La arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico se declaró en bancarrota luego de que los funcionarios federales embargaron 4.7 millones de dólares de las cuentas de la propia arquidiócesis y de la cuatro diócesis que componen la isla de Puerto Rico, como si fueran “una sola alcancía”, ha dicho el arzobispo metropolitano de San Juan, Roberto González Nieves.
El embargo se produjo como resultado de una demanda presentada por maestros jubilados de escuelas católicas que buscaban ser atendidos en cuanto a su Plan de Pensiones, que había concluido en 2016 cuando los 43 patronos participantes, entre ellos la arquidiócesis de San Juan, decidieron darlo por terminado, dado que al fideicomiso del Plan de Pensiones le ingresaban, por la aportación de las escuelas, la cantidad de 80.000 dólares mensuales pero tenía que pagar sobre 360.000 dólares mensuales.
“Es decir, como los egresos superaban por mucho los ingresos, el pago de beneficios a los empleados, fue mermando el capital del fideicomiso, como ha sucedido en distintas diócesis de Estados Unidos, como le ha sucedido al gobierno local en sus sistemas de retiro”, expresó el arzobispo González Nieves en un reciente comunicado publicado en la página web de la arquidiócesis de San Juan.
Contra la misión de caridad de la Iglesia
En diez años de vida, el Plan de Pensiones nunca se capitalizó. Y en una opinión del pasado 11 de junio de 2018, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que en Puerto Rico ninguna diócesis tiene personalidad jurídica, y por lo tanto, una diócesis puede ser desposeída de sus bienes, sin que sea parte en un pleito, por una acción que ocurra en otra diócesis, o cualquier parroquia de la isla o cualquier congregación religiosa que no esté incorporada.
“Es decir, contra todo derecho canónico, el Tribunal Supremo de Puerto Rico convirtió a todas las entidades católicas en Puerto Rico en una sola alcancía, violentando el debido proceso de ley, el derecho de una religión a organizarse internamente y sobre todo, contra la misión y la caridad de la Iglesia”, escribió el arzobispo de San Juan en su comunicado a los fieles católicos de la isla.
Por su parte, la abogada de la arquidiócesis de San Juan, Carmen Conde, dijo a la agencia informativa The Associated Press (AP) que la declaración de bancarrota “fue el último recurso” que tenía a la mano la arquidiócesis metropolitana. La declaración afecta a aproximadamente 75 empleados de tiempo completo y medio tiempo, junto con docenas de parroquias en todo el territorio de Puerto Rico.
Sin empleados, sin luz, sin agua
Según Conde la arquidiócesis “ya no tiene dinero para operar” pues el embargo “causó una crisis económica y administrativa” por lo que no se pueden pagar las facturas de agua o electricidad, se ha detenido todo el trabajo de caridad y ahora solo depende de un grupo de voluntarios”. La inscripción en las escuelas católicas en Puerto Rico se ha desplomado, con cientos de miles de familias que salen de la isla hacia el territorio continental de los Estados Unidos en medio de una recesión de doce años, agudizada por el tremendo deterioro que dejó a su paso el huracán María el 2017.
Aunque los demandantes solicitaron un pago de aproximadamente 640.000 dólares, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó, a principios de 2018, el pago de 4.7 millones de dólares, y que se hiciera efectivo en 24 horas, dinero que la Arquidiócesis de San Juan no tenía, ni tiene. “A los tres días, que era el inicio de la Semana Santa, la Semana Mayor para fe cristiana, ese mismo foro, con una inexplicable prisa, ordenó el embargo, de iglesias, conventos, bienes, valores, vehículos de entidades católicas en todo Puerto Rico”, subraya el arzobispo González Nieves.
“Es decir, agrega el arzobispo metropolitano de San Juan, podían ir al pueblo de Adjuntas, de donde es mi familia a desposeer a esa comunidad parroquial de sus bienes”.
¿Y las familias de los trabajadores?
Luego de varios procesos judiciales, el 22 de agosto se desposeyó a la arquidiócesis de San Juan de 400.000 dólares. Es decir, vaciaron sus cuentas, dinero que ya estaba comprometido para la nómina de los empleados, el pago de utilidades y para la caridad cristiana. “Es un dinero que provenía de la caridad de los fieles para con la arquidiócesis”, explica el mismo González Nieves.
Finalmente, el arzobispo de San Juan subraya que lo sucedido “no es otra cosa que una expropiación inmoral de bienes de la Iglesia Católica en Puerto Rico por parte del Estado, por vía de su Rama Judicial y se despoja, de momento, a 75 familias, la mayoría encabezadas por mujeres en la pobreza, es decir, familias que no tienen nada que ver con el fideicomiso-plan de pensiones de escuelas católicas, pero que tiene mucho que ver con sus habichuelas cotidianas y con su labor a favor de tantos pobres, material y espiritualmente, en nuestra arquidiócesis”.
Por su parte, Antonio Bauzá, el abogado que representa a 178 maestros que trabajan o han trabajado en tres escuelas diferentes, le dijo a la AP que no está sorprendido por la presentación de la bancarrota por parte de la arquidiócesis. Según él, los abogados de la arquidiócesis “han utilizado todo tipo de tácticas para no cumplir con las pensiones de estos maestros jubilados. Hay maestros que han perdido sus hogares. Es una situación muy grave”.
Conde dijo que es la primera vez que la arquidiócesis solicita la bancarrota del Capítulo 11 de las leyes estadounidenses que rigen en la isla caribeña. Ella dijo que los funcionarios embargaron 21 cuentas de la arquidiócesis que tienen un total de 606.000 dólares y congelaron otras doce cuentas que tienen casi 341.500 dólares en ellas. Además, los funcionarios también congelaron 160 cuentas pertenecientes a docenas de parroquias que tienen un total de 3.8 millones de dólares.
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