Las organizaciones de derechos humanos y las instituciones religiosas siguen preocupadas por el aumento de la inseguridad en todo el país en Haití, según un informe enviado a la Fides de fuentes locales.
Desde noviembre de 2018, más de 100 civiles han sido asesinados por la violencia de pandillas, mientras que la policía informa de 15 miembros asesinados en 2019. Tal vez por primera vez en la historia de violencia, las pandillas comienzan a chantajear a las ONG y embajadas, pidiendo dinero a cambio de “protección” para completar algún proyecto humanitario en el país.
Junto con las organizaciones de derechos humanos que denunciaron la carnicería perpetrada la noche del 24 de abril por bandidos pertenecientes a una banda que utiliza el nombre de Sony John, también conocido como Tije, en Carrefour Feuilles (distrito sureste de la capital, Puerto Príncipe).
La Iglesia católica y la Federación Protestante también alzaron sus voces. Según el informe policial, ocho personas, incluida una mujer embarazada, murieron y una docena más resultaron heridas.
El arzobispo metropolitano de Puerto Príncipe, monseñor Max Leroy Mésidor, dijo en una reunión con la prensa local que “el futuro incierto de la sociedad está luchando entre la pobreza, la inseguridad y la impunidad”. “La violencia actual no es espontánea, está organizada”, dijo el arzobispo en su mensaje de condolencias a las familias de las víctimas de la masacre del 24 de abril.
La Federación Protestante de Haití (Fph) ha condenado enérgicamente “este vil y bárbaro acto” cometido contra ciudadanos pacíficos por bandidos sin fe ni ley. “Ningún funcionario gubernamental de alto rango debería sentirse orgulloso de su posición hasta que se haya hecho justicia”, dice Fph, expresando su consternación ante el alarmante deterioro en las condiciones de vida de los ciudadanos en Haití.
El Observatorio de los Derechos Humanos de Haití (Ohdh) denuncia la pasividad de las autoridades políticas y policiales, que no podrán eliminar a los bandidos que han estado aterrorizando a la población durante varios meses. Estos, de acuerdo con las críticas de la prensa local, tendrían el apoyo de parlamentarios, oficiales superiores de la policía nacional de Haití (Pnh) y miembros del gobierno, según lo informado por el OHDH.
Prueba de ello es el hecho de que el senador García Delva fue expulsado de su partido político, Ayiti, ya que se descubrieron sus acuerdos con el líder de la pandilla, Arnel Joseph.
De los misioneros que trabajan en el lugar, Fides recibió testimonios dramáticos: “los que sufren son los más pobres, porque parece que el mismo gobierno vende armas a bandidos en barrios pobres para sembrar el miedo y permanecer en el poder. Cada político tiene su propio Grupo de bandidos, ¡es un verdadero caos! En estos días, la policía nacional intenta detener a estos grupos para neutralizar la violencia, pero fracasa”.
La situación sigue impidiendo no solo el desarrollo del país, sino también la distribución de ayuda fundamental para alimentar a los más indefensos, como los niños. Solo algunos sectores de la Iglesia Católica y algunas ONG logran llevar comida a los más pequeños.
Artículo publicado originalmente por Agenzia Fides
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