Finalmente, ante la presión interna, las protestas populares, el cerco internacional, la crítica pugnaz de la Iglesia católica, de los empresarios y los ciudadanos de Nicaragua, y ante el derrumbe brutal de Venezuela, el gobierno encabezado por Daniel Ortega ha decidido ceder y dialogar.
El 27 de febrero, a mes y medio que se cumpla un año de la crisis desatada por reformas a la seguridad social (abril de 2018) y que derivaron en un auténtico aluvión de muerte, represión, exilio y crispación social, Ortega aceptó negociar con la oposición y su primer gesto fue liberar a cien presos políticos.
Los números no oficiales –los oficiales dejan mucho que desear—estiman que en los que va del conflicto nicaragüense han muerto entre 325 y 561 personas, hay un número sin cuantificar –se habla de miles—de desaparecidos y, al menos 40.000 personas en el exilio, la mayor parte de ellas en la vecina Costa Rica.
Liberación total
En la mesa de Diálogo Nacional estuvieron sentados el cardenal y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, el nuncio del Vaticano, arzobispo Waldemar Stanisław Sommertag y los representantes de la oposición aglutinados en torno a Alianza Cívica junto con representantes del gobierno sandinista.
Un gesto importante, la liberación de cien presos políticos, pero apenas el inicio de un viraje decisivo que se le exige a la dupla en el poder, Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, cuyo final estaría determinado por su salida del poder, tras doce años de la segunda etapa de gobierno de Ortega.
La liberación de todos los presos políticos, la mayor parte de ellos jóvenes que participaron en las protestas contra el sandinismo, ha sido la condición número uno de Alianza Cívica (grupo conformado por empresarios, académicos, estudiantes universitarios, campesinos y organismo de la sociedad civil) para abrir canales de entendimiento con el régimen.
Difícil situación en Nicaragua (imágenes):
Sí son presos políticos
Desde luego, se trata de un primer grupo de liberados que han salido de la cárcel de La Modelo y de once mujeres dejadas en libertad en la cárcel femenil de La Esperanza. Según el Comité Pro Libertad de Presos Políticos hay entre 340 (que reconoce Ortega) y 767 detenidos políticos.
La liberación de este primer grupo de cien detenidos durante las manifestaciones de protesta echa por tierra la negativa del régimen sandinista de llamarlos presos políticos. En discursos públicos y en alocuciones privadas, Ortega los ha llamado “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.
Las negociaciones que se llevaron a cabo el día de ayer no contaron –a petición expresa del régimen sandinista—con la presencia de los medios de comunicación, sin embargo, fuentes cercanas al proceso admiten al menos tres condiciones: libertad a todos los presos políticos, la mediación de un organismo internacional en el diálogo y que se permita la entrada a los medios.
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No hay vuelta atrás, dice el pueblo
Observadores internacionales del proceso de crisis en Nicaragua argumentan que más que una cesión o una debilidad, se trata de una “táctica” de Daniel Ortega (similar a la llevada a cabo por Nicolás Maduro en Venezuela) para quitarse de encima la presión internacional, ganar tiempo, desesperar a la oposición y quedarse en el poder.
La declaración, citada por medios de comunicación locales e internacionales, de uno de los presos liberados –José Alejandro Venegas, de 62 años—deja muy clara la voluntad del pueblo nicaragüense. Frente a las eventuales tácticas dilatorias del régimen sandinista no se va a detener ni a frenar en su protesta para que la pareja Ortega-Murillo abandone el poder o convoque a elecciones anticipadas:
“Estar preso es un honor. Para mí la cárcel era una trinchera de lucha y aunque yo estuviera preso mi mente estaba libre… Salgo sin temor a nada, no le tengo temor a Daniel [Ortega], es un terrorista que impuso el temor a toda la población”, expresó Venegas, nada más recuperar su libertad.
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