El gobierno de Nicaragua ha revocado oficialmente la personalidad jurídica de la Asociación Diocesana Cáritas de Matagalpa, lo que ha conmocionado una vez más a la perseguida comunidad católica nicaragüense. La decisión, anunciada el 12 de agosto, afecta también a otras 14 organizaciones no gubernamentales (ONG) de la diócesis, lo que supone un episodio más de la actual represión de grupos religiosos y de la sociedad civil en el país.
La revocación fue formalizada por el Ministerio del Interior de Nicaragua, dirigido por la ministra María Amelia Coronel. La notificación oficial, publicada en la Gaceta, el diario oficial del país, citaba el "incumplimiento" de las obligaciones legales como motivo de la medida.
En concreto, Cáritas de Matagalpa fue acusada de no presentar sus estados financieros de 2020 a 2023 y de permitir que su junta directiva permaneciera en el cargo más allá del vencimiento de su mandato el 27 de septiembre de 2022, según Vatican News.
Las oficinas locales de Cáritas forman parte de la red oficial de organizaciones caritativas de la Iglesia, Caritas Internationalis.
Cáritas de Matagalpa ha ayudado significativamente a la población de la región desde su creación el 26 de marzo de 2009. La organización ha desempeñado un papel fundamental en la mejora de las vidas de algunas de las poblaciones más vulnerables del departamento de Matagalpa. Su labor se ha centrado en el desarrollo de comunidades remotas dando prioridad a servicios esenciales como la atención sanitaria y la educación para los más necesitados. La revocación de su estatus legal no es solo una maniobra burocrática, sino un golpe significativo a los esfuerzos de la Iglesia Católica por servir a los marginados.
Esta acción se produce en medio de una escalada de tensiones en Matagalpa, donde una serie de detenciones y expulsiones de sacerdotes han creado un clima de miedo e incertidumbre. La medida del gobierno es parte de una campaña más amplia que ha visto a más de 3 mil 600 ONG prohibidas y sus activos incautados y transferidos al estado desde diciembre de 2018. Los activos de Cáritas y las otras organizaciones afectadas ahora serán administrados por la Fiscalía General de Nicaragua.
Además, los medios locales han informado de una operación policial en la Catedral de Matagalpa, donde agentes vestidos de civil supuestamente detuvieron al personal administrativo e hicieron amenazas contra el clero. Esto se suma a las preocupaciones sobre el creciente autoritarismo del gobierno y su impacto en la libertad religiosa en Nicaragua.
Para la comunidad católica y quienes se han beneficiado de la labor de Cáritas, éste es un momento de profunda incertidumbre. El futuro de estos servicios (a menudo esenciales) pende de un hilo mientras el Estado toma el control de unos activos que en su día ofrecieron ayuda y apoyo reales a los más vulnerables.
