Las acciones violentas no se detuvieron en Navidad ni en el nuevo año, en 2020 van 17 defensores de derechos humanos asesinados en el país
En los pocos días transcurridos de este nuevo año, en Colombia han sido asesinados 17 líderes sociales, situación grave y lamentable ante la cual los obispos católicos manifestaron su “inmenso dolor, preocupación y rechazo” y clamaron nuevamente por la protección del derecho a la vida.
En su pronunciamiento, la Conferencia Episcopal transmitió su solidaridad “con los sobrevivientes, los familiares y seres queridos de quienes han perdido la vida en esta oleada de violencia y muerte sin sentido. Aseguramos nuestra oración y cercanía a todas las diócesis y comunidades que han sido gravemente golpeadas por la violencia”.
Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos manifestó una profunda preocupación y dijo que “cualquier ataque contra los defensores y defensoras de derechos humanos es inaceptable y constituye un ataque en contra de la democracia, menoscabando la participación y el acceso de las personas a sus derechos humanos”.
En el mismo sentido se pronunció Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la ONU en Colombia, quien aseguró que el tema de la seguridad es de mucha importancia para la ONU y dijo que “la paz no podrá consolidarse si las voces de líderes sociales siguen siendo silenciadas”.
Las cifras muestran que los asesinatos no se detuvieron en la época de Navidad ni al empezar el nuevo año. Aunque los números pueden tener alguna variación, según la ONU en 2019 murieron violentamente en Colombia 107 defensores de derechos humanos y líderes sociales, pero aún se investigan otras 13 muertes. Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró al menos 250 líderes asesinados el año pasado, la mayoría en zonas rurales donde operan grupos armados y priman las economías ilegales.
El jefe de Estado, Iván Duque, atribuyó estos crímenes a las estructuras del narcotráfico, las disidencias de la guerrilla desmovilizada y los grupos terroristas que compiten por el control de las rutas del tráfico de estupefacientes y la extracción ilegal de minerales en las zonas más apartadas. “El reto está en que toda la nación y todo el país y todas las instituciones se unan, cada vez con más vigor, para derrotar ese delito que ha afectado tanto a nuestro país”, aseguró.
Por su parte, los obispos también hicieron una petición al gobierno colombiano: “Insistimos en la necesidad de poner en marcha una política pública nacional para enfrentar esta amenaza, que incluya acciones de protección, de respuesta oportuna a las alertas y de presencia eficaz de las instituciones del Estado en las comunidades más vulnerables”.
La preocupación es general y se ha extendido a organismos internacionales, porque son varias las comunidades amenazadas, así como líderes indígenas, campesinos, defensores de derechos humanos y abanderados de temas ambientales, entre otros.
Ante esta realidad la Conferencia Episcopal recordó la oración del Papa Francisco por la reconciliación y la paz de los pueblos el pasado primero de enero: “El proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo. Es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que honra la memoria de las víctimas y que se abre, paso a paso, a una esperanza común, más fuerte que la venganza”.
