Han pasado ya más de 45 días desde que el pasado 26 de septiembre seis personas perdieran la vida y 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa desaparecieran en Iguala, Estado de Guerrero (México).
Hasta el momento no se ha confirmado lo que pareciera ser un hecho: su muerte a manos del crimen organizado, en contubernio con las autoridades civiles y policiacas de Iguala y de Guerrero. El escándalo ha salpicado a todo el país.
En este sentido, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional en vivienda realizada por la empresa Parametría, nueve de cada diez mexicanos se enteraron de este lamentable evento, el cual ha ocupado las primeras planas de diarios nacionales y extranjeros.
En la mayoría de la opinión pública consultada por Parametría, no hay confianza en las autoridades, ya que siete de cada diez mexicanos (66 por ciento) entrevistados consideran que las autoridades no atraparán a los responsables de la desaparición de los estudiantes. De hecho, únicamente el 26 por ciento confía en que se haga justicia en el caso.
La verdad no ha llegado a Ayotzinapa
Con el lema, La verdad aún no ha llegado a Ayotzinapa; queremos la verdad, exigimos la justicia, un grupo de organizaciones religiosas ha realizado un “pronunciamiento creyente” sobre este tema que ha hecho tambalearse al régimen mexicano.
Los organismos, en su mayor parte católicos, advierten que en las últimas décadas, “hemos sido testigos de la desaparición de inocentes, en algún momento sólo como espectadores. Sin embargo, hoy los hechos que manifiestan la desaparición forzada de 43 jóvenes y el asesinato de 6 personas más el 26 de septiembre pasado -algunos de ellos recién salidos de la adolescencia- han despertado la indignación de la sociedad en general”.
Más adelante constatan que estos crímenes engrosan más la dolorosa e indignante lista de víctimas en Guerrero y de los más de 22 mil desaparecidos en el país, sin contar a los miles de migrantes, de cuyo paradero no tenemos información. Lo anterior nos permite constatar que esta realidad, más allá de ser un caso aislado, se ha vuelto una práctica estructural denigrante”.
Tras exigir, una vez más, justicia para las familias de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, las organizaciones religiosas y civiles que firmaron el documento sostuvieron que “el derecho a la verdad de las personas víctimas directas o indirectas, como son los padres y madres de familia y los estudiantes desaparecidos forzadamente, no permite aceptar ningún avance como válido y verdadero sin la presencia de pruebas fidedignas”.
Por encima de todo, el bien común
A las organizaciones les parece “lamentable” que únicamente se haya presentado una línea de investigación que tiene que ver con restos humanos y que se mostraran algunos testimonios sin pruebas de que realmente son las personas desaparecidas.
“Esto confunde a la opinión pública y denota falta de seriedad, sobre todo estando en un momento crítico, que exige la responsabilidad de los diversos actores políticos. Consideramos que sigue siendo prioritaria la línea de investigación que privilegia la búsqueda con vida de los 43 normalistas”.
Finalmente, hicieron un llamado “urgente” a las autoridades “para que antepongan el bien de las y los ciudadanos antes que cualquier otro interés político, comprometiéndose a estar de parte de las víctimas, respetando y cumpliendo con responsabilidad los compromisos acordados con los familiares de los estudiantes”.
Terminaron diciendo que las diversas tradiciones religiosas, comunidades creyentes y la sociedad civil “ratificamos nuestro compromiso de seguir manifestando nuestra solidaridad, orando por los desaparecidos, denunciando los actos de injusticia e impunidad, sumándonos a las acciones y acompañando a las comunidades y pueblos en este momento de esta crisis humanitaria que vivimos en el país”.