Retoman las armas tras el complejo proceso de paz que alcanzaran luego de más de cinco décadas de sangre y lucha en Colombia. Aunque minoría, el anuncio de los excabecillas rebeldes desembocó grandes reacciones y renovó las denuncias de operaciones “narco-terroristas” no sólo en la frontera, sino en el interior de al menos 17 estados de Venezuela.
El panorama es complejo. Las acusaciones son tan largas como graves. Muchas de ellas han sido sistemáticamente documentadas por Aleteia en el último lustro. La reacción confirma las advertencias realizadas en este marco desde Caracas, donde se habrían estado reuniendo líderes de la disidencia guerrillera.
Reconocido por medio centenar de países como presidente del país sudamericano, el jefe parlamentario Juan Guaidó advierte que lo ocurrido “reitera que la usurpación de Nicolás Maduro es una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad de toda la región”.
Sostuvo el líder político que la administración roja convirtió a Venezuela en un “santuario de grupos armados irregulares y de redes del crimen organizado”. Pero el acusado asegura que realiza “consultas” con los países que acompañaron las negociaciones de paz en Colombia, luego de que excomandantes de la guerrilla de las FARC anunciaran su rearme.
A través de un comunicado leído por el canciller Jorge Arreaza, se informó la realización de “consultas con el resto de los países acompañantes y garantes del proceso de paz para trazar estrategias inmediatas que permitan el restablecimiento de los contactos entre las partes”.
Junto a Chile, la Venezuela de Chávez -luego de Maduro- actuó como facilitadora de los acuerdos suscritos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016, mientras que Cuba y Noruega participaron como garantes, por lo que en comunicado conjunto expresaron su preocupación ante el inédito anuncio.
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Las miradas en Noruega, por diálogo y negociación
Fueron esas vinculaciones las que abonaron el terreno para que Noruega obtuviera la confianza de la administración Maduro. Así lo explicó Aleteia en análisis con especialistas desde Oslo, al señalar que por eso pudo mediar entre gobierno y oposición tras los infructuosos esfuerzos que en el pasado incluyeron la observación de la Santa Sede.
En medio de las reacciones internacionales, el gobierno de Maduro acusó al presidente colombiano, Iván Duque, de ejecutar un “planificado desmontaje” del proceso de paz; así como de incumplir los compromisos asumidos en la mesa de La Habana (Cuba). Calificó como “insólito” que el mandatario cafetero “pretenda desplazar hacia terceros países su exclusiva responsabilidad”.
El jefe de Estado neogranadino acusó por su parte a Maduro y su administración de albergar al grupo disidente liderado por Iván Márquez, el ex número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC).
Estamos frente a las “amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con albergue y apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro”, dijo Duque. La denuncia es consistente con las publicaciones de Aleteia, basadas en confirmación propia y en trabajos de InsightCrime ratificados luego a nuestro sitio por la periodista especializada Sebastiana Barráez.
En este aspecto, el presidente de la plataforma de investigación de frontera, FundaRedes, Javier Tarazona, recordó que está “documentada la presencia de la guerrilla colombiana en 17 estados de Venezuela”, y sostuvo que es “apoyada logísticamente por la administración de Nicolás Maduro Moros con la entrega de armamentos”.
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“Nueva etapa de la guerrilla colombiana en Venezuela”
En diálogo con Aleteia, reiteró que el grupo guerrillero y sus disidencias tienen sólida “presencia en las escuelas, donde están adoctrinando y reclutando niños”, al tiempo que ratificó cómo han logrado “incursionar en la minería ilegal y en el cultivo de drogas, desarrollando actividades de narcotráfico”, lo que “muestra la nueva etapa de la guerrilla”.
Tras emitir rechazo contundente al anuncio, insistió en que “estas operaciones siguen siendo auspiciadas por el régimen de Nicolás Maduro”, y lamentó que la guerrilla “viene avanzando en territorio venezolano frente a la mirada indiferente de la comunidad internacional”.
Dijo que la administración roja “busca crear un ejército nuevo para atacar al gobierno colombiano e incursionar en Latinoamérica con la (anti)cultura de la muerte y una mirada guerrerista y armamentista que en nada apuntan al desarrollo de los pueblos”.
Los señalamientos desde el lado colombiano son coincidentes. El alto comisionado de paz cafetero, Miguel Ceballos, dijo que el anuncio de Iván Márquez junto a otros exdirigentes demuestra “claro apoyo de la dictadura de Maduro”.
“El hecho de que Iván Márquez recurra al ELN, cuyos máximos líderes están presentes en Venezuela, no hace sino confirmar que este grupo, esta pequeña banda, están siendo apoyadas por ese régimen”, acusó desde Washington.
“Voluntad de paz en Colombia debe ser respetada”
No obstante, rescató que “más del 90% de los excombatientes de las FARC están comprometidos con el proceso”, y dijo que “esa voluntad de paz debe ser respetada”, por lo que “el Estado nunca los dejará solos”.
Aunque crítico de los acuerdos de paz, Iván Duque confirmó que mantiene su compromiso “con quienes están avanzando en el proceso de reincorporación”. Mientras que el máximo líder de las FARC, alias “Timochenko”, dijo que los exguerrilleros que dejaron las armas lo hicieron “con el profundo convencimiento de que la guerra había dejado de ser el camino”.
Las acusaciones contra Maduro tuvieron eco en Estados Unidos: el representante de esa nación para la crisis venezolana, Elliott Abrams, ratificó que los guerrilleros colombianos operan en Venezuela con su complacencia. Mientras que el jefe de la diplomacia, Mike Pompeo, condenó “con fuerza los recientes llamados a involucrarse en el terrorismo y la violencia”.
A través de un video que habría sido grabado en Venezuela, alias Márquez anunció el retorno a las armas junto a “El Paisa”, “Romaña” y “Santrich”. Desde su captura, la implementación del“Acuerdo de Paz” no vivía tan alto nivel de tensión, porque motiva a quienes se opusieron a la salida negociada con la firma de “impunidad para los culpables”.
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