Pasado el rubicón del “día después” el escenario político se ha complicado. El gobierno instaló en la tarde de este viernes la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que estará presidida por la excanciller Delcy Rodríguez, pero las opiniones en el gobierno y la oposición están notoriamente divididas.
La oposición se debate entre presentarse a elecciones regionales (gobernadores y alcaldes) previstas para diciembre de este año y concurrir a votar o no hacerlo. Quienes se oponen esgrimen varias razones, entre las de peso, el hecho de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido abiertamente cuestionado por los mismos líderes que ahora se apresuran a reconocerlo de nuevo como rector del proceso.
Los que sostienen que hay que participar lo hacen, básicamente, alegando que sería un error dejar al gobierno solo en el tablero electoral, cualquiera que él sea. El problema es que acudir a esas elecciones no estaba en el panorama y la gente ha quedado, como decimos aquí, “como la guayabera”, por fuera de una decisión que luce sobrevenida y, para los más decepcionados, negociada con el gobierno bajo la mesa.
La gente quiere que la lucha tenga un objetivo claro: la salida de Maduro, no gestionar cargos cuya independencia y operatividad luego será aniquilada por el régimen por la vía de la arbitrariedad. Después de más de cuatro meses en la calle soportando la represión y más de 100 muertos, el anuncio ha caído como un balde de agua fría. No obstante, el debate se mantiene.
De hecho, hay que considerar que ya existen varios alcaldes perseguidos, presos o exiliados. Y Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, fue sacado a empujones de su residencia hace pocos días entre gallos y medianoche, precisamente por la molestia que causó al gobierno un video donde hacía planteamientos disidentes del liderazgo opositor que cuadra con el plan elecciones regionales 2017-Maduro hasta el 2018. La calle, entonces, parece ahora silenciosa y abatida pero nadie duda de que la calma es tensa.
Sorpresivamente, esta madrugada, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) regresó a Ledezma a su hogar y con ello al régimen de casa por cárcel. Otro de los giros en esta comedia aparentemente incompresibles.
Mitzy. Informo al país que hace minutos sorpresivamente a Antonio lo trajo el SEBIN a nuestra residencia. Vuelve a la casa por cárcel.
— Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) August 4, 2017
Mitzy. Antonio dijo al entrar al apartamento que retorna con la angustia de que Leopoldo y más de 600 Presos Políticos siguen tras las rejas
— Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) August 4, 2017
Las cosas en el seno del gobierno no están menos turbias. La pelea por diputaciones a la Constituyente fue a cuchillo y ha conseguido acentuar las ya pronunciadas e inocultables divisiones entre las facciones oficialistas. Se decía en la previa, incluso, que no era un hecho cumplido la instalación de la Constituyente prevista para este viernes, algo que igualmente sucedió. La oposición tenía previsto marchar hacia la Asamblea Nacional en una nueva jornada de protesta contra la imposición de Maduro.
Pero no es el único estorbo que enfrenta esa aventura en que se ha embarcado Maduro. Por un lado, la declaración del representante de la empresa Smartmatic, que viene asesorando al CNE en sus procesos electorales y a la que se ha señalado como artífice de los fraudes sistemáticamente denunciados. Ha sido un disparo al plexo solar del sistema electoral. Confirmaron el fraude cometido por el CNE el 30 de julio y salieron intempestivamente del país todos los ejecutivos de la empresa sin dejar atrás sus voluminosos archivos.
Hay otras piedras en el zapato de la ANC. Los juristas más reputados exponen las diferencias entre el proceso constituyente que Hugo Chávez promovió y esta «rocambolesca» de Maduro. La primera fue elegida por el pueblo y previamente se realizó un referendo. En aquél momento tenían tanto apoyo que no era necesario la trampa o evadir la voluntad del pueblo. Por ello la Constitución vigente contempla en su preámbulo esa convocatoria popular para sustentar la afirmación de ser un poder originario.
El propósito era refundar la República. El poder originario crea un país nuevo y lo declara independiente o bien lo refunda. Es así como en esa Constitución de 1999 aparece el famoso artículo 350 el cual, más allá de justificar la desobediencia, impone límites a la autoridad. Cuando Chávez convoca a la Constituyente planeaba obtener poderes absolutos y una demanda introducida ante la entonces Corte Suprema de Justicia, frena esa pretensión al recordar la porción de tratados internacionales a los que Venezuela suscribe y que deben cumplirse.
Hoy en día, ningún país del mundo puede ignorar los compromisos internacionales. Ese es el primer límite que enfrenta la ANC. El segundo es la existencia de garantías democráticas que no se pueden desconocer. Otro, la separación de poderes. Por si fuera poco, Venezuela adhiere internacionalmente al principio de la progresividad de los derechos humanosasunto en el cual no puede ir hacia atrás. De manera que, además del origen ilegítimo de la ANC, porque no fue el pueblo quien decidió convocarla, se atribuye poderes hasta para desconocer el sistema internacional donde está incluida Venezuela, lo cual dará mucha tela que cortar tanto a nivel nacional como internacional. Corresponde a la oposición diseñar la estrategia correspondiente.
El otro aspecto espinoso es su coexistencia con la Asamblea Nacional legítimamente electa en diciembre de 2015 por 14 millones de votos. En tiempos de la Constituyente de Chávez la propuesta era disolver el Congreso pero, en lugar de ello, mantuvo lo que se llamó “el Congresillo” que no era otra cosa que la Comisión Delegada, la cual coexistió. El problema para Maduro es que si elimina la Asamblea Nacional no tendrá quien legisle pues el mandato que él mismo le otorgó en su decreto se limita a redactar una Constitución pero no contempla la facultad de legislar. ¿Quién dictaría las leyes? Un peligroso vacío .
La oposición, entonces, deberá moverse en esas dos líneas: no se pueden desconocer los tratados internacionales que limitan la actuación de la ANC en doble sentido, la progresividad de los derechos humanos y las garantías democráticas. Hay que recordar que el gobierno salió de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero no ha denunciado la Carta Democrática, además de que el pacto político y social impide a la ANC acabar con la independencia de los poderes.
El peor escenario está claro: que decidan acabar con la Asamblea Nacional y defenestrar a los diputados. Existe el precedente del expresidente de Perú Alberto Fujimori cuando acabó con el congreso y éste se fue a sesionar en el Colegio de Abogados de Lima. Internacionalmente, por estar funcionando en alguna parte, aunque hubiera sido disuelto de facto, la comunidad internacional lo reconocía como Poder Legislativo. La estrategia política de la Asamblea Nacional venezolana será seguir actuando como tal “donde sea, así se metan a sesionar en la catedral de Caracas”, acentúa el respetado constitucionalista Román Duque Corredor. Paralelamente, tampoco podrán abandonar la denuncia de violaciones a los derechos humanos, habida cuenta del anuncio del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de hacerse cargo de la responsabilidad de acudir a la Corte Penal Internacional con el expediente de Venezuela bajo el brazo.
Si esto no bastara, aprobada una nueva Constitución, hay un régimen transitorio para su desarrollo. La Carta Magna vigente (1999) estableció dos años como lapso para comenzar su aplicación. Maduro no se había paseado por tantos y tan difíciles obstáculos que sortear, los cuales dificultan sobremanera la vía expedita de la ANC para colonizar y sojuzgar a Venezuela.
No está planteado dejar la presión de calle. Si por la mente de algún dirigente político hubiere pasado la idea de enfriar o desmontar la protesta, la perspectiva es clara: la sociedad civil ha desarrollado un músculo insurreccional muy robusto que, de no ser debidamente encauzado puede colombianizar la violencia en el país. La Constituyente no resolverá problemas lascerantes como el hambre, la falta de medicamentos, la inseguridad, la galopante inflación, la falta de divisas, la destrucción de aparato productivo, el declive de Petróleos de Venezuela. Ante esas urgencias, que se agravan por horas, puede aparecer la violencia, quirúrgica pero no menos desestabilizadora, en la que por tantos años vivió el vecino país.
La comunidad internacional ha pasado a ser un factor clave en este juego. Hoy en día, ella representa un límite insoslayable a los poderes absolutos de las constituyentes. Maduro, contrariamente a lo que aspiró con su ANC, puede ver incrementada a niveles insospechados e inmanejables la ingobernabilidad en Venezuela.