Cinco comuneros de la guardia indígena del Resguardo de Tacueyó (Cauca, suroccidente de Colombia), entre ellos la gobernadora Cristina Bautista, fueron asesinados el pasado lunes por grupo armados ilegales, lo cual agravó aún más la situación de estas comunidades.
Los indígenas asesinados trataban de ejercer el control territorial y de impedir el secuestro de algunos integrantes de su comunidad, cuando fueron atacados por disidentes de la guerrilla de las Farc, según los informes de las autoridades. En la misma acción fueron heridas cinco personas, también pertenecientes los nasa, uno de los grupos étnicos que habita la zona.
“Los homicidios, amenazas y atentados contra la guardia indígena en el norte del Cauca, obligan a todas las autoridades estatales a volcar su mirada y su presencia en esta subregión suroccidental del país”, aseguraba la Defensoría del Pueblo en un comunicado emitido hace menos de tres meses. Lamentablemente los hechos violentos, que se han registrado durante décadas, continúan y esta semana acabaron con la vida de una mujer, apasionada por los derechos humanos, y algunos de sus compañeros.
Cristina Bautista, de 42 años, había obtenido recientemente su título de trabajadora social.
“Le gustaba mucho el ejercicio organizativo y eso fue lo que le permitió llegar a ser autoridad neehwe’sx, y justamente desde esa tarea que venía cumpliendo fue vilmente asesinada”, contó al diario El Tiempo Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca.
Pocas horas antes de morir exhortó a su comunidad a mantenerse fuerte y unida frente a las amenazas a su territorio y aseguró que “somos más los que queremos la paz, que los que quieren la guerra”. Así quedó grabado por el portal ‘Tiempo Real Popayán’ en un video difundido a través de sus redes sociales.
“Los muertos han sido muchos, podemos hablar de mil desde los años setenta, cuando decidimos crear nuestra organización y confrontar a estos grupos ilegales armados. Hemos puesto muchos muertos”, dijo a El Tiempo el senador indígena Feliciano Valencia.
El crimen causó indignación y ha sido rechazado por diversos sectores sociales y políticos, entre ellos la iglesia Católica, que se pronunció a través de monseñor Héctor Fabio Henao, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social.
“Expresamos toda la solidaridad con los familiares de las personas asesinadas, con los heridos y con el pueblo Nasa y, sobre todo, es un llamado muy fuerte a rodear la guardia indígena, a rodear el pueblo de Tacueyó, las comunidades indígenas que han tomado una decisión de ver a su territorio libre de cultivos ilícitos y establecer allí un territorio en el que realmente se pueda cultivar y se pueda vivir con dignidad”, dijo en su pronunciamiento.
Por su parte, la Arquidiócesis de Popayán, a la cual pertenece la región donde ocurrió la masacre, extendió “un clamor a la comunidad nacional e internacional, a la academia, a las organizaciones que defienden los derechos humanos de los pueblos, a los medios de comunicación y a todos aquellos que quieran unirse en el Cauca y en Colombia para defender la vida, para construir paz y reconciliación”.
La realidad del Cauca
El Cauca es el segundo departamento de Colombia con mayor número de habitantes indígenas, distribuidos en ocho etnias, que aún conservan sus costumbres y tradiciones. Estas comunidades tienen en común elementos de su cosmovisión, el cuidado y respeto por la madre tierra, técnicas agrícolas y formas de autoridad y organización, pero también comparten una lucha histórica por la reivindicación de sus derechos.
La zona norte de este departamento es clave para el narcotráfico porque allí hay cultivos de coca e invernaderos donde se cultiva la marihuana, funcionan laboratorios de procesamiento y todo un corredor vial por donde trafican estas sustancias hacia puertos del océano Pacífico. Esto, unido a la minería ilegal y a los grupos disidentes de las Farc (guerrilla que en su mayoría se desmovilizó luego del Acuerdo de Paz con el gobierno colombiano), integran el panorama de riesgos y peligros para la población, en su mayoría de etnias indígenas.
Ellos, en sus zonas, gozan de autonomía administrativa amparada por la ley y es por eso que ejercen control a través de la guardia en la zona montañosa del departamento, mientras que la Fuerza Pública controla la parte baja.
Ante los lamentables hechos, el presidente de Colombia, Iván Duque, viajó al Cauca y anunció medidas que fortalecerán la seguridad, entre ellas la asignación de un cuerpo élite de 2500 hombres para reforzar la seguridad.
“En 40 días debe estar en operación la Fuerza de Despliegue Rápido Fudra 4, que reforzará pie de Fuerza en el departamento de Cauca, con 2.500 hombres. Su misión: mayor control territorial, cerrar rutas del narcotráfico y desmantelar organizaciones criminales”, escribió en su cuenta de Twitter el mandatario colombiano.
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