La crisis afecta con dureza a los ancianos, hombres y mujeres de la tercera edad. Lo comenta en conversación con Aleteia el presidente de la organización no gubernamental sin fines de lucro Convite, que ha formalizado las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Francisco Cabezas es testigo de excepción de estos casos y coincide con la visión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien “hace énfasis en que quienes están enfrentando con mayor rigor la crisis en Venezuela son los niños y los ancianos. Por primera vez se visibiliza a los ancianos como un sector que está siendo particularmente afectado, lo que evidencia el deterioro de sus condiciones de vida”.
Recordó que Venezuela es un “país en hiperinflación” y sostuvo que hay “cerca de 900.000 adultos mayores fuera de la seguridad social, lo cual supone que esas personas están en altísimo riesgo, porque si los que cobran la pensión no pueden cubrir ni siquiera un 5% de la canasta básica alimentaria, menos podrán alimentarse quienes no tengan pensión”.
“No sabemos qué comen”, dijo; y señaló que con los pensionados se está presentando otro fenómeno: “Lo que cobran en la pensión lo están revendiendo. Ellos logran cobrar el dinero en efectivo (que tampoco se encuentra en bancos en Venezuela) y lo venden por dinero que les llega a través de transacciones, para hacerse a un monto que duplica lo que recibe por la pensión. Es la manera de medio tener algo de dinero, en la tarjeta, para poder comer”.
Las palabras del papa Francisco resuenan ante la situación que viven los abuelos venezolanos: “Los ancianos son abandonados, y no sólo en la precariedad material. Son abandonados en la egoísta incapacidad de aceptar sus limitaciones que reflejan las nuestras, en los numerosos escollos que hoy deben superar para sobrevivir en una civilización que no los deja participar, opinar ni ser referentes…”. En el caso Venezuela, la dura denuncia del Papa ¡aplica a todo un país!
Sus carencias también son patentes al momento de requerir medicinas. Incluso los mensajes matizados resultan particularmente conmovedores. Farmarato, una de las miles de farmacias venezolanas que ofrecen servicio de consulta de disponibilidad en Twitter, posteó esta semana: “Hoy nuestro community manager recibió una llamada de un cliente solicitando antidepresivos y ansiolíticos. Era una persona mayor. Al decirle los precios, nos respondió: ‘Me tendré que suicidar’.
Con este motivo, el personal lanzó esta misma semana una breve campaña en la que postearon: #MiSueñoEs que todos los ciudadanos tengan acceso a sus medicinas y a una mejor calidad de vida. Mientras las líneas de atención de “emergencias afectivas” (principalmente personas en riesgo de suicidio), están sonando con mayor frecuencia.
Vidas femeninas arrebatadas
Sin embargo, la crisis en Venezuela suele tener rostro de niño y de mujer. Dos vidas arrebatadas por una misma crisis: Luz Marina Fuente y Marta Solórzano fallecieron en marzo, cuando recogían sus testimonios para denunciar el daño de su salud debido a la imposibilidad de cumplir tratamiento para evitar el rechazo de órganos.
Sus casos fueron difundidos por la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y La Vida (Codevida), cuyo presidente Francisco Valencia le explicó a Aleteiael lanzamiento de la campaña “Venezuela quiere vivir”, con la que buscan ayuda para los más de 300 mil pacientes crónicos que a diario libran una dura batalla por vivir.
La institución sostiene que el estado venezolano, actualmente en manos de Nicolás Maduro, “está condenando a la muerte a 3,500 trasplantados que hay en el país, pues no garantiza el acceso a los medicamentos que ayudan a evitar el rechazo del órgano donado, a pesar de que su obligación es velar por el derecho a la salud y la vida de todos”.
En el primer trimestre de 2018 los trasplantados “han perdido de manera alarmante sus órganos”, señala la coalición, y advierte que “al menos 64 personas presentan rechazo agudo, mientras que dos mujeres murieron por esa misma situación”.
Pero es que además, la nación sudamericana sigue sin trasplantes tras la insólita medida de suspensión que rige desde el primero de junio del año 2017. ¿La razón? La ausencia casi absoluta de inmunosupresores en la nación, los cuales son necesarios para garantizar que el órgano trasplantado no ofrezca rechazo. Por ello, siguen muriendo ancianos, adultos y niños.
No en vano, afirmó en el pasado reciente el papa Benedicto XVI, que “por lo que se refiere al derecho a la vida, es preciso denunciar el estrago que se hace de ella en nuestra sociedad: además de las víctimas de los conflictos armados, del terrorismo y de diversas formas de violencia, hay muertes silenciosas provocadas por el hambre, el aborto, la experimentación sobre los embriones y la eutanasia”.
Hoy celebramos a...