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La ejecución de Edgar Tamayo en Texas violó los acuerdos internacionales

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Tamayo fue ejecutado con una inyección de barbitúrico de acción rápida en la cárcel de Huntsville

La ejecución del mexicano Edgar Tamayo Arias plantea muchas interrogantes de la comunidad internacional que Estados Unidos y, más aún, el Estado de Texas, parece no estar dispuestos a escuchar.
 
Sin olvidar las condiciones de la condena (un asesinato), los especialistas en el tema han dicho que Tamayo no tuvo el debido proceso y no se puede condenar a la pena capital a alguien que se encontraba en esa circunstancia.
 
Contra toda protesta
 
Las negociaciones diplomáticas y las manifestaciones tanto en México como en muchos otros países del mundo, que buscaban evitar que la inyección letal le fuera aplicada a Tamayo en una prisión al norte de Houston, no rindieron ningún efecto.  La pena de muerte se ejerció, otra vez, sobre un hispano.
 
Tamayo fue ejecutado con una inyección de barbitúrico de acción rápida en la cárcel de Huntsville. A las 9.32 pm, hora local en Texas, fue declarado muerto por el médico de la prisión.  El capellán, que sostenía un ejemplar del Nuevo Testamento en sus manos le preguntó a Tamayo si quería decir algunas palabras, a lo que el reo de origen mexicano dijo que no.
 
La ejecución tuvo tres horas de retraso sobre el horario previsto, tras de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazara el último recurso de los abogados del mexicano
 
Tamayo fue condenado a muerte por el asesinato del policía de Houston Guy Gaddis en enero de 1994.  Pasaron veinte años hasta el día de su ejecución.  En una de sus últimas declaraciones, Tamayo dijo que veinte años eran muchos, y que estaba listo para morir.
 
Desde que se instaló la pena capital en Estados Unidos, 17 presos de origen latino han sido ejecutados.  Con Edgar Tamayo llegaron a 18 y en fila vienen varias ejecuciones más.
 
Hispanos en el “pasillo de la muerte”
 
La sentencia de pena capital próxima es para el mexicano Ramiro Hernández, quien se encuentra en la antesala de la muerte por el asesinato del propietario de un rancho para el que trabajaba y por violar a la esposa de éste. Sería el 9 de abril de este año cuando lo ejecuten.
 
Más tarde seguirá el hondureño Edgardo Rafael Cubas, de 35 años, quien fue condenado a muerte luego de ser acusado por secuestrar, violar y asesinar a una chica de 15 años.  Iba a ser ejecutado este 16 de enero, pero fue aplazada la pena capital para el 29 de mayo de 2014.
 
Jose Luis Villegas, quien lleva doce años en la cárcel tras haber sido acusado de apuñalar más de 20 veces a tres víctimas: su madre, su hija de tres años y una mujer de 24 años, también está sentenciado a pena de muerte, misma que podría ejecutarse el próximo 16 de abril.
 
Hay 51 reos mexicanos condenados a muerte –dos de ellos ya ejecutados, el segundo Edgar Tamayo—que están dentro de lo que se conoce como caso “Avena”.  Desde 2004, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Estados Unidos revisar los casos de estos mexicanos que fueron arrestados y procesados sin dar aviso al consulado mexicano.
 
Falta de respeto a la comunidad internacional
 
La ejecución de Edgar Tamayo se produjo tras una fuerte polémica internacional que pone nuevamente en el centro de la atención al Estado de Texas, y en medio de protestas de organizaciones políticas y sociales que denunciaron que el preso no tuvo una defensa legal adecuada.
 
Gaby Domenzain, portavoz de las abogadas de Tamayo, dijo al concluir la ejecución que "no sólo el gobernador de Texas, Rick Perry, y el procurador del Estado, Greg Abbott, faltaron a su palabra, sino que también le faltaron al respeto a la comunidad internacional, a la mexicana, a Estados Unidos y a Texas".
 
La abogada Sandra Babcock, representante legal de Tamayo, dijo que una vez más el Estado de Texas "ha ignorado las leyes de Estados Unidos y los tratados internacionales", y reiteró que de haber contado con asistencia consular durante su juicio, Tamayo "no hubiera sido condenado a muerte".
 
"Es necesario que el Congreso de Estados Unidos actúe con prontitud en la aprobación de una ley que garantice el respeto a la notificación consular, y que proporcione los mecanismos para hacer que estados como Texas lleven a cabo la revisión de los casos de los mexicanos condenados a muerte en el país", subrayó Babcock.

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