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Esclavitud, trabajos forzados… no es el Imperio Romano: es Centroamérica hoy

Fran Alfonso-cc

Jaime Septién - publicado el 26/10/16

La Iglesia de América Latina y El Caribe moviliza todos sus recursos para atender a migrantes, refugiados y víctimas de trata

Convocado por el Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), se llevó a cabo la semana pasada en la ciudad de Morazán, Honduras, el Seminario Latinoamericano sobre Migración, Refugio y Trata de Personas.

Al finalizar, se emitió la “Declaración de Honduras” en la que los obispos, sacerdotes diocesanos, religiosos, religiosas, laicos y laicas de América Latina y el Caribe, respondieron al desafío ante la grave situación que viven las personas migrantes, refugiadas, víctimas de trata, sobre todo en esta región del mundo.

Crisis humanitaria en la región: las cifras

Testigo de la grave situación que viven millones de latinoamericanos y caribeños que se han visto forzados a emigrar encontrando muros físicos, políticos, religiosos y culturales en lugar de puertas abiertas, la Iglesia católica denunció que el desplazamiento forzado de miles de personas migrantes y solicitantes de refugio “evidencia la crisis humanitaria por la que está atravesando nuestra región”.

A ellos se suman las 15,000 personas mexicanas, turcas, paquistaníes, togoleses, sirias, haitianas, eritreas, congoleses apostadas en los últimos cuatro meses en Tijuana, la frontera norte de México con San Diego (California), así como los más de 26,000 niños, niñas y adolescentes que según UNICEF en los últimos seis meses han llegado también al norte de México y sur de los Estados Unidos pidiendo asilo.

Igualmente están cientos de cubanos varados en Panamá y Costa Rica y las deportaciones exprés que los países hacen reenviando a los migrantes y refugiados esposados “como si fueran criminales”, mientras que continúa la situación lacerante de miles de haitianos escapando de la pobreza, obligados a recorrer rutas peligrosas y enfrentando discriminación.

Finalmente se añaden los flujos de migrantes y refugiados en los diferentes países sudamericanos, de manera especial de venezolanos y venezolanas, que se suman a vivir la incertidumbre de quien se ve forzado a buscar oportunidades en otras tierras.

“A toda esta grave realidad se añade una de las peores formas de explotación de seres humanos, que es la trata de personas. En nuestra región miles de personas que migran son sometidas a la esclavitud bajo las formas de explotación sexual y trabajo forzado. República Dominicana, Colombia, México y Brasil figuran entre los países de mayor presencia de esta horrenda degradación”, añade la primera parte de la “Declaración de Honduras”.

Una realidad que inquieta y duele

Los reunidos en Morazán evidenciaron en la conclusión del encuentro que no obstante la magnitud del problema, las respuestas han sido insuficientes “e injustas”. Los gobiernos de la región “no garantizan a su población el derecho a no migrar y en lugar de proteger a las personas migrantes adoptan políticas de seguridad interna, restricción y rechazo”.

En su opinión, el sector privado “además de ser parte de la causa de la expulsión, suele aprovecharse de la vulnerabilidad de los migrantes sometiéndolos a largas “jornadas y salarios de miseria”. Por ello, “el crimen organizado encuentra tierra fértil para desarrollarse y se aprovecha de los migrantes para explotarlos y lograr sus fines criminales”.

A la xenofobia y el racismo en los países de acogida y tránsito se le une un sistema socio económico fallido, la voracidad de algunas empresas trasnacionales, especialmente en el área de la extracción, y las dinámicas de corrupción e impunidad de los gobiernos, todo los cual provoca un escenario que interpela a la Iglesia de la región.

No obstante la lucha de las personas migrantes y las experiencias pastorales de diversas organizaciones eclesiales que acompañan y sirven a personas en situación de migración forzosa, refugio y trata de personas, los participantes reconocieron, “con dolor que las iglesias, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales no hemos dado una respuesta suficiente a tan grave crisis”.

Por ello, el Departamento de Justicia y Solidaridad del Celam, la Conferencia Latinoamericana y Caribeña para Religiosos y Religiosas, coordinadores de Pastoral de la Movilidad Humana de las diversas Conferencias Episcopales de Latinoamérica y el Caribe, religiosas, religiosos, laicos y laicas, participantes en el Seminario Latinoamericano sobre Migración, Refugio y Trata de Personas, compartieron las siguientes reflexiones y propuestas:

Hacia un decálogo de acciones

En América Latina y El Caribe urge un replanteamiento profundo de los sistemas políticos y económicos causantes de los movimientos forzados.

Los discípulos misioneros y todo hombre y mujer de buena voluntad deben asumir una actitud de acogida y hospitalidad para con los migrantes, retornados, solicitantes de asilo, refugiados y víctimas de trata y tráfico de personas y sean ellos los protagonistas del cambio.

Las religiones, iglesias y en particular nuestras comunidades católicas están obligadas por mandato divino a promover y dar ejemplo de acogida y hospitalidad.

Los Estados a través de políticas de integración y protección a los derechos humanos incrementen la recepción de personas con necesidad de protección internacional, promuevan una alternativa a la detención de migrantes irregulares, eliminen toda agresión en el momento de la deportación y busquen la regularización migratoria a quienes ya se encuentran de manera irregular en los países de destino.

Hay que dar especial atención a los niños y niñas migrantes, eliminando de raíz la práctica de ingresarlos en los centros de detención, y muy por el contrario asegurar que puedan experimentar la hospitalidad y el disfrute pleno de sus derechos.

Para ofrecer una atención más integral es menester incrementar la colaboración, articulación y las gestiones conjuntas entre instituciones de la sociedad civil que acompañan personas migrantes, desplazadas, refugiadas y víctimas de trata.

La comunidad internacional debe reiterar firme y contundente que los derechos humanos de los refugiados, desplazados internos y migrantes no están abiertos al debate.

Los Estados deben crear condiciones reales, efectivas y justas para que las personas puedan realizarse en su lugar de origen y ejercer su derecho a no migrar.

Los Gobiernos a desarrollar legislaciones y mecanismos que enfrenten con efectividad las redes de trata.

Se creará el Consejo Latinoamericano de Movilidad Humana y Refugio (Clamor), organización que articulará los esfuerzos de las diversas realidades de la Iglesia en favor de los hermanos y hermanas en situación de migración, refugio y víctimas de trata.

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