Prácticamente no ha habido ninguna de las organizaciones ligadas a la Iglesia católica o de asistencia privada que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no haya perseguido con la intención de hacerlas desaparecer
Lo mismo universidades que órdenes religiosas, colegios que instituciones de beneficencia. Ahora es Cáritas de León.
Tocó el turno esta semana la cancelación de la personalidad jurídica – lo cual quiere decir su desaparición – a la Asociación Cáritas Diocesana de León, que es una de las ocho sucursales de este organismo eclesial (clave en la atención a los pobres y en casos de desastre) en Nicaragua.
Presentada a la opinión pública como si hubiese sido una "disolución voluntaria de miembros", la cancelación de la personalidad jurídica de Cáritas León fue aprobada por la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial, La Gaceta.
Legal desde 2014, la Cáritas de León fue suprimida porque, supuestamente, ya no tenía fondos para cumplir sus fines y objetivos, aunque se sabe que es parte de la masiva ilegalización de organizaciones no gubernamentales nicaragüenses y extranjeras ordenada por Ortega durante lo que va de 2023.
Se trata de un capítulo más de la "cruzada" que mantiene el régimen sandinista en contra de la Iglesia católica por considerar que ésta ha auspiciado intentos de golpes de Estado y ha protegido a los "terroristas" que intentan desestabilizar al Gobierno atendiendo a intereses de potencias imperialistas.
El Ministerio de Gobernación había aprobado la cancelación, el 7 de marzo pasado, también por disolución voluntaria, de la personalidad jurídica de Cáritas de Nicaragua y de la Asociación Cáritas Diocesana de Jinotega —Caritas Jinotega. A este paso, Nicaragua se quedará sin la asistencia de uno de los organismos mejor aceptados en el mundo en la lucha contra la pobreza y la exclusión.
En la lista de los que atentan contra la libertad religiosa
Producto de los constantes ataques a la Iglesia católica, el actual régimen de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, han ingresado en la lista de los países del mundo que mayormente atentan en contra de uno de los derechos humanos fundamentales: el derecho a la libertad religiosa.
Esta es la primera ocasión en que el Informe Anual 2023 de la Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos considera al país centroamericano –de raíz católica—entre los países que no respetan la libertad religiosa y que merecen, por ello una preocupación especial. Desde 2019 el Informe se refería a Nicaragua como un país con "especial vigilancia". Ahora ya no es así. Ahora es alarma.
El hostigamiento desde 2022 a sacerdotes, obispos, laicos y organismos eclesiales así como los insultos de Daniel Ortega contra los obispos, llamándolos asesinos y golpistas son parte importante del ingreso de Nicaragua a la lista negra. También toma en cuenta al asedio contra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por "traición a la patria".
Otra de las condiciones que implican la clasificación de Nicaragua como país de particular preocupación fueron la expulsión del nuncio Waldemar Sommertag; las prohibiciones de celebrar procesiones en las calles en Semana Santa y la persecución de seminaristas, diáconos, sacerdotes y religiosos en todo el país, aunque con especial saña en la diócesis de Matagalpa.
Además de Nicaragua, Cuba también entró por vez primera a la designación de país con especial preocupación por las violaciones a la libertad religiosa, y comparten lista con Birmania, China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Arabia Saudí, Tayikistán y Turkmenistán, Afganistán, India, Nigeria, Siria y Vietnam.
Hasta la Cruz Roja, fuera de Nicaragua
El combate de Ortega-Murillo tocó el punto más alto al eliminar, el pasado miércoles 10 de mayo a la Cruz Roja Nicaragüense tras acusarla de violar la neutralidad en las protestas de 2018 y la sustituyó por un organismo adscrito al gobierno.
"Derógase el Decreto Legislativo número 357 [...] del 29 de octubre de 1958, mediante el cual se creó la Asociación Cruz Roja Nicaragüense", dice la resolución adoptada por la unanimidad de la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista del presidente Daniel Ortega.
La norma aprobada por el parlamento ordena la creación de una nueva Cruz Roja Nicaragüense, que será un "ente autónomo descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida", adscrito al Ministerio de Salud.
Los diputados oficialistas (el parlamento nicaragüense obedece al Presidente) acusaron a la Cruz Roja de transgredir las leyes sobre organismos sin fines de lucro y el principio de neutralidad de la organización humanitaria.
Con ello suman más de 2.000 organizaciones privadas han sido proscritas en Nicaragua por cargos de violar las leyes, incluidas organizaciones gremiales de empresarios y universidades católicas.
