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Aumentan las denuncias pero disminuyen los casos actuales de abuso sexual a menores del clero estadounidense

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Jaime Septién - publicado el 28/06/20

Informe anual de la Secretaría de Protección de Niños y Jóvenes

El informe anual de la Secretaría de Protección de Niños y Jóvenes de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) sobre el cumplimiento en las diócesis del país de la “Carta para la Protección de Niños y Jóvenes” de la USCCB, no es, precisamente, para echar las campanas a vuelo.

En efecto, fueron aproximadamente 4.400 denuncias de abuso sexual de menores por parte del clero católico durante el período auditado (2018-2019) y que concluyó el 30 de junio de 2019.

Publicado el pasado 25 de junio, el 17º informe anual de la Secretaría de Protección de Niños y Jóvenes de la USCCB, deja en claro que hubo un salto significativo en el número de denuncias de este período con respecto al período 2017-2018.

Mientras que en el último año 4.220 sobrevivientes de abuso sexual infantil presentaron 4.434 denuncias, en el período de auditoría 2017-2018, fueron 1.381 sobrevivientes quienes presentaron 1.451 denuncias en contra del clero católico estadounidense.

Si bien el número aumentó, el Informe señala que 37 acusaciones a menores era casos actuales. De ellas, ocho acusaciones fueron fundamentadas, siete fueron infundadas, seis no pudieron ser probadas, doce permanecieron bajo investigación, tres fueron remitidas a órdenes religiosas y una fue remitida a otra diócesis.

Falta echar raíces

El Informe de la Secretaría de Protección para Niños y Jóvenes muestra que las acusaciones involucran a 2.982 clérigos, incluidos 2.623 sacerdotes, 46 diáconos, 260 personas desconocidas y 53 más.

Un desglose de las acusaciones muestra que 1,034 fueron fundamentadas, 147 no estaban fundamentadas, 1,434 no pudieron ser probadas y 956 permanecieron bajo investigación.

En este mismo orden de ideas, 863 acusaciones fueron clasificadas como “otras”, lo que significa que fueron referidas a un superior provincial cuando involucran a un clérigo de una orden religiosa o su estado era “desconocido”.

Realizado por StoneBridge Business Partners de Rochester, Nueva York, el informe abarca el año desde el 1 de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2019. Los auditores de la firma visitaron 64 diócesis y eparquías y recopilaron datos de 130 más.

A pesar de los pasos que han implementado los obispos estadounidenses para erradicar el abuso sexual de menores por miembros del clero, Francesco Cesareo, presidente de la Junta Nacional de Revisión para la Protección de Niños y Jóvenes, señaló, en una carta al arzobispo de Los Ángeles y presidente de la USCCB, José H. Gómez, que aún quedan dudas sobre si la “auditoría es lo suficientemente adecuada como para determinar si una cultura de seguridad dentro de las diócesis ha echado raíces”.

El compromiso sigue

En un prefacio al Informe, el propio arzobispo Gómez se disculpó con todos los que “han sufrido abusos a manos de alguien en la Iglesia” y que sigue existiendo un “compromiso pastoral” para “ayudar a cada
víctima-sobreviviente a encontrar la curación y la esperanza”.

Citando las 37 acusaciones de menores actuales, el Arzobispo Gómez describió que un hallazgo clave del informe es que “los nuevos casos de conducta sexual inapropiada por parte de sacerdotes que involucran menores son raros hoy en la Iglesia Católica en los Estados Unidos”.

Los datos del informe muestran que 82 por ciento de los sobrevivientes eran hombres y 18 por ciento mujeres. Para 22 por ciento de los sobrevivientes, el presunto abuso comenzó a los 9 años, 59 por ciento, de los 10 a los 14 años y para 19 por ciento, de los 15 a los 17 años.

Cuando se pudo determinar el plazo de un presunto incidente, los auditores encontraron que 57 por ciento de las nuevas acusaciones ocurrieron o comenzaron antes de 1975, 41 por ciento ocurrió de 1975 a 1999 y solamente 2 por ciento ha ocurrido desde 2000.

Mucho qué restañar

Además, 88 por ciento de los presuntos autores eran sacerdotes que habían sido ordenados para la diócesis o la eparquía en la que se habría producido el abuso, mientras que 57 por ciento restante de los 1.391 sacerdotes y diáconos identificados como presuntos delincuentes ya habían sido identificados en informes de años anteriores, según el Informe.

Las diócesis, las eparquías y los institutos religiosos informaron haber pagado cerca de 282 millones de dólares por los costos relacionados con las denuncias durante el año de auditoría.

El monto incluye pagos por denuncias reportadas en años anteriores. La cifra de pago está poco por debajo de la cantidad informada el año anterior.

*Con información de CNS*

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