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Cuatro décadas más tarde, la justicia de este país ha determinado que cinco integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), una fuerza controlada por el Ejército, pasen treinta años en la cárcel.
Las mujeres que conocieron la sentencia y que todavía están con vida, se abrazaron y lloraron tras conocer el resultado con la cual se hacía justicia ante un hecho ocurrido en la etapa más sangrienta de la guerra intestina que desangró a Guatemala desde 1960 hasta 1996.
Según organismos internacionales, la guerra intestina de Guatemala --una de las guerras más prolongadas del siglo XX en América Latina-- dejó más de 245.000 personas asesinadas o desaparecidas, más del 90 por ciento de ellas asesinadas o desaparecidas a manos del Estado guatemalteco.
Constancia del valor de las mujeres achí
El juez Gerbi Sical al leer la sentencia del Tribunal A de Mayor Riesgo del Organismo Judicial guatemalteco, dijo que con "esta sentencia dejamos constancia" del "valor y derechos de las mujeres achí" al hacer "públicas las violaciones de las que fueron objeto" en medio del conflicto interno.
Los delitos cometidos por los paramilitares son delitos “contra los deberes de humanidad", expuso el juez Sical quien, junto con dos magistrados más formaron parte del tribunal que tomó la decisión tras 19 días de debate oral y público en contra de los cinco paramilitares.
Los condenados son Gabriel Cuxum Alvarado, Francisco Cuxum Alvarado, Damaín Cuxum Alvarado, Bernardo Ruiz Aquino y Bembenuto Ruiz Aquino. "Como tribunal" --resaltó el juez Sical-- "consideramos que las víctimas fueron sometidas a violaciones generalizadas y esclavitud doméstica".
Violaciones sistemáticas
Durante las audiencias que tuvieron efecto, se pudo comprobar de manera fehaciente que las violaciones de las 36 mujeres indígenas achí tuvieron lugar en el cuartel de Rabinal, departamento de Alta Verapaz, aproximadamente a cien kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, desde 1981 hasta 1985.
Las mujeres tenían entre 12 y 52 años cuando fueron violadas sexualmente y entre las 36 víctimas había cuatro niñas, de acuerdo con la Fiscalía que llevó el caso. Además de los delitos contra los deberes de humanidad, también fueron juzgados por “usurpación del estado civil” al comprobarse que estaban bajo el mando del Ejército de Guatemala.
Las imágenes de los alrededores de la Torre de Tribunales, en el Centro de Ciudad de Guatemala, muestran a unas cincuenta mujeres que se unieron durante toda la jornada del pasado lunes 23 de enero para seguir virtualmente el juicio y acompañar a las víctimas.
La voz de las achí
Una de las exigencias cumplidas en esta sentencia es la que pedían quienes defendieron jurídicamente a las mujeres violadas: que el Estado guatemalteco reconociera su responsabilidad ante la creación de patrullas de autodefensa civil y la violencia sexual con la que se pretendía destruir a la comunidad achí.
"Tenemos diez años de lucha y tenemos que seguir buscando la justicia y esperamos que el Estado considere que es una obligación que nos devuelva todo lo pasado", afirmó Paulina Ixtapá, una de las víctimas de los abusos de aquellos años sangrientos.
Por su parte, Pedrina López, otra de las víctimas de los hoy sentenciados dijo el día de la sentencia: "Estoy contenta porque le dieron valor a nuestro testimonio, lo que pido yo ahora es que no vuelva a repetir lo que pasamos nosotros, ya no queremos venganza, no estamos para venganza".
Los achíes (o achi'es) son un grupo étnico de origen maya, asentados en varios municipios pertenecientes al departamento guatemalteco de Baja Verapaz: Cubulco, Rabinal, San Miguel, Salamá, San Jerónimo, Purulhá, parte de Granados y el Chol.
