Tras lo de Chile, viene ahora lo del Estado de Pensilvania, en Estados Unidos, donde el fiscal general de esa entidad, Josh Shapiro, dio a conocer ayer el informe del Gran Jurado sobre una investigación que involucra denuncias de abusos de sacerdotes que abarcan un período de 70 años en las diócesis de Harrisburg, Pittsburgh, Scranton, Allentown, Greensburg y Erie.
Shapiro dio a conocer un informe de más de 800 páginas que describe siete décadas de abusos sexuales en contra de niños realizados por sacerdotes en las seis diócesis católicas y el “encubrimiento sistemático por altos funcionarios de la Iglesia en Pensilvania y en el Vaticano “.
En su conferencia de prensa, Shapiro dijo que la investigación de dos años llevada a cabo por su oficina, identificó a 301 sacerdotes que abusaron de niños y más de 1.000 víctimas. Enfatizó que los miembros del Gran Jurado le dijeron que creen que el número de víctimas es mucho mayor.
Para el fiscal de Pensilvania, “los líderes de la Iglesia habían empleado eufemismos en el pasado para ocultar lo que estaba sucediendo (…) Los funcionarios de la Iglesia de forma rutinaria y deliberada describieron el abuso como *payasadas* y lucha y contacto inapropiado. No fue ninguna de esas cosas”, dijo Shapiro.
En efecto, fueron abusos sexuales a niñas y niños, incluida la violación, cometidos por hombres adultos, sacerdotes, por lo que Shapiro criticó a los obispos y a otros líderes de la iglesia por “frustrar las investigaciones, proteger a los sacerdotes y actuar de forma hostil hacia las víctimas”.
“El encubrimiento fue sofisticado. Y todo el tiempo, sorprendentemente, el liderazgo de la Iglesia mantuvo registros del abuso y el encubrimiento. Estos documentos, de los archivos secretos de las propias diócesis, formaron la columna vertebral de esta investigación “, dijo Shapiro en la conferencia de prensa realizada ayer en Harrisburg. “Sobre todo, protegieron su institución a toda costa”, dijo Shapiro.
Más adelante, el fiscal general de Pensilvania “lamentó” que algunos líderes de la Iglesia citados en el informe por mal manejo de reclamos de abuso hayan sido promovidos, incluyendo al cardenal Donald Wuerl, actual arzobispo de Washington, que encabezó la diócesis de Pittsburgh desde 1988 hasta 2006.
El cardenal, por su parte, emitió un comunicado ayer mismo, en el que calificó el abuso sexual de niños como “una terrible tragedia” y defendió su propio récord en Pittsburgh.
“Como lo he dejado claro a lo largo de mis más de treinta años como obispo, el abuso sexual de niños por parte de algunos miembros de la Iglesia católica es una terrible tragedia, y la Iglesia nunca puede expresar lo suficiente su profunda tristeza y contrición por el abuso, y por la falta de respuesta pronta y completa”, dijo el cardenal Wuerl.
“Si bien entiendo que este Informe puede ser crítico de algunas de mis acciones, creo que confirma que actué con diligencia, con preocupación por las víctimas y para prevenir futuros actos de abuso”, continuó Wuerl en su defensa. “Sinceramente espero que una evaluación justa de mis acciones, pasadas y presentes, y mi compromiso continuo con la protección de los niños disipe cualquier noción hecha en este informe”.
Por su parte, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, el cardenal de Houston-Galveston Daniel DiNardo, también condenó el abuso sexual y dijo que los obispos de los Estados Unidos “Sienten vergüenza por los pecados y las omisiones de los sacerdotes católicos y los obispos católicos”.
DiNardo que los cambios de política que los obispos estadounidenses hicieron en 2002, tras los escándalos de Boston, han convertido a la iglesia en un lugar seguro para los niños y responsabiliza a los sacerdotes por los abusos.
El informe reconoce que la mayoría de los casos de abuso de documentos ocurrieron “antes de principios de los 2000” y dice que invitó a los obispos a explicar cómo han cambiado sus diócesis cuando se trata de proteger a los niños del abuso.
“Parece que la iglesia ahora está asesorando a la policía sobre los informes de abuso con mayor prontitud”, dice el informe. “Se han establecido procesos de revisión interna. Las víctimas ya no son tan invisibles”.
“Pero, continúa el informe, “la imagen completa aún no está clara”.
El Gran Jurado recomendó cuatro cambios para ayudar a las víctimas de abuso, incluidos los casos de abuso que tuvieron lugar hace mucho tiempo para su enjuiciamiento o demandas civiles. El texto recomienda eliminar el estatuto de limitaciones penales por abusar sexualmente de niños, crear un período de dos años para que las víctimas de abuso sexual presenten demandas, aclarar penas por no informar el abuso y prohibir acuerdos de confidencialidad con respecto a la cooperación con la policía.
El informe de Pensilvania se hace eco de los hallazgos de muchas investigaciones anteriores de la Iglesia en todo el país, y en otras diócesis de Pensilvania, en su descripción del abuso sexual por parte del clero y el ocultamiento de la misma por parte de los funcionarios de la iglesia.
Lo que distinguió a esta investigación fue su alcance extraordinario: el Gran Jurado examinó acusaciones de abuso en seis de las ocho diócesis de Pensilvania que, colectivamente, representan a más de la mitad de los 3.2 millones de católicos del Estado.
Con material de AP y agencias católicas
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