Si algo hace falta en Venezuela es ayuda humanitaria. Lo llamen intervención, injerencia, asistencia o intromisión. Ya los calificativos poco importan. El asunto reviste una gravedad que cuesta comprender en toda su significación, aún para los factores internacionales más honestamente interesados en el tema. La situación arrecia con el paso de los días.
La asistencia internacional no llega. El gobierno sigue sosteniendo que no es necesaria. Tal vez porque la única que entra al país lo hace a través de la Cruz Roja, organismo de prestigio planetario, con tradición de eficacia en la asistencia en crisis. En Venezuela, aporta cargas de alimentos y medicinas trabajando en línea con el gobierno de Nicolás Maduro.
El trabajo que realiza nuestra Iglesia desde Caritas Venezuela, abre una puerta de esperanza a los más necesitados. Junto a la ONU trabajamos para apoyar el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela. #CaritasVenezuela#Laiglesiaestuvoz#urgelaayudahumanitaria
— Cardenal Baltazar Porras (@bepocar) September 19, 2019
Ante el dramatismo de la situación el cardenal Baltazar Porras Cardozo, presidente de Cáritas Venezuela, emitió en marzo de este año un alerta a los líderes del mundo y lanzó un llamado urgente solicitando intervención humanitaria.
El organismo con sede en Caracas, que sigue milimétricamente la tragedia alimentaria y las severas carencias de salud de la población, persiste en sus esfuerzos por asistir a los más vulnerables. El arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas comentó con Aleteia las angustias y dificultades que enfrentan.
¿Cómo se las arreglan?
Lo poco que está llegando son paquetes, de esos que envían puerta a puerta. Algunas ONG están recibiendo y reparten lo que pueden. Pero no es más que un goteo de donaciones que se han venido consiguiendo a lo largo del tiempo pero que, obviamente resulta insuficiente para una crisis de esta magnitud. Cáritas, con muchas trabas, mantiene varios programas entre los cuales el emblema ahora es el llamado “Samán” que mide la desnutrición en los niños y otros factores sociales en algunos barrios. Parece que ahora estamos ante problemas que ponen en riesgo sus alcances.
¿Qué tipo de problemas?
Los colectivos (*), tanto como los consejos comunales, ponen problemas para que se cumpla el protocolo internacional que rige estos programas. El resultado de un trabajo serio, profesional, es la cifra real de la desnutrición entre los niños y las madres parturientas. No conviene esa información al gobierno. Simplemente dicen “aquí no hay nada de eso, así que se van”. Es la razón por la cual el programa está sufriendo altibajos.
Cáritas sigue siendo el recurso de los más desamparados. ¿Cómo los atienden?
Tenemos una avalancha en todo el país de gente buscando medicinas que comienza a las seis de la mañana y no para. La fila interminable a las puertas de la sede de Cáritas -en las instalaciones de la Conferencia Episcopal en Caracas- es una muestra diaria de esto. Desde la madrugada ya están allí unas cien personas, cifra que aumenta a lo largo de toda la mañana. Tenemos ofrecimientos de organizaciones serias que están dispuestas a enviar ayuda pero el problema es cómo le das acceso al país. Sencillamente, no puede entrar esa ayuda porque el gobierno no lo permite.
Pero la Cruz Roja descarga contenedores y lo hace público pues los medios de comunicación lo han reportado…
La Cruz Roja no nos entrega absolutamente nada (ni una curita). Más bien nos interesa el deslinde pues lo que pretenden es que nosotros “supervisemos” lo que ellos entregan sobre lo cual no sabemos nada. Y no somos fiscales. No se trata de repartir caramelos en carnaval. Esto es un asunto vital para la población y no tenemos acceso a conocer qué traen ni con qué criterios se distribuye. No existe ningún protocolo de seguimiento a esa ayuda.
¿Se sabe a dónde llega?
Es parecido a lo que hacen con las cajas Clap. Hemos detectado, por ejemplo, que reciben donaciones los hospitales donde el director es pro-gobierno. En otras palabras, se trata de una selección que no viene dada por la necesidad. Ante la crisis eléctrica, las plantas que el gobierno entregó son precarias. Sin embargo, nosotros conseguimos, a través del BID, plantas de 100 kilovatios y pesan, cada una, una tonelada. Yo pregunté sobre lo entregado por el gobierno: “¿Y cómo es eso, allí hubo licitación?”. No se sabe cómo se hacen esas cosas, si hay comisión, quién se queda con el dinero y con qué criterio se reparte. Nosotros hemos repartido 29 plantas, casi todas para hospitales públicos, con todo en regla, debidamente registrado. Las dejaron entrar y llegaron por cuentagotas a Ciudad Bolívar, El Tigre, Maracaibo, Mérida; en Caracas llegó una a Antímano, zona muy populosa donde funciona el Centro de Salud Santa Inés -de la Universidad Católica Andrés Bello- y otra a las Hermanas de los Pobres en Montalbán. La mayoría hospitales públicos. Por cierto, que la de Mérida la asignaron al hospital que nos quitaron a la Iglesia. Curioso, ¿no?
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(*) Los colectivos chavistas se proclaman los “herederos de la lucha armada” en Venezuela y se ubican en los barrios del oeste de Caracas. Son milicias paramilitares, cuyas actividades están asociadas a la violencia, el amedrentamiento y los asesinatos. Han atacado a manifestantes, periodistas, estudiantes o a personas sospechosas de ser críticas al gobierno, a veces con la anuencia de fuerzas de seguridad y en algunos casos incluso coordinando abiertamente con ellas.
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