¿Rescatar migrantes equivale a tráfico de seres humanos?

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denuncia los métodos brutales de las autoridades con las cuales la UE ha hecho acuerdos, como Libia, mientras la justicia italiana investiga a ONG española por prestar auxilio a 218 migrantes en el mar

El último informe de la ONU sobre Libia declara que hay un infierno en los campos de acogida y denuncia la práctica de la tortura hacia migrantes. La publicación coincide con el caso abierto de la ONG española Open Arms, que se negó a entregar a las autoridades libias a migrantes rescatados en aguas internacionales en el Mediterráneo, y que ha sido acusada de tráfico de personas.

En Italia, con el apoyo de la UE, el barco Open Arms ha sido retenido en un puerto de Sicilia acusado de asociación criminal destinada a facilitar la inmigración ilegal. La ONG española está en el banquillo de los acusados porque el pasado sábado, en el puerto de Pozzallo, cerca de Ragusa, llegó con 218 migrantes salvados en el mar. Desde entonces, el barco de la ONG está incautado en el puerto, mientras que el comandante, el coordinador de la operación y el director de la ONG han recibido un llamado de la justicia italiana.

Desde hace meses el trabajo de las ONG que operan en el Mediterráneo está siendo investigado por Carmelo Zuccaro y por la Fiscalía de Catania, que tiene competencia sobre la zona oriental de Sicilia donde se localizan los puertos de Augusta, Catania, Messina o Pozzallo. Se trata del mismo fiscal que investigó al sacerdote eritreo Mussie Zerai, nominado al Nobel de la paz y fundador de la agencia humanitaria Habeshia, quien ha logrado salvar a miles de refugiados y les ofrecía asistencia telefónica.

En febrero el Tribunal de Catania ha constituido un equipo de trabajo para investigar los posibles nexos financieros entre las organizaciones humanitarias y los traficantes de Libia. Sin embargo, hasta el momento las investigaciones no han podido confirmar las sospechas del fiscal Zuccaro.

En este contexto, las ONG, Open Arms, una de las pocas que quedan en el Mediterráneo, no quiso entrar en el dilema de salvar vidas y luego entregarlas a las autoridades de Libia sin garantías a su integridad y su dignidad. La ONG denunció que el jueves pasado un guardacostas libio se aproximó al barco yamenazó con abrir fuego si no le entregaban a los inmigrantes que acababa de rescatar en alta mar. El incidente se produjo fuera de aguas territoriales libias, a unas 73 millas (unos 117 kilómetros) de la costa de ese país.

Para la ONG, resulta ilegal entregar estos inmigrantes a los guardacostas libios en aguas internacionales, porque supone una “devolución en caliente” de facto. Algo que viola el Convenio Europeo de los Derechos Humanos que España tiene suscrito.

Por su parte, la autoridad marítima libia acusó a la organización humanitaria española y a las otras ONG que trabajan en el rescate de personas en el Mediterráneo de interferir en las operaciones y de violar sus aguas territoriales, pese a que estas operan más allá de las 25 millas correspondientes, informó EFE.

A los pocos días de este incidente, se hacían públicas las penosas condiciones en que las autoridades libias mantienen los campos de refugiados. El informe presentado ante la ONU califica de “desastre humanitario” lo que ocurre en los centros de detención en Libia controlados por militares; se habla de migrantes fusilados y torturados. La denuncia la hace el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un informe ‘reservado’, pero publicado en algunos medios de comunicación, presentado al Consejo de Seguridad del organismo en el que también se habla de abusos de los guardacostas libios.

Además, describe que en los centros gubernamentales y en los campamentos clandestinos, hay evidencias de “secuestros por extorsión, trabajos forzados y homicidios ilegales”.