“Es un tema que inquieta y duele porque la minería ilegal está devastando amplias zonas del territorio nacional”.
Así se expresó el contralor general de Colombia, Edgardo Maya Villazón, en diálogo con la prensa luego de que se diera a conocer el informe anual del estado de los Recursos Naturales y del Ambiente (2016-2017).
Pero al mismo tiempo deslizó un dato alarmante: en Colombia, el 80% de la explotación minera es ilegal, aspecto que lo llevó a reflexionar acerca de la “ineficaz acción del Estado” para abordar el tema de la explotación minera.
En base al Ministerio de Defensa Nacional, el informe establece que la minería ilícita ocurre en 25 departamentos del territorio colombiano y los minerales que concentran la mayor parte de la minería ilegal son: carbón (40%), materiales de construcción (60%) y metales preciosos (85%).
Por otro lado, en el informe se hace foco en el tema de las sanciones y cómo a lo largo de los años las normas mineras en Colombia de alguna manera han amparado a las actividades denominadas “ocasionales, tradicionales, informales y artesanales” inscritas en los procesos de formalización a pesar de la omisión en cuanto a licencias ambientales, etcétera.
“Pasivos ambientales”
A consecuencia de esta actividad se generan impactos negativos ambientales de carácter irreversibles y devastador, por lo cual es de orden la necesidad de contar con una licencia ambiental. Por ende, las actividades mineras ilícitas, al no tener control y seguimiento, termina configurando “pasivos ambientales”, siendo otros de los puntos de rápida atención.
“Son muy pocos los casos en que se cierra la actividad minera, no en todas las sanciones imponen medidas de reparación y compensación, en muchos casos caduca la facultad sancionatoria”, señala el informe
“No se percibe que las acciones del Estado relacionadas con la fiscalización, seguimiento, monitoreo y control conduzcan al cierre efectivo de las minas cuya explotación se realiza ilegalmente”, establece el informe.
“Los agentes que incumplen las normas, causando impactos o daños ambientales no deben asumir los costos de reparación y compensación del daño ambiental. Por lo tanto, no se logra ni atenuar ni disminuir la generación de pasivos ambientales”, indica.
Estas son tan solo algunas de las pinceladas que esboza el informe y en particular su capítulo cuarto, que no en vano se titula: La minería ilegal en Colombia: una política por construir.
Apoyo del Congreso
“Tenemos que detener el avance del deterioro de los recursos naturales. Desde octubre del año pasado presentamos un proyecto al Congreso para combatir la extracción ilícita de minerales, con el cual buscamos tener nuevas herramientas para combatirlo”, expresó a El Colombiano el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, quien recordó la necesidad del apoyo a nivel del Congreso para avanzar en los temas que pone sobre la mesa Contraloría.
Una vez más esta situación vuelve a poner sobre la mesa el dilema entre el desarrollo económico del país y de qué manera se explotan los recursos para tales fines. La minería en Colombia está sumergida en la ilegalidad, quizás no es novedoso pues desde hace años se viene luchando contra ello, pero sí llama la atención el avance y merece rápida acción.
Sin dudas una situación que también debe hacer recordar que detrás de todo esto hay personas que deben ganarse su sustento diario, pero a costa de exponerse a los riesgos que conlleva la ilegalidad: informalidad laboral, riesgos para salud, entre otras tantas cosas, como las medioambientales.
Con información de Informe Anual del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente (2016-2017) y El Colombiano
Hoy celebramos a...