Aunque el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hoy convertidas en tolda política, implicaron reducción en el número de bajas derivadas del conflicto armado; una vez iniciado el postconflicto han aumentado los asesinatos contra defensores de derechos humanos, la mayoría en relación con luchas de poder por el control de territorios.
El ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, coincide en que la mayor parte de los asesinatos se originaban en temas de linderos y luchas por “rentas ilícitas”. Sin embargo, el problema no es nuevo. Comenzó a registrarse (públicamente) en 2016 y se intensificó el año pasado, cuando la ONU denunció el homicidio de al menos 105 líderes sociales, luego de formalizado el pacto de paz con los rebeldes.
De acuerdo con el comunicado emitido por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aquellos homicidios ocurrieron “en zonas de las cuales salieron las FARC, y en las que se ha generado un vacío de poder por parte del Estado”. La cifra fue verificada por el organismo el 20 de diciembre y se indicó en esa ocasión que otros once casos estaban en proceso de verificación.
No obstante, el gobierno de Juan Manuel Santos mostró divergencia con las cifras tras negar la existencia de un patrón sistemático en homicidios, reseñó la prensa local.
Pero las acciones no muestran resultados contundentes, pues aunque ya el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, acusaba la necesidad de implementar un “mejor sistema de alertas tempranas” para “evitar situaciones de vulneración de DDHH”, las muertes siguen. Tan sólo en febrero 2018 con el hallazgo de Elkin Toro son cinco los dirigentes “silenciados”, únicamente en la región del Catatumbo.
Muertes ocurren en zonas cocaleras
Un estudio del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (Iepri), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) brindó datos interesantes de un panorama complejo tras comparar los informes presentados por diversas organizaciones no gubernamentales.
Una de las conclusiones del esfuerzo integrado fue que la mayor cantidad de muertes ocurre “en zonas cocaleras y en regiones delimitadas para las circunscripciones especiales de paz”. De acuerdo con el informe, en 14 de esas 16 zonas hubo asesinatos de líderes sociales. Más aún, allí se perpetraron 64 crímenes de los 98 registrados en 2017, calculó El Tiempo.
En este marco, la Iglesia ha levantado continuamente su voz. Lo acaba de hacer en su Asamblea Plenaria en la que insistió una vez más que “se están presentando nuevas formas de violencia y de terrorismo, en las ciudades y en los campos, así como el cruel asesinato de líderes sociales, indígenas, mujeres y menores de edad”.
Pero también lo hizo en un grito ante el mundo apenas tres meses atrás, cuando la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) emitió un comunicado conjunto con la Misión de Verificación de la ONU en que denunciaron: “Aún se mantienen serios desafíos a la seguridad de las comunidades que viven en zonas de conflicto, como por ejemplo los incidentes de violencia ocurridos en Tumaco, en el que varios campesinos fueron asesinados”.
En esa ocasión calificaron de “preocupante la situación en Chocó”, donde se produjo entonces el homicidio del gobernador y líder indígena Aulio Isarama Forastero el 24 de octubre de 2017, hecho que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) reconoció.
“¡La situación es alarmante!”
“Para la Misión de la ONU y la Conferencia Episcopal además es alarmante la tensa situación en zonas rurales de Catatumbo en Norte de Santander, norte del Cauca y Buenaventura en el Valle del Cauca”, dijeron, y renovaron su llamado a las partes a hacer “todos los esfuerzos posibles para evitar incidentes que pongan en riesgo a las comunidades”.
A juzgar por las cifras, los esfuerzos del gobierno son insuficientes. Si bien, la Fiscalía se mostró optimista con los resultados publicados en sus redes sociales, según las cuales se logró “50% de esclarecimiento en el asesinato de líderes sociales”, el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en Colombia no está contento.
Son testigos directos de la delicada situación que afrontan los líderes sociales en el Pacífico, donde se registra el mayor número de crímenes. El caso de Temístocles Machado es emblemático en esa zona. El líder social de Buenaventura fue asesinado en Isla de la Paz a manos de dos sicarios, el 27 de enero de 2018.
La indignación por su asesinato tocó de manera directa al personal de la sección de Derechos Humanos de la ONU, que en su cuenta en Twitter se pronunció adjuntando una imagen del líder social: “ONU DDHH rechaza el homicidio del defensor de derechos humanos Temístocles Machado ocurrido en Buenaventura. Trabajábamos con él. Nos solidarizamos con su familia y amigos, y hacemos seguimiento en terreno”.
ONU DDHH rechaza el homicidio del defensor de derechos humanos Temistocles Machado ocurrido hoy en Buenaventura. Trabajábamos con él. Nos solidarizamos con su familia y amigos, y hacemos seguimiento en terreno pic.twitter.com/JSj9kDkKhD
— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) January 27, 2018
Esfuerzos de protección
Desde principios del 2009, en el marco de la peligrosa labor de los Defensores de Derechos Humanos en Colombia, se creó el Protection Desk Colombia (PD-Col), para contribuir al meroramiento de las capacidades de gestión de la seguridad de los DDHH en el país. Su creación fue resultado de una alianza entre Protección International (PI), basada en Bélgica; y la Corporación colombiana Pensamiento y Acción Social (PAS).
Dos años más tarde, esta iniciativa del SJR centró parte de su labor en comunidades campesinas de la región de Magdalena, donde la exposición al conflicto interno y los choques por la tierra elevaron sus niveles de riesgo y agresiones. No son pocos los afectados. Sólo entre 2002 y 2015, más de 3 mil DDH en Colombia fueron “víctimas de ataques encaminados a obstaculizar o frenar su labor de defensa”, según cifras del programa “Somos Defensores”.
“Don Temis, como era llamado por la comunidad y las organizaciones que tuvimos la fortuna de trabajar a su lado, era un reconocido defensor de los derechos humanos de las comunidades negras de Buenaventura”, señaló en un comunicado el SJR de Colombia, en el que renovó su llamado a las autoridades a que “se actúe ya en pro de detener los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos en todo el país”, un clamor que sigue teniendo eco en toda América Latina.
Hoy celebramos a...