Miles, y miles y miles de automóviles se congregaron por las calles de muchas ciudades españolas para protestar contra la Ley de Educación (LOMLOE). Se la conoce también como Ley Celaá, por el nombre de la ministra de Educación. Fue aprobada la semana pasada en el Congreso de los Diputados.
Las bocinas de los coches sonaban sin cesar. Era una protesta singular en periodo de Covid-19, pues los coches guardaban las distancias reglamentarias por el COVID.
Los manifestantes eran mayoritariamente padres y madres entre los 40 y 50 años, con sus hijos dentro del automóvil que gritaban “libertad”.
La ley fue aprobada por un solo voto de diferencia y provocó el levantamiento de toda la enseñanza concertada, o sea de toda la enseñanza privada que recibe fondos públicos.
La ley quebranta el único pacto educativo de consenso que ha tenido España desde el advenimiento de la democracia: fue el pacto Constitucional, recogido en su artículo 27. Sólo hace ahora 40 años.
Desde entonces, se han aprobado en el Congreso seis leyes educativas, tantas como gobiernos socialistas y del Partido Popular (centro-derecha) se han alternado en el gobierno.
Consenso roto
Con una lectura somera de la Ley Celaá es fácil comprobar que se ha roto el pacto constitucional, el cual establece, entre otras cosas: La libertad y gratuidad de la enseñanza en sus niveles obligatorios; la libertad de crear centros educativos; y también la libertad de los padres a elegir el centro educativo, de acuerdo con sus convicciones.
El pacto constitucional fue posible porque era el fiel reflejo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el tema de la libertad y acceso a la educación.
Sin embargo, desde el primer momento, los partidos de izquierdas se opusieron a la gratuidad total de los centros privados que recibían dinero público. Pues al recibir solo el 60 % del coste de la enseñanza (en relación con el coste real de la enseñanza pública), el 40 % restante lo debían aportar los padres que elegían este centro.
En realidad, nunca ha habido gratuidad en la enseñanza, y los centros concertados – la gran mayoría regidos por instituciones religiosas – tienen un coste para las familias.
Esto rompía con la libertad de elección, por una parte, y por otra rompía el principio de la gratuidad de la enseñanza para todos, sin excepción.
¿Sólo escuela pública?
¿Qué ha pretendido siempre la izquierda, que gobierna ahora con un gobierno de coalición entre socialistas y Podemos, un partido muy cercano al comunismo? Controlar la enseñanza, castigando económicamente y con leyes restrictivas la elección, por parte de los padres, de centro docente. Todo con el fin de crear una escuela “única, laica y gratuita”.
Es lo que quiere la Ley Celaá, pues la distribución de los alumnos entre los centros educativos se hace por una planificación del Estado, y no por la elección de los padres. Lo mismo que la creación de los centros educativos.
Desaparece la enseñanza diferenciada (separación de chicos y chicas), a pesar de que el Tribunal Constitucional aceptó este tipo de enseñanza porque es un modelo educativo.
Además, desaparecen los centros de Educación Especial. Aquellos en los que los niños y niñas necesitan ayudas especiales por sus disminuciones intelectuales con relación a los demás de su edad.
Con esta ley, deben ir todos juntos, pues un niño de 16 años, pero con una inteligencia de 8 años, debe estudiar con los de su edad, lo cual daña al niño con discapacidad. Esto último ha dolido mucho entre los padres con hijos en tal situación.
La asignatura de Religión, sin valor académico
Finalmente, a fin de promover la “igualdad”, los alumnos de primaria y secundaria podrán pasar de curso con asignaturas suspendidas, lo cual, dicen los profesores, se bajará la calidad de la enseñanza.
Por último, desaparece la clase de Religión, y quien quiera estudiarla no contará como nota. En su lugar, se dará una asignatura de Educación a la Ciudadanía que solo se dará en unos pocos cursos de enseñanza primaria y secundaria.
Las bocinas de los coches sonaban sin parar el domingo, con banderas pidiendo libertad, dentro de un movimiento a favor de la libertad de enseñanza llamado “Más Libres”.
No es un movimiento controlado por los partidos de la derecha, como quieren hacer ver algunos medios de comunicación. Es un movimiento que aglutina a todo el espectro escolar de la enseñanza “concertada” (la de titularidad privada que recibe dinero público). Consideran que la nueva ley la ahoga económicamente y va contra la libertad de los padres y de los centros.
Otro de los puntos discutidos de la Ley Celaá es que la lengua española deja de ser vehicular en las regiones o autonomías en los que haya una lengua distinta, como son los casos de Cataluña, País Vasco y Galicia.
Los obispos, contrarios a la Ley Celáa
Los obispos de la Conferencia Episcopal Española están de acuerdo con la protesta, entre otras cosas, también, porque se vulneran los acuerdos que, sobre enseñanza, tiene firmados el Estado español con la Santa Sede.
Los obispos piden que haya un consenso sobre la educación entre todos los partidos políticos. Sin embargo, los obispos son más prudentes y esperan que la ley se modifique al pasar por el Senado. Pero estas modificaciones tienen que ser aprobadas posteriormente por el Congreso de los Diputados.
Algunos dicen: “el que quiera la enseñanza en un colegio religioso, que se la pague”. Esto es una falacia, porque la constitución establece (art. 27, 4): “La enseñanza básica es obligatoria y gratuita”.
Toda la oposición y comunidad educativa no pública han anunciado que presentarán recursos ante el Tribunal Constitucional de aprobarse la ley como está. La enseñanza privada concertada aglutina a cerca de 2.000 colegios que dan educación a 1,2 millones de niños
En definitiva, se trata de una ley radical, contra la enseñanza que no controla el Estado. Demuestra, una vez más, la incapacidad de los políticos, de sus partidos, en ponerse de acuerdo con una ley-marco de educación, en la que todo el mudo se pueda sentir cómodo. No pasa en ningún otro país europeo.
Qué dice la Constitución
Damos a continuación el texto sencillo del artículo 27 de la Constitución Española de 1979:
Artículo 27.
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.
8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.
10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.
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