Los costos espirituales, morales y materiales de la violencia que se ha desatado en México desde hace una década, son enormes, desesperanzadores y el caldo de cultivo propicio para que las próximas elecciones del 1 de julio de 2018 sean determinantes en la vida democrática del país.
Un reciente informe del Instituto para la Economía y Paz (Índice de Paz México 2018), reportó que el impacto económico de la violencia en México en 2017 ascendió a 4.72 billones de pesos (249.000 millones de dólares), monto equivalente a 21 por ciento del Producto Interno Bruto(PIB) mexicano.
Dividido entre los 120 millones de mexicanos que habitan el territorio de una de las quince economías más grandes del planeta –y que podría estar entre las diez mayores si evitara los costos de la corrupción y la violencia—resulta que a cada mexicano la violencia le cuesta 33.118 pesos (1.747 dólares).
Retroceso real de la economía y la paz
En lo que se refiere al Índice de Paz Global 2017, México ha obtenido un aterrador lugar 142 de 163 países clasificados por el Instituto para la Economía y la Paz, mientras que en el Índice de Paz Positiva 2017 (que mide el avance en el tema) acabó clasificado en el sitio 59.
Este retroceso no es gratuito. El año pasado –2017– fue el año más violento de la historia reciente de México, con al menos 25.339 asesinatos, la cifra más alta desde que se inició un registro oficial, en 1997, ocupando el segundo lugar mundial en asesinatos –tras de Siria—y el primero en países que no se encuentran en guerra.
El mayor impacto económico fue el de los homicidios, con 46 por ciento del total, equivalente a 2.18 billones de pesos o diez por ciento del PIB. Pero eso no es todo, según el Índice, también la violencia intrafamiliar se incrementó 32 por ciento en 2017, lo que “habla de las dinámicas de convivencia de la población”.
Se pierde todo
Además, la confianza de los mexicanos en las instituciones de seguridad pública está en el límite más bajo desde 2012. Apenas si 18 de cada cien mexicanos confían en ellas, mientras que la impunidad (nueve de cada diez delitos cometidos en el país permanecen sin castigo) sigue siendo el problema que más preocupa a la población.
“El monto del impacto económico de la violencia equivale a ocho veces la inversión pública en salud y siete veces la inversión en educación en 2017 a nivel nacional”, dijo a los medios de comunicación Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz.
La escala de pérdidas económicas se establece mediante un modelo creado por el propio Instituto en el que, cuando una persona es asesinada, “hay una productividad que ya no sucede a lo largo de su vida y eso lo cuantificamos”, explicó Juárez.
Baja inversión en seguridad
El modelo aplica inversamente el efecto multiplicador que cada peso gastado tiene en la economía, estimando así el efecto negativo de consumos, actividades e inversiones que las víctimas del crimen dejan de hacer ya sea por miedo o por la muerte. También mide lo que el Gobierno gasta directamente en contener la violencia.
El estudio establece que México invierte solo uno por ciento del PIB en seguridad interna y en su sistema judicial, cifra que representa 60 por ciento del promedio de inversión de los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, a la cual pertenece México), que enfrentan menores niveles de inseguridad.
Los timbres de alarma social están sonando en todo el territorio nacional. El año pasado, finalmente, solo siete de los 32 estados que componen el país azteca mejoraron sus índices de seguridad. En el resto, millones de mexicanos viven, literalmente, en un ambiente de miedo: 74 de cada cien mexicanos dicen tener temor –hoy mismo—de salir a la calle.
