Los campesinos son las principales víctimas, quienes perdieron sus tierras y fueron desplazados
Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haga una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el suyo.
Colombia es uno de los principales productores de aceite de palma en el mundo, un cultivo utilizado por muchos para sustituirlo por los ilícitos. Sin embargo, detrás de este cultivo -que se siembra desde hace más de 50 años en el país- también hay historias de campesinas desplazados a raíz de la alianza entre paramilitares y productores de aceite de palma bajo un manto de ilegalidad.
“O vende la tierra o se la compro a la viuda”, es una de las tantas frases que alguna vez se escuchó en la zona del bajo Atrato Chocano, en la zona del Pacífico colombiano, tal cual refleja un reportaje realizado por El Espectador.
Recientemente, el Tribunal Supremo de Medellín condenó a 10 años de prisión al empresario palmero Antonio Zúñiga por haberse asociado, según la justicia, con Vicente Castaño, un reconocido paramilitar y narcotraficante colombiano, para despojar a comunidades de esa zona de Colombia para quedarse con sus tierras y expandir el cultivo de palma, reproduce el medio colombiano.
La justicia estaba tras las pistas de este empresario, principal accionista de la empresa Urapalma, desde hace 10 años. Sobre él recaían varias denuncias de parte de campesinos y pobladores de esa zona de Colombia.
Pero esta condena que se conoció hace poco forma parte de un proceso minucioso de investigación de parte de la Fiscalía que terminó vinculado a unas 90 personas con los desplazamientos de más de 5.000 habitantes en la zona.
De alguna, gracias a esta apropiación ilícita de tierras, tanto los paramilitares como los empresarios vinculados a este cultivo pudieron montar negocios suculentos con proyectos agroindustriales. Como contraparte, los lugareños tuvieron que dejar sus tierras.
Pero la resolución del Tribunal Supremo de Medellín termina esclareciendo una situación que ha tenido a mal traer a miles de campesinos. No obstante, a pesar de representar un gran avance, aún falta mucho por hacer, pues hay algunas voces que están alertando la presencia de “neoparamilitares”. En base a esto se denuncia que varios terrenos están siendo utilizados por ocupantes de mala fe en ganadería extensiva, agrega El Espectador.
“Palma-Paramilitarismo”
El vínculo no es novedoso y desde hace años se viene denunciando la situación. Si bien ha sido un cultivo promovido como sustituto de los cultivos ilícitos –durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe hubo una fuerte motivación a desarrollarlo- al mismo tiempo en el departamento de Chocó ha sido vinculado con el despojo de tierras.
Desde la propia Diócesis de Quibdó hubo hace algunos años denuncias contundentes sobre la relación entre masacres y ofensivas paramilitares –en varios casos con el apoyo del Ejército- para dar paso a grandes proyectos de palma africana, recuerda un artículo publicado en la revista Semana en el año 2006.
Por otro lado, y a pesar de que detrás del cultivo de palma muchos hablan de contaminación ambiental en cuanto a sus daños a los bosques, están los defensores nucleados en la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), quienes piden no “estigmatizar” al cultivo.
Según ellos, en Colombia se ha cultivado de forma mayoritaria en zonas aptos para la agricultura y no en selvas vírgenes. Al mismo tiempo indican que gracias a este cultivo es posible el desarrollo de empleos, además de otros beneficios.
Pero más allá del cultivo en sí –y las polémicas que pueda suscitar- alrededor del negocio hubo miles de víctimas que han tenido que abandonar sus hogares de origen y para quienes claramente la alianza entre empresarios del sector y paramilitares representa algo sumamente peligroso.
Con información de El Espectador y Semana
