El gobierno de EE UU, demandado por deportaciones a madres y niños

La marcha que celebrarán las organizaciones pro-migrantes en Washington el próximo 28 de agosto, para exigir respeto a los derechos humanos de las familias inmigrantes, comienza a tomar relieve en la prensa estadounidense e internacional.

Más aún cuando cuatro grupos defensores de los derechos civiles de la comunidad inmigrante han demandado formalmente al gobierno que encabeza Barack Obama “por la deportación de madres y niños inmigrantes” que, según la querella, “huyen de la violencia en Centroamérica”.

El tema de los menores de edad viajando solos desde Centroamérica ha hecho que numerosos organismos de la sociedad civil, muchos de ellos de confesiones cristianas, estén emprendiendo acciones legales para defenderlos y evitar que ellos o sus madres sean deportados y las familias queden rotas.

Se calcula que cada año –por la política de deportaciones emprendida por las dos administraciones de Obama—cien mil niños quedan huérfanos. Al final del presente año fiscal habrían cruzado la frontera que divide a Estados Unidos con México cerca de 60 mil menores de edad, la mayor parte procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras.

En el nombre de los niños de Artesia

Las organizaciones civiles que presentaron la demanda contra el gobierno estadounidense son el Consejo Estadunidense de Inmigración, la Unión de Libertades Civiles, el Proyecto Nacional de Inmigración en el Gremio de Abogados y el Centro Nacional para Ley de Inmigración. La demanda fue presentada “en nombre de mujeres y niños inmigrantes recluidos en el centro de detención de Artesia, en Nuevo México”.

Según los demandantes el gobierno del presidente Obama, en aplicación de una política de "mano dura" contra la inmigración ilegal, "asegura las deportaciones rápidas exigiendo que estas madres con sus hijos cumplan con requisitos casi insuperables para respaldar su pedido de asilo".

Hasta el momento, las deportaciones de las dos administraciones de Obama superan las dos millones de personas, muchas de ellas son madres de familia que esperaban ser aceptadas en territorio estadounidense y que se mantenían en centros de detención de “ilegales”.

Los grupos defensores de los derechos civiles y quienes ayudan a los inmigrantes indocumentados sostienen que esos menores, y en muchos casos sus madres, deben considerarse como “refugiados que huyen de las amenazas de muerte, las violaciones y las extorsiones en sus países de origen”.  Y Estados Unidos no los está tratando bajo esa condición.

Estados Unidos versus Estados Unidos

El principal argumento de la demanda contra el gobierno estadounidense es, justamente, que tanto las madres como sus hijos no han buscado otra cosa que un refugio seguro en Estados Unidos porque sufrieron amenazas contra sus vidas.

Según Cecilia Wang, directora del Proyecto de derechos de Inmigrantes en la Unión de Libertades Civiles, "la ley estadunidense garantiza una oportunidad justa para que busquen asilo", y añadió que "la política del gobierno viola esa ley básica y los valores fundamentales de Estados Unidos".

Según la querella, interpuesta ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, el gobierno de Obama ha "prejuzgado categóricamente" los casos de asilo sin tomar en cuenta las circunstancias individuales, y ha restringido drásticamente la comunicación de las mujeres y niños en el centro Artesia.

Artesia, una localidad de unos 20 mil habitantes en el norte de Nuevo México, alberga en su centro de detención a "mujeres y niños que han sobrevivido a los asesinatos brutales de sus seres queridos, violaciones, amenazas de muerte y atrocidades similares”, según Trina Realmuto, del Gremio Nacional de Abogados.

"El centro de procesamiento de deportaciones de Artesia carece de las protecciones más básicas", agregó Realmuto.