armado, que ya estaba instalado hacía mucho tiempo cuando el narcotráfico llegó al país”.
Y por eso su llamado a implementar lo acordado, que va más allá de la reforma rural, también existen componentes relacionados con las garantías y protección a líderes sociales, estatuto político de oposición, etcétera.
Solidaridad y dolor
Por su parte, el gobierno nacional ha rechazado cada uno de los hechos de violencia que han dejado 30 víctimas desde el pasado 11 de agosto, cuando fueron encontrados los cuerpos de cinco niños en un cultivo de caña de azúcar en Cali.
No se sabe a ciencia cierta por qué los mataron, hay hipótesis que indican que mientras jugaban presenciaron un acto ilícito y eso llevó a los criminales a acabar con sus juegos y sus sueños. Las cifras que maneja la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indican que en lo corrido del año han ocurrido 33 masacres en Colombia.
“Expresemos nuestro sentimiento de solidaridad y dolor. No descansaremos hasta que haya justicia”, dijo el presidente Iván Duque al visitar el municipio de Samaniego (Nariño), donde ocho jóvenes universitarios fueron asesinados en medio de un asado en una vereda rural, situación que muchos atribuyen a una limpieza social.
En declaraciones en sus redes sociales, el ministro de Gobierno, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que el narcotráfico está detrás de las masacres de las últimas semanas y es “el mayor enemigo de la paz”.
Toda esta situación afecta, principalmente, comunidades campesinas y población en condiciones de vulnerabilidad, ante lo cual monseñor Luis José Rueda es categórico en su llamado a todos los colombianos: “Es el momento para dar pasos concretos, no podemos esperar más. El liderazgo político, científico, económico, y todos los colombianos debemos aunar las conciencias, los recursos y los proyectos en orden a la reconciliación con la Colombia agraria, allí se juega el futuro humano, social y ecológico del país”.
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