El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) de Estados Unidos no ha cedido ante las peticiones de la Iglesia católica y de varios cientos de colectivos pro derechos humanos, así como una alianza de ciudades muy poderosas alargar el permiso temporal que tenían para vivir en el país cerca de 200,000 salvadoreños.
Ayer lunes se cumplió la promesa: se tiene que regresar a su patria. Tiene un año y medio, es decir, el 9 de septiembre de 2019, para irse de territorio estadounidense. Con o sin familia. Lo mismo da.
Nicaragüenses, haitianos, salvadoreños…
No importa que hayan estado viviendo diez o quince años protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS) ni que muchos de ellos hayan tenido hijos en la Unión Americana (se calcula que hay 194,000 hijos de estos salvadoreños que ya nacieron en Estados Unidos) y tengan que o separarse de ellos o llevárselos a vivir a un lugar al que no conocen, con una lengua que apenas si hablan; o que las condiciones de retorno a su nación sean absolutamente inciertas, cuando no peligrosísimas.
El presidente Trump prometió en campaña que lo iba a hacer. Y el DHS lo hizo. Antes, en noviembre de 2017, se había anunciado el final del TPS para los nicaragüenses y haitianos. Los nicaragüenses son 2,500, pero los haitianos son el segundo grupo más numeroso de los beneficiados por el TPS: alcanzan las 45,000 almas. Todo indica que seguirán los hondureños.
La decisión de deportar a los salvadoreños, que son, con mucho, los que mayormente se acogieron al programa establecido en 1990 por el congreso estadounidense para proteger a extranjeros, especialmente centroamericanos, que huían de conflictos, catástrofes o desastres y que fue ampliado, también, para beneficiar a haitianos después del terremoto de 2010, puede acarrear muchas consecuencias negativas al ya de por sí bajo nivel de aprobación de la presidencia de Donald Trump, que según las últimas encuestas se encuentra a niveles de 33 por ciento.
Esperanzas vanas
En los días previos al anuncio, los defensores de migrantes, la Iglesia católica, ciudades tan fuertes como Nueva York, Chicago o Los Ángeles, empleadores de California, Texas o Virginia y hasta el mismo el gobierno de El Salvador solicitaron al DHS que extendiera el programa, tal y como lo había hecho varias veces desde 2001.
El argumento es el mismo desde entonces hasta ahora: la situación en El Salvador no ha mejorado. Es más, ha empeorado. Una comisión de obispos estuvo en Centroamérica el año pasado, y su conclusión fue que había “problemas de protección a gran escala si los titulares del TPS se ven obligados a regresar a sus países de origen, especialmente El Salvador”.
“Teníamos la esperanza de que si trabajábamos duro, pagábamos impuestos y no nos metíamos en problemas, nos permitirían quedarnos”, dijo Verónica Lagunas, una salvadoreña de 39 años que trabaja en el turno nocturno limpiando oficinas en Los Ángeles, es madre de dos hijos que nacieron en Estados Unidos y vive en un hogar remolque, según reporta The New York Times en Español.
Ahora Lagunas, que es ilegal, tendrá que verse en la disyuntiva de regresar con sus hijos a la miseria o despedirse de ellos y dejarlos en Los Ángeles a la buena de Dios. Una decisión, a todas luces aterradora.
Lo temporal es temporal
La justificación para dejar solamente a 100,000 personas bajo el TPS (que, por cierto, fue instituido por el presidente republicano George Bush padre en 1990) por parte del DHS que, a pesar de su nombre, el programa de Estatus de Protección Temporal se había convertido “en un beneficio casi permanente para cientos de miles de personas”.
Lagunas dice que ella se quedaría ilegalmente en el país, con el riesgo de ser arrestada y deportada, aunque pierda su trabajo —en el que ha estado doce años— y la protección que este le da; su familia también perdería el seguro médico y otras prestaciones. “No hay nada a qué regresar en El Salvador”, dijo. “Puede que la infraestructura esté mejor ahora, pero el país no está en condiciones de recibirnos”.
Hoy celebramos a...