Han transcurrido 38 años y medio después del asesinato de San Óscar Romero en El Salvador. Gobiernos van y vienen, pero los criminales siguen demorando el encarcelamiento de quienes fueron los autores del magnicidio.
Es más, hubo una serie de protestas en 2014 en San Salvador contra la decisión del alcalde de nombrar una calle después de fallecido con el nombre del comandante del Ejército Roberto D’Aubuisson, señalado por muchos como el cerebro de la muerte de San Romero en 1980.
Por lo pronto, la oficina de derechos humanos de la Arquidiócesis de San Salvador ha puesto, nuevamente, en tela de juicio el sistema judicial del país, instando al pronto enjuiciamiento de los responsables en el asesinato de y pidiendo el fin de las excusas “creativas” para no hacerlo.
Una declaración del pasado 28 de noviembre por parte de la Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador, señaló que se han utilizado excusas y barreras durante todos estos años, para “no hacer justicia” no solo en el caso de San Romero, sino en el de miles de salvadoreños, que sufrieron los doce años de guerra civil en el país centroamericano (1980-1992).
En ese tiempo aciago, se calcula que el número de víctimas de la confrontación armada fue de 75.000 muertos y desaparecidos. El conflicto concluyó en 1992, luego de un proceso de diálogo entre las partes, con la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec (Ciudad de México), que permitió la desmovilización de las fuerzas guerrilleras y su incorporación a la vida política del país.
De hecho, el actual presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén fue uno de los principales dirigentes del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y de la desaparecida organización político militar Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí.
Según la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, las fuerzas gubernamentales fueron las acusadas en 85 por ciento de las 22.000 denuncias recibidas entre casos de homicidios, desapariciones, violaciones, torturas, secuestros y lesiones.
De las 11.268 muertes y desapariciones de civiles, las fuerzas gubernamentales son responsables de 45 por ciento de los asesinatos, mientras que los grupos paramilitares de extrema derecha (entre los que se encuentran los Escuadrones de la Muerte) serían responsables de 40 por ciento y los guerrilleros del FMLN responsables del 5 por ciento.
Después de su canonización
El 23 de octubre, días después de que la Iglesia católica declarara santo a monseñor Romero, un juez de El Salvador emitió una orden de captura de Álvaro Rafael Saravia, un ex capitán del ejército, sospechoso del asesinato material del arzobispo mientras celebraba una Misa.
Sin embargo, aunque se emitió la orden, “no sucederá nada que lleve a Saravia y otros a la justicia”, dijo el padre Estefan Turcios Carpano, director de la oficina de derechos humanos de la arquidiócesis, en una entrevista con Catholic News Service (CNS).
Saravia, quien durante años ha sido un sospechoso en el asesinato, sigue en libertad y se cree que está escondido. Éste ex militar fue nombrado, junto con varios personajes más, en un informe de la Comisión de la Verdad de la ONU que investigó el asesinato del arzobispo.
La oficina del fiscal general de El Salvador ha conducido el caso de una manera “lenta e ineficaz”, decía la carta de la oficina de derechos humanos de la arquidiócesis de San Salvador. Es hora de hacer justicia para San Romero y para otras víctimas asesinadas “por la derecha y por la izquierda”. durante el conflicto, dijo el padre Turcios a CNS.
“¿Qué barreras se utilizarán ahora como excusas para no establecer la verdad y para no procesar a todos los responsables de las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante el conflicto armado?” preguntó la carta.
“¿Una ley de amnistía expulsada del sistema legal? ¿Una nueva ley de amnistía disfrazada de reconciliación por la paz? ¿Falta de recursos? ¿Desinterés por llevar la justicia? ¿Que continuaría minimizando la atrocidad de la opresión sufrida por el pueblo salvadoreño? ¿Reabrir las heridas que aún no han curado?
Durante años, el juicio de una gran cantidad de casos relacionados con crímenes que tuvieron lugar en El Salvador durante la guerra civil resultó infructuoso debido a una ley de amnistía de 1993 que impidió el castigo a los responsables de violaciones de derechos humanos relacionadas con la guerra.
Sin embargo, en 2016 la ley de 1993 fue rechazada por el tribunal más alto del país y el caso del asesinato de San Romero se reabrió al año siguiente. El caso no ha avanzado, incluso cuando los tribunales siguen emitiendo órdenes de arresto que no se cumplen. Es difícil decir si esa es su verdadera intención, buscar justicia, pero “ciertamente lo espero”, dijo el padre Turcios.
La carta, también publicada el 25 de noviembre en “Orientación”, el periódico semanal de la arquidiócesis de San Salvador, dijo que el pueblo salvadoreño está “sediento de verdad, justicia y paz” y que lograr justicia significa “transparencia y documentación que identifique quién dio las órdenes” de las masacres, las torturas y las desapariciones forzadas en esos años de guerra intestina en El Salvador.
Con información de CNS
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