Helena Maleno: “La solidaridad y el amor al prójimo no deberían ser criminalizados”
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“La solidaridad y el amor al prójimo no deberían ser criminalizados”, dice Helena Maleno, juzgada en Marruecos por tráfico de personas y por favorecer la inmigración ilegal. ¿Su delito? Auxiliar a migrantes que se juegan la vida al intentar cruzar el Estrecho. Otros 45 activistas afrontan acusaciones similares en Europa
“Un proceso judicial claramente destinado a criminalizar el trabajo que desarrolla desde hace años como defensora de los derechos humanos”. Así describe el director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, José Luis Pinilla SJ, la causa contra Helena Maleno, española residente en Tánger acusada por la justicia del país vecino de complicidad con las mafias que trafican con migrantes.
Maleno, de la ONG Caminando Fronteras, atiende desde hace 15 años a subsaharianos en tránsito hacia Europa. Cuando se aventuran a cruzar el Estrecho, es su número el que marcan en caso de emergencia en alta mar.
El nombre de la activista ha estado en el candelero a raíz de numerosas denuncias de abusos policiales a uno y otro lado de la frontera. La más mediática fue la dirigida contra la actuación de guardias civiles en la playa ceutí del Tarajal, donde 15 jóvenes perdieron la vida en febrero de 2014 tras recibir el impacto de balas de goma mientras intentaban llegar a nado desde Marruecos.
Más recientemente, a finales de agosto de este año, denunció la muerte de al menos siete mujeres que trataban de llegar a Melilla en patera tras una devolución en caliente efectuada por las Fuerzas de Seguridad españolas. La Asociación Pro Guardia Civil insistió entonces al director general del cuerpo “a que se querelle de una vez por todas contra Helena Maleno” por injuriar “sistemáticamente” a los agentes.
La polémica coincidió con una campaña contra ella tras las críticas que lanzó en un programa televisivo contra la actuación de un policía nacional en la frontera.
Respaldada por otras 75 organizaciones, Caminando Fronteras denunció el linchamiento en forma de insultos y amenazas telefónicas y en las redes sociales. A la cadena de mensajes de odio en Twitter se sumó el Sindicato Unificado de Policía, con un lenguaje correcto pero que justificaba la campaña contra Maleno. La activista sufrió un intento de asesinato en Tánger en 2014 delante de agentes de la Policía marroquí, que permanecieron impasibles.
Otros 45 activistas investigados
El caso de esta española no es único. El sacerdote eritreo Mussie Zerai afronta desde agosto una acusación en Italia sustentada igualmente en llamadas de migrantes que se lanzan a la desesperada al mar (en su caso, desde Libia) con el número teléfono de este cura que, en caso de emergencia, facilita su localización a los guardacostas italianos o las ONG con barcos en la zona.
Según un informe de la organización británica Institute of Race Relations, al menos 45 activistas han afrontado en los últimos dos años acusaciones de este tipo en Europa, entre ellos tres bomberos sevillanos de Proem-Aid, detenidos en enero de 2016 en Lesbos (Grecia) al regresar de una misión de rescate. Actualmente se encuentran en libertad bajo fianza a la espera de juicio.
“Hay un peligro de criminalización de la labor de las organizaciones que defienden los derechos humanos porque su trabajo resulta muy molesto al exponer ciertas situaciones y contradicciones de las políticas europeas”, afirma a este semanario Francisco Segovia, de la Fundación Abogacía, del Consejo General de la Abogacía Española.
“El caso de Helena es muy claro”, añade. “Desde el momento en que se la acusó, hemos estado haciendo un seguimiento de su caso y dando nuestro apoyo, en contacto con otras organizaciones, desde la convicción de que no ha cometido ningún delito y de que solo está defendiendo los derechos de los migrantes”.
El vicepresidente del Consejo General de la Abogacía acompañó el 5 de diciembre a Helena Maleno en su comparecencia ante el Tribunal de Apelación de Tánger, donde la activista –asistida por el Consulado español– logró una primera victoria, al conseguir el aplazamiento de la vista hasta el día 27 para “poder estudiar el expediente judicial”. Hasta ese momento ni siquiera tenía claro de qué se la acusa.
“Por momentos pienso que es una pesadilla”, dice Maleno desde Marruecos a Alfa y Omega. “Esto es demasiado grande para lo pequeña que yo soy. Creo en la vida, nadie debería morir en el mar. La solidaridad y el amor al prójimo no deberían ser criminalizados”.
Maleno muestra confianza “en la justicia marroquí”. Sus críticas van más bien dirigidas contra las autoridades españolas. “Pienso en lo que la Policía española ha llegado a decir de mí y no me lo puedo creer”, afirma.
Desde su entorno hablan de “persecución”. Toda la acusación se sostiene en llamadas de socorro intervenidas de inmigrantes a Helena Maleno, explica el hijo de la activista, Ernesto G. Maleno. La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), perteneciente a la Policía Nacional, remitió las conversaciones a la Audiencia Nacional, pero la Fiscalía archivó las acusaciones en abril de 2016.
El mismo informe de la UCRIF sostiene ahora las acusaciones en Marruecos, donde ya la justicia desestimó en el pasado otras causas contra ella. “Lo que no sabemos es quién lo ha trasladado, pero es el mismo informe”, aseguran desde la organización Women’s Link, que coordina la red de apoyo a Helena Maleno de unas 80 organizaciones, entre ellas la Coordinadora de ONGD, la Red intereclesial Migrantes con Derechos o el Servicio Jesuita a Migrantes.
Según la legislación española –resaltan las mismas fuentes–, el delito de trata, cuando ha sido cometido por un ciudadano español, aunque sea en el extranjero, le corresponde juzgarlo a la Audiencia Nacional. Al haberse archivado esa causa en España, no cabe la colaboración para su reapertura en otro país, pero una mano negra ha intervenido para que las cosas transcurran de otra forma.
