En Nicaragua, la Iglesia católica está sumida en el infierno de una lenta asfixia, orquestada mecánicamente por el régimen de Daniel Ortega. Esta represión, aún demasiado poco conocida por el mundo entero, ha sido señalada por el último informe del Centro Europeo para la Ley y la Justicia (ECLJ), una organización no gubernamental internacional dedicada a la protección de los derechos humanos en Europa y en todo el mundo.
"Se trata de un caso muy especial de persecución. Los hechos son muy graves en sí mismos, pero se producen en un contexto diferente del que conocemos habitualmente, a saber, un contexto islamista", explicó a Aleteia Francia Grégor Puppinck, doctor en Derecho, director del ECLJ y coautor del informe.
"Oímos hablar mucho de Nigeria, Pakistán, países de Oriente Medio… Pero la persecución en Centroamérica es muy poco conocida por el gran público", señala.
El objetivo es dar a conocer esta persecución y movilizar todos los mecanismos de sanción disponibles para "reducir la influencia de Nicaragua y aislarla". El informe deja claro que el objetivo del gobierno es "silenciar a los críticos del régimen" y "erradicar la influencia espiritual de las iglesias cristianas en favor de una ideología política que promueva el culto al régimen sandinista".
La Iglesia católica es vista por los gobernantes como uno de los principales apoyos de los opositores políticos al régimen de Ortega, sobre todo desde las sangrientas represalias de 2018 contra los manifestantes que pedían la dimisión tanto del presidente como de su esposa, la vicepresidenta Rosario. Considerados un factor desestabilizador, los católicos son, desde el punto de vista del Gobierno, una amenaza de primer orden. "Los protestantes, los opositores políticos, los periodistas y numerosas asociaciones también son vistos como enemigos a destruir, pero la Iglesia católica es un objetivo importante", señala Grégor Puppinck.
Detenciones y expulsiones arbitrarias
Desde 2018, los católicos han sido objeto de un torrente de persecución: basándose en cifras de la abogada y defensora de los derechos humanos Patricia Molina, el informe señala que entre 2018 y 2024 se cometieron 870 ataques contra la libertad religiosa. Agresiones físicas, detenciones arbitrarias, cierres forzosos de lugares de culto, confiscación de bienes, disolución y supresión de organizaciones religiosas, medios de comunicación y organizaciones benéficas cristianas, prohibición de actos religiosos (procesiones, vía crucis, etc.) La lista continúa. Por no hablar de los desalojos abusivos.
"Desde 2018, una política de expulsiones masivas ha tenido como objetivo a religiosos y clérigos que se han visto obligados a exiliarse. 245 miembros del clero (obispos, sacerdotes, congregaciones, etc.) han tenido que abandonar el país", afirma Grégor Puppinck.
El caso más emblemático es el del arresto arbitrario y detención del obispo Álvarez de Matagalpa. De 57 años, fue detenido en agosto de 2022 y condenado en febrero de 2023 a 26 años de cárcel. Finalmente liberado, encontró refugio en Roma en enero de 2024. Más recientemente, el presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Herrera, fue expulsado el 13 de noviembre tras acusar a un alcalde de sacrilegio.
La violencia de los actos cometidos llevó incluso a un organismo de Naciones Unidas a calificar algunos de ellos de "crímenes contra la humanidad". Sin embargo, el régimen sandinista continúa su represión con total impunidad, lamenta Grégor Puppinck.
"Estados Unidos y la Unión Europea ya han impuesto sanciones selectivas, pero su impacto no es suficiente, sobre todo teniendo en cuenta las alianzas que Nicaragua ha forjado con grandes potencias como Rusia y China", señala el autor del informe. "Es necesario reforzarlas y aplicarlas de forma concertada para que tengan un impacto efectivo en las potencias", sostiene.
Entre las recomendaciones del informe figuran "endurecer las condiciones de los préstamos concedidos al gobierno nicaragüense por las instituciones financieras internacionales", así como "promover esfuerzos para llevar a cabo investigaciones penales contra altos cargos del gobierno nicaragüense declarados culpables de crímenes contra la humanidad por la ONU".
