Hace poco más de un mes la Conferencia Episcopal de Chile (CECH) daba a conocer sus decisiones y compromiso asumidos en una Asamblea Extraordinaria convocada para abordar la situación que vive la Iglesia en el país, a raíz de los graves casos de abuso cometidos por personal consagrado.
Nos comprometemos a aumentar nuestra disponibilidad para encontrarnos con las víctimas de nuestras diócesis, y esperamos lo mismo de las Congregaciones. Pdte. CECh. Santiago Silva. pic.twitter.com/4SbG31KxBC
— Conferencia Episcopal Chile (@episcopado_cl) August 3, 2018
Entre las decisiones adoptadas por todos los obispos de Chile, se encuentra un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Nacional y dar a conocer públicamente toda investigación previa sobre presunto abuso sexual de menores de edad realizada en nuestras jurisdicciones. Lo mismo fue solicitado a los superiores de congregaciones religiosas.
Sin embargo, lo anterior de alguna manera ya se había ido materializando a través de una serie de allanamientos que ha realizado la Fiscalía en distintas Diócesis y en el Arzobispado de Santiago; las última ocurrieron en el mes de agosto donde personal del Ministerio Público retiró antecedentes de la Diócesis Castrense y posteriormente desde la misma Conferencia Episcopal de Chile.
Durante la segunda visita apostólica de monseñor Charles Scicluna en el mes de junio a Chile, donde el obispo de Malta y el padre Jordi Bertomeu se reunieron con el fiscal nacional Jorge Abbott, acompañado de los persecutores Emiliano Arias, Raúl Guzmán y Mauricio Richards.
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De esta manera las diócesis de Chile comenzaron a informar de las investigaciones abiertas, como también publicaron el listado de presbíteros sancionados canónicamente; sin embargo, esto se suma al informe dado a conocer por la Fiscalía que comunica que se investiga a un total de 158 miembros de la Iglesia Católica, entre obispos, sacerdotes y laicos, como autores o encubridores en casos de abuso sexual a menores de edad y adultos.
La investigación abarca desde 1960 en adelante y que involucra a un total de 266 víctimas, de los cuales 178 son menores de edad. El fiscal Luis Torres detalló a Tele 13 que “fueron incluidas en el levantamiento a todos quienes formaban parte del clero al momento de la comisión de los delitos, es decir, quienes hayan recibido el orden sacerdotal (obispos, sacerdotes, presbíteros y diáconos). También se incorporó a personas pertenecientes a la vida consagrada a través de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Visa Apostólica”.
Por su parte el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó, el pasado 13 de agosto, formalmente al Vaticano, a través de la embajada de Chile en Italia los expedientes canónicos de imputados investigados, además del Informe Scicluna, que cuenta con el testimonio de 64 personas contenidos en 2.300 páginas, que dicen relación con abusos de poder y sexual perpetrados por miembros de la Iglesia Católica en Chile.
En su oportunidad Monseñor Juan Ignacio González, obispo de la diócesis de San Bernardo, declaró a Radio Cooperativa: “Ante la petición que se está haciendo, bueno, existe todo el derecho a hacerla, pero también existe todo el derecho que (el Papa Francisco) dé la respuesta que le parezca oportuna”, añadió. Finalmente, señaló que “esto se trata de una información que el santo padre pidió para él a dos personas determinadas. El Papa es el único destinatario de este informe”.
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