Un informe sobre los centroamericanos encarcelados en México, en su tránsito hacia Estados Unidos, llamado “Migrantes en Prisión” y elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) así como por el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (UIA) del campus de la Ciudad de México, ha dejado en claro los incumplimientos del Estado mexicano en su obligación de proteger los derechos de las personas migrantes detenidas.
Las cuatro fallas del sistema
El informe señala que cuatro faltas fundamentales en contra de los migrantes centroamericanos: la falta de asistencia consular; la discriminación; la presunción de inocencia y las trabas que enfrentan los migrantes encarcelados al debido proceso al que tienen derecho, como cualquiera otro ciudadano del mundo. Es tal la criminalización de los migrantes que muchos están renunciando voluntariamente a pelear por su inocencia y están renunciando a su periodo de ofrecimiento de pruebas, aceptando la responsabilidad del delito por el que son acusados. Prefieren hacerlo así para “agilizar su salida, pues, en caso que decidan defender su inocencia, implica que se prolongue su estancia en el penal y con posibilidades de ser condenados de cualquier forma”.
Por otra parte, el informe de los dos organismos de inspiración jesuita señala que “los migrantes desconocen el sistema de procuración y administración de justicia lo que da más margen a los funcionarios a cometer irregularidades”, entre las cuales se encuentran desde el debido proceso hasta la vulneración de la libertad personal, la tortura y el derecho a la integridad personal. Policías y ministerios públicos son señalados en el informe como los principales hostigadores de los migrantes en su paso por México.
Por ejemplo, la Casa del Migrante de Saltillo, en el Estado norteño de Coahuila, relata que mantiene comunicación con los siete migrantes presos en el penal de esa ciudad y asegura que, a excepción de un caso que ellos defienden, el resto “no han tenido acceso a una defensa adecuada”, que debería ser garantizada por el Estado, además que a “ningún migrante se le ha respetado su derecho a la asistencia consular al momento de su detención y etapa de averiguación previa”, relatan en el informe.
Adueñarse de la vulnerabilidad
“Las reos son uno de los sectores más vulnerables de la sociedad por su intrínseca condición de aislamiento, señala el informe, pero si además se trata de presos migrantes que estaban en tránsito por México la vulnerabilidad se multiplica, ya que como viajeros no cuentan con documentación que acredite su estancia regular en el país por lo que tienen miedo a ser descubiertos; vienen de una situación de marginación y desconocen la cultura, las leyes nacionales y a veces hasta el idioma”, se destaca en una de las partes del informe del PRODH y la UIA.
Pero además, una vez detenidos no sólo desconocen el sistema de justicia mexicano, sino que se encuentran en un país ajeno y sin redes sociales o familiares. Los migrantes presos tienen tres vías para mantener el contacto con su familia: las visitas familiares, las llamadas telefónicas y el correo postal. Pero su condición aumenta los obstáculos para mantener la comunicación por lo que frecuentemente pierden prácticamente todo contacto directo con su familia.
En México se desconoce absolutamente cuántos centroamericanos tiene el Estado en sus cárceles. Ante la falta de un registro que contabilice los migrantes presos o sentenciados en el país, el PRODH y el Programa de Asuntos Migratorios de la UIA se dieron a la tarea de preguntarlo Estado por Estado.
Cifras que no concuerdan
Después de múltiples solicitudes de información hechas entre el 27 de mayo y el 17 de octubre del año pasado, que, finalmente, contestaron 27 de las 32 entidades federativas de México, el PRODH y la UIA contabilizaron mil 219 centroamericanos en prisión. Los organismos del Estado apenas contabilizan 354 centroamericanos presos. El resto es un número indefinido de presos “sin nombre”, encerrados en celdas “sin número”.
De los mil 219 centroamericanos presos, 972 se encuentran en penales estatales y 247 en penales federales. El 45 por ciento son guatemaltecos y el 34 por ciento hondureños. La mayoría no tienen sentencia y están a la espera de juicio. A casi la tercera parte de los presos en penales estatales se les imputa el delito de robo. El resto de delitos más frecuentes son, en este orden: homicidio, delitos sexuales y delitos contra la salud, en diversos grados.
Hoy celebramos a...