El 27 de febrero vence el plazo otorgado al gobierno de Juan Manuel Santos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que rinda cuentas respecto a las nuevas medidas exigidas por el organismo, para “salvaguardar la vida y la integridad personal” de comunidades afrodescendientes de esa nación.
El detallado informe de la institución –que examina con énfasis diversos casos de las comunidades de Carmen del Darién y Riosucio, en Chocó- deja en evidencia que las acciones oficiales no han sido efectivas “para prevenir la continuidad de las amenazas, hostigamientos y asesinatos que han venido siendo informados por la representación” en los últimos meses.
Aunque reconoce la presencia de la fuerza pública en la zona, el organismo advierte que los controles adoptados para proteger a las comunidades no han detenido a los “grupos armados irregulares”, los cuales continúan ejerciendo presencia “de manera recurrente en los territorios colectivos, intimando, amenazando e incluso agrediendo a sus habitantes”.
Por eso, el 7 de febrero amplió las medidas cautelares que ya había dictado en el año 2014 a favor de defensores de derechos humanos de esta región, esta vez solicitando garantías de protección para 12 líderes de los consejos comunitarios mayores de Curvaradó y Jiguamiandó; y del consejo comunitario de Pedeguita y Mancilla, en el municipio de Riosucio.
La denuncia coincide con el pronunciamiento conjunto de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y de la Agencia para los Refugiados (Acnur), las cuales constataron un incremento exponencial del número de desplazados; así como un inesperado aumento de más del 255% en el número de homicidios en Bajo Cauca, Antioquia.
Aunque se trata de zonas y comunidades distintas, existen preocupantes coincidencias en los motivos que estarían generando las persecuciones y muertes no sólo de campesinos sino de defensores de los Derechos Humanos, ya calificada por ambos organismos como “crisis humanitaria”.
Disputas territoriales
La disputa territorial es la primera razón de los choques, según se desprende del informe de la CIDH, que denuncia enfrentamientos entre presuntos actores armados irregulares “identificados por los solicitantes como ‘neoparamilitares’ integrantes de las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, así como de miembros de la guerrilla del ELN”, cuyas acciones persisten tras el proceso de paz adelantado con las FARC luego de medio siglo de conflicto armado.
Además, el organismo da cuenta de la existencia de “intereses empresariales” que se apoyan en estructuras irregulares “para evitar los procesos de retorno, restitución de tierras y reivindicación de derechos de las familias”.
La ampliación de medidas cautelares fue una solicitud expresa de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Jyp), que durante casi tres décadas ha documentado y advertido los efectos del conflicto armado en ese territorio.
En una acción conjunta con la Corporación Colectivo de Abogados “Jose Alvear Restrepo”-CCAJAR, del 16 de abril de 2016, se solicitó la adopción de las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de Daniel Ernesto Prado Albarracín tras argumentar que se encontraba en “situación de riesgo dadas las actividades de defensa de derechos humanos que realiza; y, en particular, por su participación en el proceso penal del caso denominado los 12 apóstoles”.
Desplazamientos forzados
Ahora, la CIDH considera que los hechos de violencia ocurridos durante 2017 en las comunidades campesinas son de tal gravedad, que exigió al gobierno informar en un plazo no mayor de 20 días, los cuales se cumplen a principios de la semana próxima.
Los hechos de violencia están directamente relacionados con el asesinato de líderes reclamantes de tierras, la quema de cultivos, el ingreso reiterado de hombres armados a los territorios étnicos y el incremento sistemático de desplazamientos forzados.
El despojo a las comunidades de Pedeguita y Mancilla; así como el de Jiguamiandó y Curvaradó es un problema de vieja data. Al respecto, en el proceso de Justicia y Paz, desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) confesaron que empresarios de la palma, el banano y la ganadería aprovecharon el vaciamiento de territorios étnicos para desarrollar en la zona proyectos agroindustriales.
Un reporte de la Comisión Intereclesial señaló en ese mismo año (2016) a varias empresas comercializadoras del banano y sociedades de palma de estar involucradas en la usurpación de territorios.
El caso del Chocó no es distinto. Su compleja situación es tal que el cese al fuego temporal abordado por el gobierno de Santos y el rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante los diálogos de paz de octubre 2017, incluyó un capítulo especial para ese departamento, según recuerda el sitio web Verdad Abierta, que hace continuo monitoreo de la situación.
La crisis tiene rostro indígena
La Comisión Intereclesial sostiene que la solicitud de ampliación de medidas cautelares ocurre en un departamento donde el conflicto armado no da tregua. Con base en datos de Amnistía Internacional, alerta que más de 9.500 personas fueron desplazadas entre enero y septiembre de 2017 de sus poblados, un número que representa el 57% del total de personas en esta misma condición en toda Colombia.
La crisis tiene rostro indígena, en un hecho que afecta de manera directa a componentes étnicos específicos, pues sólo en octubre, señala la institución: 3.115 afrodescendientes y 2.955 indígenas se vieron afectados por 27 eventos de desplazamiento forzado y confinamientos.
Los pronunciamientos continúan, en un esfuerzo por impedir que ocurran nuevos eventos de riesgo y se detenga por completo el cada vez más dramático derramamiento de sangre en tierras colombianas.
Hoy celebramos a...