La muerte del joven Juan Pablo Pernalete, de 20 años de edad, ocurrida el 26 de abril de 2017 durante una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro Moros, es uno de los miles de casos denunciados ante la CPI. El hecho ha generado varias versiones buscando imponer su “verdad del oficialismo” por encima de lo sostenido por familiares, organizaciones de derechos humanos y denunciantes del caso.
En 2017, desde el ministerio de información del gobierno de Maduro, aseguraron que el estudiante había muerto por el impacto de una pistola de perno –de las utilizadas en la ganadería- responsabilizando a otras personas que participaban en las protestas.
Luisa Ortega Díaz, entonces fiscal general de la República y distanciada del mandatario venezolano, informó el 24 de mayo de 2017, que Pernalete fue impactado en el pecho. Fue a la altura del corazón y por una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana. Una vez en el exilio, el 15 de noviembre de 2017, denunció en La Haya (Países Bajos), el asesinato de 8.290 personas bajo supuestos crímenes de lesa humanidad. La ex fiscal acusó a Maduro y varios funcionarios de su gobierno.
En lo concerniente a Pernalete, Tareck William Saab, quien sustituyó a Ortega Díaz como fiscal general, cambió la primera versión oficial. Reconoció el 1 de mayo de 2021 que el estudiante murió del impacto recibido por la bomba lacrimógena en el pecho. Además, anunció:
“Se logró la imputación de 12 funcionarios por el delito de homicidio preterintencional en grado de complicidad”.
Así se ajustaron a la denuncia ante la CPI.
El caso de Pernalete no es único. En noviembre de 2017 Luisa Ortega Díaz expuso: “Estamos denunciando que en 2015 fueron asesinadas 1.777 personas por funcionarios policiales y militares; en el año 2016, 4.667 bajo las mismas condiciones; y hasta el mes de junio de este año se registró el asesinato de 1.846 personas”.
Consideró que los actos se cumplieron “bajo las órdenes del Ejecutivo, amparado en un plan que persigue el Gobierno de limpieza social, una razzia”, se le escuchó decir.
Entre los miles de asesinatos ocurridos en Venezuela figura el de Fernando Albán, el 8 de octubre de 2018. La primera versión del gobierno de Maduro, indica que fue un suicidio al lanzarse desde un décimo piso, cuando pidió permiso para ir al baño. La realidad es que murió mientras era torturado por funcionarios de seguridad del Estado.
Nuevamente la estrategia oficial cambia la primera versión. El 1 de mayo de 2021, Tareck William Saab anunció orden de aprehensión contra dos funcionarios del Sebin que custodiaban al edil de Caracas, por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga de detenido. Esto, después de sostener el suicidio y amenazar a quienes consideraran la versión donde se indica que murió ahogado con una bolsa mientras era torturado.
Pero existen miles de casos más. Por ejemplo, la muerte del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, ocurrida el 29 de junio de 2019, también con un cambio de versión por parte del Estado. La “Masacre del Junquito”, donde fueron ejecutados varios funcionarios liderados por Oscar Pérez, quienes se levantaron contra Maduro; y un largo etcétera...
Las denuncias ante la Corte Penal Internacional están recogidas en un expediente sustentado en las primeras acciones de la ex fiscal Luisa Ortega Díaz. Se le conoce como Venezuela I y, además, recoge la denuncia hecha el 26 de septiembre de 2018, por los gobiernos de seis países de la OEA: Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú contra su similar de Venezuela por violaciones a los derechos humanos.
La denuncia de estos gobiernos tiene un valor adicional. Los demandantes son firmantes del Estatuto de Roma y, en consecuencia, la Fiscalía de la CPI está obligada a tramitarla. De hecho, es la primera vez desde que la Corte comenzó a operar que un Estado parte denuncia a otro. Esto creó un hito en la historia del organismo.
No obstante, el gobierno de Argentina, presidido por Alberto Fernández se retiró de la denuncia en mayo de 2021 alegando su renuncia como miembro del Grupo de Lima. Al respecto, Tareck William Saab, valoró el retiro en los siguientes términos:
“Tiene un valor simbólico muy importante que tenemos que fijar con mucha atención, por algo lo hacen. El tema de Derechos Humanos no puede tener un sesgo político”, dijo.
Ambas acciones –la de Luisa Ortega Díaz y la de los países de la OEA- se conocen en la Corte de La Haya como Venezuela I y son las que, en principio, han sido las que han puesto al régimen venezolano bajo el escrutinio de la justicia internacional.
Venezuela II. Un segundo expediente fue presentado en nombre del gobierno de Nicolás Maduro en 2020 y contiene denuncias en contra de Estados Unidos. El argumento es que desde el Norte han impuesto sanciones en los últimos años contra funcionarios e instituciones públicas de Venezuela, considerando que atentan contra la democracia y violan los derechos humanos. Este asunto se conoce en la CPI como Venezuela II.
El Estatuto de Roma, establecido en noviembre de 1988, califica claramente los “crímenes de lesa humanidad” en el artículo 7. Una de sus características es que los puede conocer la Corte Penal Internacional y no prescriben. “Las víctimas de crímenes de lesa humanidad esperan por justicia y las pruebas consignadas ante ese organismo son irrefutables”, tuiteó este 14 de junio la ex fiscal Luisa Ortega Díaz.
La investigación, aclaratoria y decisión de estos casos serán parte de las tareas pendientes que recibe el nuevo fiscal La Haya, Karim Khan, quien asumió el cargo este 16 de junio, sustituyendo a Fatou Bom Bensouda, quien en los últimos meses había levantado reservadas expectativas para abrir las investigaciones sobre Venezuela.
Después de nueve años de ostentar el cargo, y a cuatro de recibir las denuncias del caso Venezuela I, Fatou Bensouda se retiró sin solicitar las investigaciones sobre los supuestos crímenes de lesa humanidad del gobierno de Nicolás Maduro. Pero las palabras del nuevo fiscal, no parecen ser un mero trámite y alimentan cierta esperanza:
“Me comprometo a cumplir con mis funciones y a ejercer mi poder como fiscal de la Corte Penal Internacional con honor, fidelidad, imparcialidad y concienzudamente” dijo al asumir la alta responsabilidad.
Los familiares de las víctimas y defensores de los derechos en Venezuela, siguen plantados en que se debe hacer justicia. Nuevamente, el próximo paso, es mantener esperanza en que el nuevo fiscal de la CPI proceda lo más pronto posible. Puede ser un proceso largo, difícil y engorroso, pero la peor diligencia es la que no se hace. El caso de Venezuela es una tarea pendiente que debe resolverse.
