Tras dos años de trabajo, la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores publicó el 29 de octubre de 2024 su primer informe sobre el estado de la lucha contra los abusos en la Iglesia católica. El documento de 95 páginas da la impresión de que las Iglesias locales tardan demasiado en poner en marcha procedimientos y que la gestión de los casos es opaca, sobre todo en Roma.
"La Iglesia ha fracasado" en la protección de los más vulnerables y "nada será nunca suficiente para reparar completamente" el daño infligido. Esto es lo que dijo el cardenal Sean Patrick O'Malley a las víctimas de abusos al inicio de la conferencia de presentación del informe en el Vaticano. El Presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores reconoció inmediatamente las limitaciones de este informe, el primero de este tipo en la historia.
"El trabajo por hacer es enorme", confesó el hombre que fue nombrado responsable de la diócesis de Boston en 2003. Allí, el equipo "Spotlight" de The Boston Globe acababa de publicar sus investigaciones sobre los curas pederastas de la diócesis, provocando la dimisión del cardenal Bernard Law.
El cardenal estadounidense de 80 años, que se ha convertido en el eje de la lucha contra la pederastia en la Iglesia, acudió a presentar un informe encargado hace dos años por el Papa Francisco. Las instrucciones del pontífice eran sencillas: "Dar cuenta fidedigna de lo que se hace actualmente y de lo que hay que cambiar" en la lucha contra los abusos en la Iglesia.
En la mente del Papa en aquel momento, esta "auditoría clara" anual pretendía obligar a la Iglesia a ser transparente y a tomar medidas. Es "una herramienta de conversión en sí misma", afirman los autores del documento, entre los que se encuentra Maud De Boer Buquicchio, abogada responsable del informe. Entre 2014 y 2020, esta holandesa fue relatora especial de Naciones Unidas sobre la venta y explotación sexual de niños y presidenta de ECPAT, asociación que lucha contra la pornografía infantil, la prostitución y la trata de menores.
El documento de cien páginas es un "piloto", como insisten sus autores. No pretende analizar todos los procedimientos vigentes en el mundo.
Para esta primera edición, solo se presentan brevemente 17 países. El informe expone los retos a los que se enfrentan estas iglesias locales en materia de protección y propone una serie de recomendaciones. Según su orden del día, después de 5 o 6 informes anuales, la comisión habrá examinado el conjunto de la Iglesia católica.
Además de las Iglesias locales, los autores se centraron en dos departamentos de la Curia Romana. Tanto en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, encargado de juzgar los abusos más graves, como en el Dicasterio para el Clero, que se ocupa de más de 400 mil sacerdotes, los autores señalan falta de transparencia y rapidez en el tratamiento de los abusos, y carencias en materia de prevención.
Los miembros de la comisión desean una mejor coordinación para que los distintos niveles eclesiásticos puedan estar realmente al servicio de las víctimas. Entre sus recomendaciones, creen que la redacción por el Papa de una encíclica sobre la protección de los menores y las personas vulnerables sería un acto poderoso para unificar la lucha contra los abusos.
Estas son las conclusiones del primer informe:
Carencias de las iglesias locales en materia de protección
La Comisión constata que la situación dentro de las iglesias locales es muy variada. Algunas están fuertemente comprometidas con la lucha, mientras que otras están "solo al principio" y adolecen de "una preocupante falta de estructuras de comunicación y servicios de apoyo".
La Comisión se centra con más detalle en cuatro conferencias episcopales de cuatro regiones geográficas: México, Papúa Nueva Guinea, Bélgica y Camerún. Para cada una de ellas, explica cómo realizó su encuesta e informa sobre los mecanismos establecidos.
En México, solo respondieron 20 obispos, el 20% de las 98 diócesis del país. Aunque la comisión vaticana se felicita por las medidas adoptadas -como la presencia de una unidad de protección de menores en cada diócesis-, constata "importantes barreras culturales" a la denuncia, que constituyen "un claro impedimento al proceso de justicia". En particular, señala la dificultad de las relaciones con las autoridades civiles, la falta de financiación y formación, y las deficiencias en la supervisión.
También en Papúa Nueva Guinea se critica la falta de recursos financieros, de expertos, de estructuras diocesanas, de apoyo y consideración a las víctimas, y la ausencia de acuerdos con las autoridades civiles. La comisión constata una "deficiencia persistente" en la gestión de los casos y pide mejoras en la recogida de datos.
Bélgica -país que el Papa acaba de visitar- tampoco se ha librado: mientras que la mala gestión y la "inacción" de la jerarquía han minado la confianza de la sociedad en la Iglesia, la comisión pide una mejor supervisión de los sacerdotes belgas en misión en el extranjero y de los sacerdotes extranjeros en suelo belga, señalando que estos últimos son "reacios" al concepto de protección de menores. Señala que los informes "no siempre están bien articulados ni son coherentes" y pide participar en su revisión, recomendando también una formación "obligatoria" para los laicos que trabajan en organizaciones caritativas católicas.
Por último, en Camerún, la Comisión denuncia una falta de recursos financieros y humanos que impide la creación de mecanismos "fiables". También reconoce las "fuertes presiones sociales" que obstaculizan la denuncia, fomentando "una cultura del silencio y el tabú en torno a los abusos sexuales".
Otros 13 países:
De los otros 13 países estudiados, en Ruanda, la Comisión "no observó la existencia de un mecanismo de verificación y control". La Iglesia de Costa de Marfil acusa a la "falta de datos" sobre abusos sexuales y a la falta de estructuras de protección. En Sri Lanka, los instrumentos de lucha contra los abusos no están actualizados. En Colombia, donde respondieron la mitad de los obispos, reconocen las "limitaciones e incumplimientos" de sus protocolos, que han causado "más dolor" a las víctimas. La Comisión pide la creación de un grupo de apoyo y quiere trabajar conjuntamente para resolver todos los "puntos críticos".
En la República Democrática del Congo, incluso entre los obispos, afirma el documento, existe un "estigma" vinculado a la lucha contra los abusos, que "se considera una ideología occidental impuesta que no responde a los desafíos africanos". La comisión no recibió respuesta al cuestionario quinquenal enviado antes de la visita de los obispos a Roma. Sin embargo, el texto afirma que la comisión ha sido informada de que "las respuestas se enviarán en breve".
La Comisión lamenta no haberse reunido con los obispos de Burundi durante su visita ad limina, pero se felicita por la calidad de su informe y espera poder trabajar con ellos en el futuro. El mismo llamamiento a una mayor sensibilización se hizo en los demás países mencionados, como Togo, Sudáfrica y Zambia. En Ghana, la Comisión expresó su preocupación por "los fuertes tabúes que pesan sobre los homosexuales y por ciertos proyectos de ley que podrían obstaculizar la denuncia de las víctimas".
La lentitud y la opacidad de la Curia Romana al descubierto
"Persiste la preocupación por la transparencia en los procedimientos y procesos legales de la Curia Romana". Esta es la crítica de la Comisión a los esfuerzos de la administración romana por combatir los abusos. Presentada como una "plataforma" capaz de compartir buenas prácticas, la Curia Romana, según la información facilitada a la Comisión, mantiene una cultura que tiende a alimentar "la desconfianza entre los fieles".
Este informe examina más concretamente la actitud de dos departamentos romanos en el ámbito de la protección. El primero es el Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF), que consta de una sección doctrinal -que vela por el respeto de la fe católica- y una sección disciplinaria. Es a esta sección a la que se remiten los delitos más graves cometidos en todo el mundo, como las agresiones clericales a menores o personas vulnerables.
La comisión escribe que algunos obispos han expresado su preocupación por la lentitud de los procedimientos del FDD. Es el caso, por ejemplo, de la Conferencia Episcopal Mexicana. Para los autores del informe, "la espera sin información ni actualizaciones puede ser fuente de más traumas para las víctimas".
A menudo criticada por sus procedimientos lentos y opacos, la sección disciplinaria cuenta con apenas una veintena de empleados que deben absorber cada año los nuevos casos de abusos graves cometidos en la Iglesia. Según nuestras informaciones, en 2019 se comunicaron a Roma mil 200 nuevos casos, y mil 100 en 2020. Por tanto, un empleado del dicasterio puede tener unos 60 nuevos casos al año que investigar y acumular un total de 150 casos.
Según nuestras informaciones, el 60% de los casos tratados por la sección se refieren a abusos sexuales de menores, es decir, más de 500 al año. La mayoría de estos casos proceden de regiones donde la población está más sensibilizada con el fenómeno: América del Norte, América Latina y Europa. "África en su conjunto está muy rezagada. Y Asia aún más", declaró a I.MEDIA un especialista en el tema.
En su informe, la Comisión confirma esta tendencia a su manera: "Gran parte de América Central y del Sur, África y Asia carecen de recursos específicos suficientes" para combatir los abusos.
Mejora de la colaboración entre el DDF y el departamento de Protección de Menores
Otra crítica formulada por los autores es la falta de transparencia en relación con las actividades del dicasterio. Normalmente, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe nunca hace públicas sus decisiones judiciales, sino que las comunica confidencialmente a la diócesis del clérigo afectado. El informe no cuestiona este principio de subsidiariedad, pero considera "útil" explorar vías para aumentar la transparencia.
Entre las recomendaciones, los autores piden una mejor colaboración entre su comisión y el departamento. La Protección de menores depende oficialmente del DDF, pero es independiente. Según nuestras informaciones, ambos organismos colaboran muy poco. El informe recomienda una sinergia entre los esfuerzos de prevención (llevados a cabo principalmente por la comisión) y los esfuerzos disciplinarios (aplicados por la DDF).
Deficiencias en la selección de seminaristas
Otro departamento estudiado por los miembros de la comisión fue el del Clero, que supervisa a los más de 400 mil sacerdotes católicos que hay en el mundo. Aunque este departamento no es responsable de juzgar a los clérigos acusados de abusar de menores, sí tiene un papel decisivo en el discernimiento de los seminaristas, la formación y la prevención.
La comisión señala deficiencias en los procedimientos de selección de candidatos al sacerdocio, con evaluaciones psicológicas que, cuando indican riesgos, en algunos casos se subestiman. Al igual que el Sínodo sobre la Sinodalidad, que concluyó este mes en Roma, recomienda la participación de profesionales laicos.
Los formadores de los seminarios también deberían estar adecuadamente preparados para ayudar a los futuros clérigos a reconocer los riesgos de abuso y a conocer los códigos de conducta apropiados. "Estos códigos deberían exponerse públicamente en las instalaciones del seminario", afirma.
Otra recomendación: cada seminario debería identificar a una persona cualificada para recibir de forma confidencial las sospechas e informes de abusos.
Respuesta a las víctimas
La comisión también anima al Dicasterio a inspirarse en las normas de protección definidas por la comisión y explica que "todo el personal del Dicasterio debería recibir una formación adecuada". Las personas susceptibles de recibir denuncias confidenciales de delitos deben recibir formación, en particular para responder a las víctimas. Una vez más, la comisión señala que responder a las personas que han sufrido abusos es "un reto urgente".
"El desconocimiento de las medidas adoptadas en un caso concreto suele ser la primera fuente de nuevos traumas", reiteran los autores. En la Iglesia católica, a veces no se informa a las víctimas de las sanciones adoptadas contra su agresor.
A nivel de la Curia, la Comisión propone crear un "procurador" y un defensor del pueblo - equivalente al Defensor del Pueblo de la Unión Europea - para garantizar que las víctimas tengan un mejor acceso a la evolución de su caso.
