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Texas y la niña mexicana en ambulancia que es “sospechosa”

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Así lo dieron a entender las autoridades federales de migración que la siguieron durante todo su trayecto

Rosamaría Hernández (10 años de edad) tiene parálisis cerebral. Fue detenida por autoridades federales de migración en el Estado de Texas (Estados Unidos) tras haber pasado el puesto de verificación de la Patrulla Fronteriza, en su camino a un hospital, para someterse a una cirugía de emergencia de la vesícula biliar.

 

Detenida y custodiada

La ambulancia que portaba a la pequeña –que fue llevada ilegalmente por sus padres a los tres meses de edad a vivir a la ciudad de Laredo (Texas) para que tuviera mejor atención por su parálisis cerebral—hacía una transferencia de un centro médico de Laredo a otro más especializado en Corpus Christi cuando, a las 2 de la mañana del pasado martes 24 de octubre, fue detenida por los agentes de la Patrulla Fronteriza, según ha relatado a The New York Times, la familia de Rosamaría (quien nació en la vecina ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México).

Los agentes federales de inmigración dejaron continuar a la ambulancia hacia el Hospital Infantil Driscoll de Corpus Christi, pero la siguieron el resto del camino y varios de ellos esperaron fuera de la habitación de Rosamaría hasta que fue dada de alta por el personal médico que la operó.

Para el miércoles 25 por la tarde, siempre de acuerdo a las versiones de la familia y de los abogados que han tomado el caso, “los agentes de inmigración la llevaron a una instalación en San Antonio donde los niños migrantes que llegan solos a Estados Unidos desde América Central generalmente son retenidos, a pesar de que sus padres (de Rosamaría), que carecen de estatus legal, viven a 150 millas de distancia en Laredo (Texas)”.

El que hayan puesto a Rosamaría allí en el centro de detención de niños viajando solos desde Centroamérica, en la cercanía de la ciudad de San Antonio, destaca las circunstancias inusuales de su caso: el gobierno federal mantiene centros de detención para inmigrantes adultos que planea deportar, instalaciones para familias que llegan juntas a la frontera y albergues para niños que vienen por sí mismos, conocidos como “menores no acompañados”.

Pero es raro, si no increíble, que un niño que ya vive en los Estados Unidos –como Rosamaría Hernández, desde los tres meses de edad- sea arrestado, particularmente un menor con una condición médica grave (parálisis cerebral) y en recuperación (de una cirugía de emergencia en la vesícula).

Como si fuera miembro de una pandilla

Los agentes migratorios han, sin embargo, detenido a algunos adolescentes quienes les resultan sospechosos de ser miembros de pandillas como la MS-13, una pandilla con raíces en Los Ángeles y en El Salvador a la que tanto el presidente Donald Trump como el Abogado General de la Nación, Jeff Sessions han condenado repetidamente. Pero el asunto de Rosamaría nada tendría que ver con una pandilla o mara salvadoreña…

La política migratoria del presidente Trump, en general, se ha endurecido en todo el país y ha eliminado todas las disposiciones que había tomado la administración del presidente Obama para la deportación, solamente, de aquellos inmigrantes no autorizados que recién llegaban al país o de quienes tuvieran antecedentes criminales.

Entre el día de la inauguración del mandato de Trump (20 de enero de 2017) y principios del mes de septiembre, los arrestos de inmigrantes, según el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) han aumentado 40 por ciento con respecto al mismo período de 2016.

“El hecho de que hayan gastado tanto tiempo y recursos para seguir a esta chica, tratarla como si fuera el criminal de más alta prioridad que haya pisado esta tierra, la forma en que la tratan, es más allá de lo que es una niña de 10 año; los niños con necesidades especiales deben ser tratados de manera diferente”, dijo Priscila Martínez, una activista de inmigración del Workers Defense Action Fund, que está ayudando a planificar mítines para Rosamaróa en Laredo y Corpus Christi.

El caso de Rosamaría es, quizás, “el ejemplo más extremo en la memoria reciente de un dilema que acecha inmigrantes no autorizados que viven en el Valle del Río Grande, al sur de los puestos de control de la Patrulla Fronteriza: obtener atención médica especializada a menudo requiere ir a médicos y hospitales más al norte, pero cruzar los puntos de control podría significar detención y deportación”, termina diciendo el reportaje del rotativo neoyorquino.

Con información de The New York Times

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