La apuesta del gobierno de Nicaragua apunta, por un lado, el lado de los discursos, al diálogo nacional para superar la crisis que comenzó hace, exactamente, once meses, y por el otro lado, a la continuidad de la represión.
El pasado sábado 16 de marzo se vivió un episodio más de la durísima respuesta del gobierno sandinista, que encabeza Daniel Ortega Saavedra, a las manifestaciones pacíficas que protestan contra el régimen: 164 personas fueron primero golpeadas y después remitidas a la cárcel llamada El Chipote 2.
Los símbolos de la manifestación del sábado pasado fueron las vestimentas, las banderas, los pañuelos azules y blancos sugeridos por la organización que lleva el mismo nombre de los colores de la bandera nicaragüense.
La petición era muy simple: liberación de los varios cientos de presos políticos que todavía están en las cárceles, acusados de subversión, terrorismo y lo que se le ocurra a la llamada –y temida– Policía Orteguista (PO).
El “diálogo” se había reanudado el pasado 27 de febrero. Pero es muy posible que se vuelva a cerrar tras estas acciones de la PO. Varios de los detenidos forman parte de la coalición negociadora: la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Pero también fueron detenidos ex guerrilleros sandinistas, ex ministros de Estado, académicos, sindicalistas, periodistas y un sacerdote, el padre Juan Domingo Gutiérrez Álvarez, familiar de el obispo de Matagalpa Rolando Álvarez, quien también ha sufrido en su persona la persecución sandinista.
Lo que ayer era “legal” hoy ya no
Ortega había “legalizado” las protestas en septiembre de 2018, pero la del sábado la prohibió mandando a las calles de Managua a centenares de policías antidisturbios de la PO y grupos armados afines al régimen. La demostración de Ortega fue muy clara: no tiene ninguna disposición de dejar el poder de forma pacífica ni de dialogar con Alianza Cívica.
España, Estados Unidos, Costa Rica, la Organización de Estados Americanos, la ONU y buena parte de la comunidad internacional han repudiado la represión llevada a cabo por Ortega.
Kimberly Breier, asistente del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, escribió en Twitter: “Si bien afirma que apoya el diálogo, el primer recurso del régimen de Ortega es encarcelar a manifestantes y periodistas. Las voces democráticas nunca serán silenciadas por tácticas brutales. El mundo también está observando, Nicaragua”.
Hay que recordar que el “diálogo” pende de un hilo, quizá roto ya con la represión brutal del sábado pasado. El hilo, la exigencia de Alianza Cívica, es que se libere a más de 500 presos políticos que están en las cárceles sandinistas por protestar contra el régimen.
Sin embargo, Ortega ha reiterado, con dichos y hechos, que los sigue considerando “terroristas” y “golpistas”.
Juan Sebastián Chamorro, que forma parte del equipo negociador de la Alianza Cívica, dijo a los medios el mismo sábado por la noche que se reunirán para valorar su participación en el diálogo con el régimen de Ortega. “Esto es inaceptable, no es posible que se trate así, como se ha tratado hoy, al pueblo”.
Hoy celebramos a...