Si no fuera un episodio realmente patético, pasaría por un relato del realismo maravilloso latinoamericano: 38 años 5 meses y 29 días después de aquella triste tarde del 24 de marzo (de 1980), cuando cuatro pistoleros entraron en plena Misa a la capilla del “Hospitalito” (el Hospital de la Divina Providencia) y mataron a balazos al entonces arzobispo de San Salvador, un juez emitió la orden de búsqueda y captura de uno de los presuntos sicarios.
Nueve días más tarde de la canonización de Óscar Arnulfo Romero por parte del Papa Francisco en El Vaticano (domingo 14 de octubre, junto con Pablo VI), este 23 de octubre el juez salvadoreño Rigoberto Chicas emitió la orden de detención en contra del ex capitán del Ejército, Álvaro Rafael Saravia.
Saravia, quien, durante décadas ha sido considerado como sospechoso del crimen en contra de San Óscar Romero y que en la actualidad se encuentra escondido en alguna parte de El Salvador o en el extranjero, extrañamente ha gozado de libertad no obstante haya sido arrestado en 1987 en Miami y enfrentado una variedad de procesos legales en su país.
Los procesos judiciales en contra de Saravia jamás han tenido un avance significativo debido a la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada el 20 de marzo de 1993.
Se trata de una norma con rango de Ley promulgada en El Salvador, la cual tuvo como finalidad regular la forma de conceder una amnistía amplia, absoluta e incondicional a todas las personas que hubieren participado de delitos políticos, comunes y conexos antes del 1 de enero de 1992, en el marco de la guerra civil acaecida de 1980 a 1992 en dicho país centroamericano.
La Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz perdonó y exoneró de todo cargo judicial y penal tanto a militares de la Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) como a la guerrilla insurgente que se vieran involucrados en los delitos de ‘’lesa humanidad’’, que se realizaron durante la guerra civil
En esos casi doce años, la guerra civil salvadoreña dejó al menos 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y 12.000 lisiados. Sin embargo, la Ley de 1993 fue rechazada por el máximo tribunal del país en 2016 y el caso que involucró el asesinato del arzobispo se reabrió el año siguiente, en 2017.
Al emitir la orden nacional e internacional de arresto, el juez Chicas dijo que las autoridades “tienen pruebas suficientes” para acusar a Saravia de participar en el crimen.
Monseñor Romero, en una homilía dicha en la Catedral de San Salvador el día anterior a su asesinato pronunció aquellas palabras dirigidas a los soldados y que, para las fuerzas militares de ultraderecha de su país, sonaron como su sentencia de muerte: “Les suplicó, les ruego, ¡les ordenó, en nombre de Dios, cese la represión!”
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Hay que recordar que la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas para El Salvador acusó a otro hombre fuerte del ejército salvadoreño, el comandante Roberto D’Aubuisson (1944-1992), un líder de ultraderecha sospechoso de organizar a los escuadrones de la muerte del país, de ser el autor intelectual del asesinato del arzobispo.
D’Aubuisson murió de cáncer en la lengua a los 47 años de edad y nunca fue acusado formalmente. Incluso, en 1983 fue presidente de la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución de El Salvador, y en 1984 participó –con el partido que él mismo formó, ARENA—en las elecciones presidenciales.
Junto a Saravía, aún se especula sobre quien fue el tirador contratado pero algunas fuentes señalaron a Marino Samayoa Acosta, sub sargento de la Guardia Nacional, a quien habrían pagado 1.000 colones por tirar del gatillo. Otro posible tirador, un capitán llamado Eduardo Ávila, murió en extrañas circunstancias.
Hoy celebramos a...