La otra cara de la “crisis humanitaria” de los niños centroamericanos migrantes, viajando sin compañía de un adulto a Estados Unidos, es su situación jurídica. Los casi 60 mil menores que este año fiscal han sido detenidos en territorio norteamericano, por las leyes de ese país, están esperando a que se defina su estatus migratorio.
Por lo pronto, no tienen un abogado que los represente ante un tribunal de inmigración, pues una ley introducida por el ex presidente George W. Bush en 2007 implica que los menores de edad inmigrantes y que provengan de países no contiguos a Estados Unidos deberán ser examinados jurídicamente por un tribunal ad hoc.
Y es que muchos de ellos, la gran mayoría, vienen huyendo de la violencia de sus países de origen y pueden alcanzar un estatus migratorio de aceptados en Estados Unidos.
Esto lo saben muy bien organizaciones pro-migrantes, quienes se encuentran, en estos momentos, entrenando abogados voluntarios para que puedan ejercer como defensas de las niñas, los niños y los adolescentes procedentes –principalmente—de Honduras, El Salvador y Guatemala.
La diferencia entre tener y no tener un abogado en el tribunal de inmigración es la diferencia entre quedarse o ser deportado. Según un análisis de la Universidad de Syracuse, reproducido por The New Herald, “mientras casi la mitad de los niños con abogado son autorizados a permanecer en el país, sólo el 10 por ciento de quienes no tienen representación fueron autorizados a quedarse”.
Sí hay abogados dispuestos a trabajar como voluntarios
Las organizaciones pro-migrantes han estado entrenando abogados de bufetes privados para que comprendan las complicadas leyes migratorias y para aconsejarles cómo trabajar con niños traumatizados de habla española, muchos de los cuales huyen de la violencia, una situación muy distinta a la de los clientes ordinarios con los que los bufetes tratan a diario.
"Nos está yendo bastante bien para hallar abogados dispuestos. Los entrenamos y les asignamos algún niño; sólo que lleva tiempo", dijo a The New Herald Reid Trautz, director del centro de práctica y profesionalismo de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.
El mes pasado, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden instó a los abogados a intensificar los esfuerzos para tomar los casos de los niños. Desde entonces, las ciudades de San Francisco y Nueva York han anunciado planes de asignar unos dos millones de dólares para suministrar más abogados a los menores no acompañados.
Por su parte, la legislatura de California aprobó tres millones de dólares para ese propósito. Hasta el momento, cerca de 800 abogados de inmigración se han ofrecido como voluntarios para llevar casos, dijo la asociación de abogados de inmigración.
De igual manera han acudido numerosos abogados sin experiencia en ley migratoria. Reciben adiestramiento y se les pone con abogados versados en migración a fin de que dirijan los asuntos.
Los tribunales trabajando a todo vapor
Las organizaciones a favor de la migración en Estados Unidos han implementado un programa de entrenamiento para quienes no está dentro del ejercicio de la abogacía en materia migratoria.
El programa –dicen—ha obtenido respuesta, pero no ha venido acompañada ésta de la rapidez con la que están actuando los tribunales migratorios, que anteriormente se demoraban meses en el proceso de aceptación o deportación, y hoy lo están haciendo en pocas semanas, por los que los niños corren peligro de –en efecto- venir huyendo de la violencia de sus países de origen, y tener que volver a ellos, con la posibilidad de que sean doblemente lastimados por los que se quedaron allá y los vieron huir de ellos, especialmente las maras o pandillas que actúan en Centroamérica.