Este miércoles en la noche, el gobierno de Nicaragua encabezado por Daniel Ortega, dio un paso lateral importante de cara a la crisis internacional y al repudio interno que enfrenta después de once meses de crisis: liberar, en un plazo no mayor a 90 días, a los presos políticos que ha encarcelado por protestar en su contra, desde el 18 de abril de 2018.
Este reconocimiento de que hay presos políticos (él los llamaba “golpistas”, “terroristas”, etcétera) por parte de Ortega ha sido interpretado como un signo muy claro que inicia su retirada, aunque nadie sabe ni el día ni la hora. Reacio a las presiones internacionales, ésta vez cedió ante el nuncio en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Rosadilla.
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Ya no se habló –en el comunicado del gobierno sandinista de ayer miércoles—de “algunos” presos políticos; se hablo de “todos” los detenidos desde que iniciaron las protestas. El Comité Pro Liberación de Presos Políticos de Nicaragua tiene el dato de que quedan 638 presos políticos en las cárceles, después que Ortega liberara, hace un par de semanas, a 160 personas para reabrir el diálogo con la Alianza Cívica.
Quienes han seguido de cerca el conflicto nicaragüense dan otro dato: el secretario general de la OEA, Luis Almagro, principal “enemigo” de las izquierdas latinoamericanas encabezadas por Nicolás Maduro, había enviado el pasado 15 de marzo una carta al canciller del gobierno de Ortega, Denis Moncada, en donde le decía que la OEA participaba en el diálogo nacional sí y solo si se liberaba a los presos políticos.
El hecho que la respuesta de Ortega haya venido tan pronto, y aceptado la mediación de la OEA, a través de Rosadilla, en las conversaciones con la oposición, significa que el guion redactado por la izquierda chavista latinoamericana (en el cual la OEA no tiene cabida y, mucho menos, la Iglesia católica con el nuncio como testigo) se le ha desdibujado al régimen sandinista.
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Otros temas que incluirá la negociación del gobierno con Alianza Cívica –según la agenda anunciada el miércoles—tienen que ver con reformas electorales, fortalecimiento de derechos y garantías constitucionales y el punto llamado “verdad, justicia, reparación y no repetición”, en el que pudiera haber un borrón y cuenta nueva después que la represión gubernamental ha dejado, al menos, 325 muertos en las calles de Nicaragua.
No se toca, aún, el tema de temas: adelantar las elecciones. Ortega y la vicepresidenta de Nicaragua, su esposa Rosario Murillo, habían manipulado los órganos electorales para asegurarse la perpetuidad en el poder. Los nicaragüenses quieren que se vaya. Y la oposición ha exigido elecciones adelantadas. Lo más pronto posible.
Mientras tanto, Ortega juega sus cartas. Quiere que Estados Unidos levante las sanciones comerciales y que los países europeos no endurezcan aún más su relación con un régimen que ha hecho de la represión su respuesta favorita. Pero los nicaragüenses no aguantan mucho más.
Hay 40.000 refugiados en Costa Rica. Las pérdidas económicas del país son cuantiosas. No hay turismo, no hay inversión, no hay más que viejos recuerdos de una revolución, la que hizo Ortega contra la dictadura, que se ha convertido en una dictadura de diferente signo pero igualmente perniciosa.
Difícil situación de Nicaragua en imágenes:
Hoy celebramos a...