“No sé qué vamos a hacer con el agua aquí en el Chocó”. Estas palabras, que no son de ahora, no pierden vigencia y pertenecen al sentir de varios habitantes de este departamento colombiano ubicado al noreste del país. Aunque, gracias a un reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional de Colombia, aparece una luz de esperanza.
Es que muchas personas han utilizado por años las aguas de estos ríos afectados por la minería ilegal para lavar, comer, asearse y hasta para pescar, algo que para muchas familias representa una fuente de ingreso, recuerda un reportaje de RCNhace elaborado hace un tiempo.
Sin embargo, la minería ilegal en esta zona colombiana desde hace años está provocando la contaminación de las fuentes de agua, que incluso han cambiado su color debido a una actividad “depredadora con el medio ambiente”.
Justamente, la utilización del mercurio y la remoción de tierras a las orillas de los ríos es lo que está perjudicando de mayor manera. Y todo con un único fin, la búsqueda principalmente de oro.
Detrás de esta situación también aparece el drama de los mineros informales o artesanales, que a pesar de que muchos son conscientes de que su trabajo afecta las aguas, ponen por encima de todo su trabajo y lo que muchos de ellos consideran, la única manera de mantener a sus familias.
A eso se suma el tener que convivir con la constante amenaza de la persecución de la ley, que a través de agentes policiales desarrolla variados operativos, algunos de ellos hasta cinematográficos, para combatir esta forma de explotación y destruyen sus herramientas de trabajo y lugares de campamentos clandestinos.
Según datos reportados por El Tiempo de Bogotá, en los últimos meses agentes policiales han localizado y destruido 30 dragas en el Río Quito en Chocó, uno de los lugares con mayor explotación de oro con utilización de mercurio.
Cada una de estas herramientas (dragas) saca un kilogramo de oro cada tres días y requiere al menos 10 kilos de mercurio que tiran al río y liberan en la atmósfera, prosigue El Tiempo. Las imágenes aéreas de la zona suelen ser devastadoras, los ríos sucios y de color marrón, además de profundas huellas en la tierra.
Pero no solo en la tierra y el agua deja su marca esta actividad, pues el mercurio también afecta la salud de los pobladores locales de forma silenciosa.
Por otro lado, para atender a esta población de mineros ilegales, de alguna manera errante y clandestina, se han lanzado diversas iniciativas. Por ejemplo, recientemente la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) le cambiará este año el color a 8.500 hectáreas afectadas por la minería ilegal con el programa ‘Oro Legal’, que ayudará a establecer 1.200 cultivos de achiote, indica El Tiempo, que tiene un colorante natural y componentes básicos demandados por diversas industrias Con este proyecto lo que se busca es ofrecer una actividad productiva alternativa.
La pregunta que surge es si finalmente la propuesta terminará siendo más atractiva que lo que puede ofrecer la actividad ilegal minera. Al mismo tiempo surgen otras voces que defiende la actividad minera como factor productivo, siempre y cuando sea legal con las medidas adecuadas para que no afecten el medio ambiente, aunque también a veces como contrapartida no deja de estar presente el impacto social.
Más allá de esto, la situación de la minería ilegal preocupa y sigue siendo un tema dramático no solo por la situación medioambiental, sino también por la salud de los pobladores y el choque con diversos grupos que quieren hacerse del control del negocio, como narcotraficantes y guerrilleros del ELN, entre otros.
Recientemente, la Corte Constitucional de Colombia, con un pronunciamiento inédito, hizo un fuerte llamado de atención al Gobierno por no haber impedido el desarrollo de esta actividad en los últimos 20 años. A través de un duro mensaje, los magistrados, indica El Tiempo, entienden que la minería ilegal ha generado una “grave vulneración de derechos fundamentales” de las comunidades afrodescendientes en indígenas de la región, que es un de las más biodiversas del mundo.
En este caso, la Corte hizo foco en el río Atrato y reconoció que “este río, su cuenca y afluentes son un sujeto que tiene derechos”. Debido a esto, la Corte le dio un plazo de seis meses para el inicio de un “plan de acción” para detener la minería ilegal en Chocó, además de ordenar una “regulación nacional para el comercio del oro”. El pronunciamiento de la Corte no se agota aquí y explora también medidas contra la contaminación, actualizar el Código Minero, etcétera.
¿Hasta cuándo seguirá el drama de la minería ilegal de Chocó? A pesar de todo esto la respuesta aún no es clara, pero al menos la decisión y el foco de la Corte genera esperanza y una gran oportunidad para que la población de Chocó en el futuro pueda volver a servirse de sus afluentes sin temores.
Hoy celebramos a...